No es insignificante el acuerdo a que llegó el Estado colombiano en sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; por el contrario, como lo registran varios medios de comunicación, el acuerdo es de gran importancia, no solo por el organismo en donde se suscribe, sino el fundante propósito que lo alumbra.
Sí, Señoras y Señores, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, se encuentra: ‘NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, (…)’; por lo que, busca y posee la finalidad: ‘(…) a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará (sic); la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, (…)’; así pues que en punto se encuentra lo fundante; y se preguntará, qué es lo fundante; en términos sencillos, pero precisos: la Paz.
La Carta de las Naciones Unidas así, no solo es propositiva, sino proyectiva; por supuesto: la experiencia de la conflagración mundial, el uso indiscriminado de la fuerza, la vulneración a los Derechos Humanos, hacen, como testigo permanente que, lo sucedido es una realidad y, que su reconocimiento constituye, entre otras cláusulas, la garantía de no repetición.
Reconocimiento, en cuanto se acepta por las naciones
que las vulneraciones son, fueron un hecho dado comprobado; compromiso a la persecución de los perpetradores,
por la legislación interna y por la justicia global
Es un hecho: los movimientos mundiales frente a las tensiones existentes, momento a momento, hacen e hicieron, que la comunidad de las naciones, ponga un punto de reconocimiento y, por supuesto, un compromiso a la persecución estatal de las atrocidades. Reconocimiento, en cuanto se acepta por las naciones que las vulneraciones son, fueron un hecho dado, comprobado; compromiso a la persecución de los perpetradores, tanto por la legislación interna o doméstica, como por la justicia global.
En el centro de tales pensamientos se encuentra: preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra; reafirmar, garantizar los derechos humanos y; realizar la justicia; para lograr el progreso, el bienestar.
Visto así el panorama, los elementos del delicado equilibrio, en total ecuación, son: la paz y la justicia. Pero al propio tiempo, si se repara en clave de interés, la letra del Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, se encuentra la víctima.
No otro es el detalle que se observa en la aspiración del compromiso y acuerdo llevado a cabo por el Estado Colombiano; de una parte, unos documentos que van a ser objeto de análisis por parte de la sociedad colombiana, cualquiera sea el mecanismo escogido, pero al propio tiempo, dentro de ellos mismos, en máxima de ponderación, la postura que sobre la estructura de justicia se alcance y, allí, la protección de la víctima: una estructura de finalidad estatal; y, de otra, la garantía global.
Así, lo sabemos de cierto: nos encontramos en las manos y, ojos del Garante; un punto de avance significativo.
