Tras la muerte de su padre Laureano Gómez Castro, en 1965, Álvaro Gómez Hurtado se convirtió hasta el día de su asesinato en el político conservador más influyente de Colombia. En tres oportunidades, sin suerte, intentó hacerse a la jefatura del Estado: En 1974 fue derrotado por Alfonso López Michelsen; en 1986 por Virgilio Barco; y en 1990 por César Gaviria Trujillo, heredero político de Luis Carlos Galán, quien había sido también asesinado en agosto de 1989.
En la mañana del 2 de noviembre de 1995, Gómez Hurtado fue acribillado por sicarios en momentos en que salía de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Tenía 76 años. Ninguna condena por el hecho. Han pasado casi 18 años desde que fue perpetrado el magnicidio, y la investigación sigue en la más descarada impunidad. Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Guillermo Mendoza y Viviane Morales pasaron por la jefatura máxima de la Fiscalía sin que pudieran decirle al país quién mató al dirigente conservador. Desde marzo del año pasado esa obligación la tiene el doctor Eduardo Montealegre.
La impunidad en el caso Gómez Hurtado no esta basada en la ausencia de elementos probatorios o en la inexistencia de hipótesis acerca de lo sucedido: ¡sobran! En algún momento El Espectador recapituló algunas de esas hipótesis (http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-232386-un-magnicidio-impune.
Numerosos datos permitirían impulsar una investigación seria, todavía más si resulta cierto que el de Gómez Hurtado “fue un crimen de Estado” según dijo a la Fiscalía, en mayo de 2007, Fernando Botero Zea. También se lo ha dicho a medios de comunicación: "Tengo la convicción íntima, los argumentos, la fe y la certeza de que se trató de un crimen de Estado". (http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto032007/botero.html)
La declaración de Botero Zea es clave por cuanto fue ministro de Defensa de la época del 8.000, y tenía acceso a información privilegiada. También ha dicho que antes del asesinato, el máximo jefe de Salvación Nacional era objeto de seguimientos ilegales por parte del DAS. ¡Imagínense!
Por su lado, un narcotraficante del cartel del norte del Valle, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, ha dicho que tiene información sobre el magnicidio, detalles de la cual la prensa ha comentado hasta la saciedad: http://www.semana.com/nacion/articulo/rasguno-acusa-samper-serpa-asesinato-alvaro-gomez/112158-3
No puede ser que tales declaraciones sean examinadas como noticias de farándula. Algo pasa en la Comisión de Investigación y Acusación en el Congreso, y en los despachos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Hay cierta intencionalidad de cerrar el avance de toda investigación.
Por tal razón, creo que los Gómez Hurtado, quienes ya escribieron un libro: ¿Por qué lo mataron?, deberían pensar seriamente en internacionalizar este debate: El Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, define la impunidad como:“La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. El caso encaja perfecto.
¡Hay que sacar este tema de Colombia y llevarlo a instancias internacionales ya! Hay que evitar que el crimen tenga beneficios de prescripción. Los culpables deben ser juzgados pero también deben ser enjuiciados autores indirectos, cómplices, instigadores y encubridores.
Señores Gómez Hurtado: no lo hagan solo por Álvaro Gómez, el humano asesinado, ni lo hagan solo para hacer valer los ideales que él encarnó y tanta gente compartió: háganlo sobre todo para evitar la repetición del hecho en cuerpo ajeno. ¡Saquen el caso de Colombia!
