Hace poco la Revista Semana titulaba que el actual alcalde de Bogotá había pagado una multa de cerca de 20 mil millones, impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio-- SIC -- por el error del alcalde Petro en su política de aseo.
El titular tendencioso ocultaba un profundo problema de los servicios públicos esenciales de Colombia que la revista no osó preguntarse.
¿Por qué la SIC impone una multa a una empresa de servicios públicos? ¿Por qué rompió la libre competencia? ¿Acaso la SIC no tiene que ver con la Industria y el Comercio, mientras los Servicios Públicos tienen que ver es con los derechos fundamentales de los colombianos y son un fin esencial del Estado? Y si los servicios públicos son la garantía de derechos fundamentales como el agua potable y el saneamiento básico ¿de donde acá nuestras normas dicen que se rigen exclusivamente por la libre competencia? ¿Acaso el mercado garantiza los derechos fundamentales?
Eso no es lo que dice nuestra Constitución. Tal criterio, propio de las versiones más radicales de la Escuela de Chicago, es portador de un neoliberalismo fundamentalista que no se aplica en ningún lugar del mundo.
Porque si bien actores privados pueden ayudar a garantizar un derecho fundamental para la población, el Estado es esencial en esa garantía.
Y ese es el criterio que expresa nuestra Constitución y no es un error de un alcalde el aplicarla.
El que la SIC sea la que multe a una empresa de servicios públicos esenciales para la población y a sus directivos, y no la Superintendencia de Servicios, es un exabrupto y rompe la orden constitucional. Pero que multe una empresa pública de agua potable y saneamiento básico es peor; atenta contra la vida.
La garantía de un derecho fundamental y esencial a la vida --como es el agua potable y el saneamiento básico, consagrado así por las Naciones Unidas-- no puede ser tratada como si tratase de un mercado de gaseosas o de tinte para el cabello.
Por eso fue admitida la demanda de nulidad por la Justicia Administrativa contra las decisiones que impusieron esas multas.
¿Entonces por qué Peñalosa se adelantó a pagarlas y no se puso en la defensa del Distrito ante tamaño acto de arbitrariedad?
Las razones son estas:
El superintendente Robledo es amigo de los abogados de las empresas privadas de aseo, agua potable, y al mismo tiempo es ficha política del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien también es amigo y ha sido financiado por los dueños de estas empresas privadas de contratistas.
La acción de Robledo, que inició el proceso de multa estando inhabilitado, y el del superintendente ad hoc, quien estaba bajo investigación del procurador Ordóñez, buscó que una vez terminados los contratos de concesión de los empresarios privados del aseo en Bogotá como si nada, continuaran.
Era una defensa del interés particular de un grupo empresarial ligado estrechamente al Vicepresidente de la República. La SIC como varios organismos de control, vienen siendo utilizados por el vicepresidente como una policía política.
Si los empresarios son amigos del vicepresidente, no son investigados en la SIC, si no lo son, sí. Por esta misma razón, en la Fiscalía se investigó a los amigos del cartel de la contratación de Samuel Moreno, pero no a los amigos de Vargas Lleras.
Pero estos hechos que desconoce la Revista Semana, bajo su titular de “error del alcalde Petro” tocan temas aún más profundos.
Los concesionarios privados del aseo en Bogotá, son al mismo tiempo los mayores contratistas de agua potable y saneamiento básico de Colombia, de la electricidad, e incluso de vías de la 4G del país.
Se trata de un verdadero cartel de la contratación protegido bajo el Poder del Vicepresidente y la desidia del Presidente Santos.
Peñalosa paga la multa porque le debe favores a Cambio Radical y a Vargas Lleras, y porque lo guía un odio a todo lo que signifique Bogotá Humana, no porque tuviera la obligación de hacerlo o porque ya la justicia dijera que no tuvimos razón. Los procesos hasta ahora inician.
Pero el país está en una situación dramática de escasez de agua por procesos climáticos desencadenados por el sobrecalentamiento del Océano Pacífico, comparado con sus promedios históricos. Millones de personas están siendo golpeadas por otro silencio de la Revista: el Cambio Climático producido por el ser humano.
¿Cómo es que la SIC busca debilitar financieramente a las empresas públicas de agua y saneamiento básico, cuando son estas las únicas que pueden mitigar los efectos de la sequía en grandes zonas del país? ¿Es más importante proteger el interés de cuatro empresarios que el de millones de personas?
¿No muestra esta acción, como la de mantener la privatización de las aguas del Rio Ranchería, la venta de los embalses de Isagén, la postura de Santos contra el Metro de Bogotá y su Reserva Forestal del Norte, el sabotaje al primer POT de adaptación al cambio climático: el de Bogotá, la utilización del agua en minería y petróleo, la concesión de áreas para minería en lugares estratégicos para el ambiente, una profunda ignorancia del Gobierno Nacional sobre el principal problema de la humanidad hoy: el cambio climático?
El plan presentado por Colombia para mitigar emisiones de gases efecto invernadero: dióxido de Carbono, CO2, gas Metano CH4, monóxido de nitrógeno N2O, ha sido un fracaso.
Al imponerse metas conservadoras, el plan colombiano, como el de la mayoría del los países de la COP 21, determinaron un crecimiento para el 2050 de 3 grados centígrados promedio para todo el mundo respecto a la temperatura de la época preindustrial. Una catástrofe planetaria.
La COP demandó a los países ser más audaces para el mes de abril y hacer nuevos planes. El presidente Santos no discute públicamente lo que sería el nuevo plan, aunque la Bogotá Humana sí lo hizo.
Un plan más audaz implica una política de ubicación poblacional diferente de aquí progresivamente al 2050, la electrificación de los sistemas de transporte, lo cual prioriza ferrocarriles, tranvías y metros, y no autopistas concesionadas y BRT urbanos, una agricultura diferente que cultive alimentos y no combustibles y no use abonos basados en Nitrógeno, una política de arborización agresiva. Bogotá, por ejemplo, debe sembrar un millón de árboles al año; una nueva política energética que sustituya termoeléctricas y gas domiciliario por energías limpias como la solar, y ojo, una política diferente respecto al agua y el saneamiento básico.
Si el agua se torna escasa en regiones, su uso debe priorizar el consumo humano y el de la naturaleza y la producción de alimentos. Tanto Uribe como Santos han priorizado la minería y la producción de combustibles por encima de las necesidades vitales. La Guajira y sus niños muertos son el efecto de esa política irracional.
El agua --desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, y el saneamiento básico, desde la perspectiva de la mitigación-- es crucial en los tiempos del cambio climático. Sin embargo, el modelo de privatización actual con carteles de contratación que son a su vez, dueños de poder y de la política, y de la opinión en algunos medios de comunicación, no sirve?
Quién va a pagar por los nuevos acueductos que de regiones cada vez más lejanas deben llevar el agua a las poblaciones? ¿Quién va a pagar por la reubicación de poblaciones afectadas por el alto riesgo, sea por excesos de agua o por su carencia? ¿Quién va a pagar por superar los rellenos sanitarios productores de gas metano, y transitar hacia el reciclaje? Si dejáramos esta respuesta a los amigos empresarios del vicepresidente, estos dirían que toda la inversión debería ser pagada por las tarifas de los usuarios.
Es decir los pobres, la mayoría de la población colombiana carente de agua potable y saneamiento básico de calidad, perderían, por falta de pago, los escasos servicios que hoy reciben.
O tendría que pagar el Estado y garantizar que sus inversiones no se trasladaran en su financiación a los más pobres de la sociedad: el mínimo vital bogotano extendido a toda Colombia. Pero entonces ¿Para qué empresarios privados concesionarios viviendo de la renta en los servicios que garantizan el derecho esencial al agua y al saneamiento básico?
¿Cómo se entiende, ante el compromiso de Colombia frente a la Humanidad de disminuir gases efecto invernadero, que se le haga pagar a todos los usuarios del aseo de Colombia un servicio que lo único que hace es transportar residuos para ser enterrados en rellenos que se convierten en bolsas de metano, uno de los peores gases efecto invernadero, 21 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta?
¿Pagamos para que nos envenenen y nos maten? Solo porque esos empresarios del aseo son los amigos de Uribe, de Pastrana y de Vargas Lleras?
¿De quién es el error, señores de la revista Semana?
