Durante los dos últimos siglos, el petróleo se ha posicionado como la energía primaria más importante del mundo y como motor del crecimiento económico en diversos países. Así, en el contexto actual, este recurso natural no renovable representa aproximadamente el 40% de las necesidades energéticas mundiales, por lo que este cimiento de la sociedad industrial y su creciente necesidad ha supuesto un gradual desplazamiento de las técnicas convencionales o tradicionales a una que se ajuste a las demandas de la actualidad.
En este sentido, la industria petrolera le ha apostado al Fracking como técnica de extracción de petróleo o gas en los Yacimientos No Convencionales, que se encuentran a profundidades entre 1.500 y 2.400 metros (alrededor de 9 Torres Colpatria), a través de la introducción de agua, arena y otros químicos a alta presión para generar pequeñas fisuras en las rocas y lograr la extracción de estos recursos de difícil acceso.
En Colombia así como en diversos países en los que se ha buscado la implementación de la técnica, se ha generado una discusión que enfrenta a dos posiciones radicales. Por un lado, se encuentran quienes no están de acuerdo con la adopción de dicha práctica, en la medida que su aplicación supone riesgos como el aumento de la actividad sísmica y un alto consumo y contaminación del agua (tanto aguas superficiales como subterráneas). Por otro lado, algunos argumentos a favor de este tipo de tecnología han afirmado que el Fracking ciertamente permite explorar hidrocarburos en un menor tiempo, lo cual permitiría un mayor número de años de abastecimiento de este recurso.
Para el caso específico de Colombia, diversos estudios han demostrado que al país le quedan reservas para aproximadamente 6 años si no se encuentran nuevos yacimientos petroleros, por lo que se ha afirmado que con la producción de los Yacimientos No Convencionales por medio del Fracking, sería posible elevar las reservas hasta 35 años.
Sin embargo, el Fracking plantea un reto en términos ambientales que debe tener presente el Estado colombiano, tomando como punto de partida la experiencia de países como Francia y Bulgaria en donde tras desarrollar múltiples estudios, ha entrado en vigor la prohibición del uso de esta técnica. De hecho, en Colombia se expidió en 2014 una reglamentación para la explotación de yacimientos no convencionales. No obstante, existe un vacío en materia de regulación y protección de las aguas utilizadas y las aguas residuales que contienen contaminantes peligrosos para cualquier ser vivo.
En definitiva, si bien la explotación de recursos tales como productos minerales y petróleo inducen a un mayor crecimiento económico en el corto plazo, ya que para el caso colombiano este supone un componente fundamental en las finanzas públicas del país, es preciso preguntarse si los intereses económicos y políticos que acarrea el uso de esta técnica sobrepasan las consecuencias ambientales y sociales que pueden derivarse de ella.
