Los medios nacionales registraban hace tres meses la noticia de un grupo neonazi que agredió a tres asesores de la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez: “Más de 20 neonazis intentaron matar a tres asesores de la concejal de Bogotá. La Policía capturó a ocho de ellos, pero la Fiscalía los mandó para su casa hoy mismo”, decía uno de los titulares. Pasaron los días, llegaron otros escándalos, se olvidó la noticia y todo quedó allí, en la alarma momentánea. Días antes en RCN La Radio presentamos un reportaje sobre la presencia en Colombia de estos grupos neonazis. Contábamos que en el país se registraban alrededor de diez grupos que dicen ser seguidores del Nacional Socialismo y que si bien no es claro cuántos militantes activos hay, distintas estimaciones hablan de 600. Logramos testimonios de integrantes de estos grupos que decían, entre otras cosas, que tenían “afinidades ideológicas” con los grupos paramilitares porque “ellos, como nosotros, odiamos a los homosexuales, las prostitutas y los comunistas”.
Mientras recordaba el titular, las entrevistas, los editoriales y la indignación, todos pasajeros, decidí buscar a los muchachos agredidos y preguntarles ¿qué pasó con su caso?, ¿avanza el proceso penal?, ¿están investigando a los agresores por lesiones personales o por tentativa de homicidio?, ¿sienten que ha habido justicia? Describo la brutal agresión y después expongo lo que encontré, meses más tarde en el caso de los tres muchachos agredidos por estos neonazis.
Los asesores de la concejal estaban en una tienda del barrio Quirinal en Bogotá. Los agresores estaban también allí. Eran las cuatro y treinta de la tarde. De pronto varios de los neonazis se acercaron a los muchachos y empezaron a golpearlos. No hubo heridos con arma blanca, pero sí fue necesario hospitalizar a dos de ellos por la gravedad de las heridas, algunas causadas por las manoplas y las botellas. La policía actuó eficientemente y logró capturar en flagrancia a 8 de los 25 agresores. Veinticuatro horas después estaban libres. ¿El argumento de la juez para dejarlos en libertad? Las víctimas, dos de ellas en el hospital, tenían menos de treinta días de incapacidad y en la agresión no se comprometieron órganos vitales. Uno de los muchachos que terminó hospitalizado necesitó suturas de siete puntos en la cabeza (¿no es acaso la cabeza un órgano vital?). De los ocho capturados, cinco tenían antecedentes penales por lesiones personales y hurto. Llegó el 13 de agosto, día de la primera conciliación, y como era de esperarse solamente uno de ellos apareció en la diligencia. ¿Qué hizo la fiscal? Decidió aplazar la conciliación hasta el 14 de febrero.
Pero las sorpresas no terminaron ahí. La fiscal no concluyó la fallida diligencia sin decir que, en todo caso, los jóvenes acusados de la agresión eran, por un lado, honorables estudiantes universitarios, y por otro, de estratos 4, 5 y 6, lo que indicaba que eran niños de bien. En este punto es claro que los delincuentes están solamente siendo juzgados por el delito de lesiones personales, que en el peor de los casos comportaría una pena de prisión de hasta 36 meses, condena que además es excarcelable. De haberse imputado tentativa de homicidio, los ocho estarían en la cárcel y no en plena libertad.
Mientras tanto y por la incapacidad de la fiscal, los jóvenes agredidos se pasan los días cuidando sus espaldas, como si un cazador estuviera siempre al acecho. Sí, mientras la jueza tomó una decisión en derecho, a la fiscal no le pareció suficiente para imputarlos por tentativa de homicidio que 25 hombres armados con manoplas y botellas atacaran sin motivo ninguno a tres jóvenes indefensos, los golpearan y dejaran a dos de ellos internados en el hospital. Tampoco tuvo en cuenta que cinco de los ocho sujetos tuvieran antecedentes penales. Queda usted advertido, lector, que si algún día lo ataca una manada de salvajes a puño, patada, manopla y botella, nuestra siempre reputada justicia considerara que los buenos muchachos solo bromeaban. Y nada más.
@espinosaradio
