Los últimos días del 2015 nos enteramos que, mientras la inflación causada -principalmente- por el encarecimiento del dólar se proyectaba por encima del 6%, el Presidente de la República decretó un aumento del salario mínimo del 7%, que, en dinero, corresponde a $ 45.105 mensuales o $ 1.503,5 pesos diarios, mientras que el auxilio de transporte crecería en 5%. Minúsculo aumento para un minúsculo salario.
En economía, entendemos que la relación entre la demanda de un producto es inversamente proporcional al precio de este. Es decir, un alto precio causa una demanda inferior, mientras que un precio menor causa una demanda mayor. Y esto es real con casi todos los bienes y servicios que se comercian, excepto con uno: el trabajo.
El trabajo es la fuerza empleada para la transformación de una materia prima en un producto, y, en el mundo contemporáneo es, a su vez, un servicio. La remuneración del trabajo no solo constituye un precio. De la remuneración del trabajo depende la demanda de todos los demás productos que circulan en el mercado, y de la alta demanda de productos, depende el crecimiento de la oferta, es decir, de la producción, que se traduce en una mayor demanda de trabajo. En síntesis, mayores salarios, mayor demanda, mayor producción, mayor empleo.
Ahora bien, Venezuela es un gran ejemplo de cómo este modelo puede ser mal interpretado: Venezuela es un país cuya producción petrolera es alta, mientras que de productos básicos es insuficiente, razón por la cual es un gran importador. Así que el aumento significativo de los salarios, en vez de significar una herramienta de dinamización de la economía, se convierte en un disparador de la inflación, por cuanto una mayor circulación de dinero equiparada a una producción nacional nula y una demanda de importaciones estática, significa el aumento de los precios.
Colombia no es muy distinto a Venezuela. Por supuesto que no hemos sido un país petrolero, pero durante el primer decenio del siglo XXI afrontamos una coyuntura económica especialmente favorable: un alza en la producción petrolera y minera, con un precio en aumento constante del crudo y otras materias primas producidas a nivel nacional. Una bonanza derrochada por el gobierno de Uribe. La bonanza, a su vez, causó un precio del dólar que en ocasiones resultaba inferior a lo necesario para sustentar los ingresos de los productores nacionales y exportadores o generar un buen clima para la demanda de sus productos. Recordemos el dólar a $ 1.500 pesos y la columna de Armando Montenegro en 2010 contra la revaluación.
En esos diez años, antecedidos por una política de apertura que el país no estaba preparado para asumir, se concretaron los más graves golpes a la producción nacional y la industria: Beneficios tributarios a la inversión extranjera y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile y la Unión Europea, entre otros. Si Colombia fuera una nación con el nivel de desarrollo de las potencias del norte, lo raro sería que no los firmara. Pero en las condiciones de nuestro destruido y enajenado aparato productivo, son un error. El tratado con USA, hoy, se ha traducido en la tendencia negativa de la balanza comercial. Es decir, importamos más de lo que exportamos.
Es así como el abandono del agro se profundizó y la política económica, la única política de Estado, es un brebaje venenoso para las industrias, la producción nacional, por tanto el empleo, la capacidad de consumo de los hogares y, por último, el eternamente inexistente bienestar del pueblo colombiano.
Es en el momento actual, donde los productos importados tienen tan alta participación en el consumo doméstico y la inflación ya se encuentra fuera del control del banco central, donde el gGobierno podía haber proyectado un aumento de salarios considerable: entre el 10 y 12%, que impulse el consumo y compense la inflación causada por factores externos. Pero hay una realidad ineludible: aunque este es el momento para emprender un cambio en la política económica que marque un camino real hacia el desarrollo, el desarrollo y el bienestar son propósitos que no están en la mente el gobierno ni de los colombianos, los auténticos responsables de las acciones que nos amargan el año nuevo.