La crisis actual que hay en La Guajira, la cual fue denunciada hace más de 2 años por los medios de comunicación, como por reconocidos investigadores y periodistas, aún no tiene solución. El agua en La Guajira es clave para su supervivencia, pues de ella depende la agricultura, la alimentación, la hidratación y la salud del pueblo wayúu.
En mis anteriores artículos sobre La Guajira, expliqué desde mi punto de vista que era lo que sucedía allí, y por qué había múltiples problemas de corrupción, de soberanía alimentaria y de salud.
Para el presente artículo, los líderes wayúu más sobresalientes que explicarán lo que pasa en La Guajira son: Rosa Iguarán, Secretaria del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Armando Valbuena, Consejero Mayor de la ONIC (1998-2003) y Javier Rojas, vocero de la Asociación Shipia Wayúu.
La líder wayúu Rosa Iguarán plantea que: “el gobierno ha ido avanzando en la construcción de unos pozos profundos en un 50%, pero aún falta, otra promesa sin cumplir es una vía que va a unir lo que es La Alta Guajira con el resto del país, la cual lleva pocos tramos construidos”.
“Los contratos de los carro tanques siempre son los últimos en ejecutarse, por ahí se están ejecutando en abril y eso si nos va bien, y ahora con el cambio de gobierno no sé, me preocupa mucho eso, porque si bien es cierto que el tema del carro tanque no es una solución definitiva, al menos mitiga de alguna manera el transporte de agua, hasta los sitios más distantes donde se agudiza la problemática del agua”.
“La cobertura en salud por parte del Estado ha sido regular, porque al igual que en muchas partes, el tema de la salud es un negocio, esto se llenó de IPS, y los dueños de las IPS son precisamente políticos, exalcaldes y exdiputados. No hay quien le meta la mano al sector de la salud, la gente muriéndose y no hay una atención inmediata. Entonces es muy lamentable porque resulta que la educación se volvió un negocio, el tema de la salud es otro negocio y el tema de la sequía también se volvió un negocio”.
“Nosotros dependemos de la voluntad política del gobierno central. Es posible que le puedan meter la mano, que se puedan presentar irregularidades, pero son dineros públicos y están destinados a mejorar las condiciones de vida de mucha gente y de muchas comunidades”.
El líder wayúu Javier Rojas expone que: “frente a las promesas que hizo el gobierno, en el caso de nosotros, que somos los peticionarios de las medidas cautelares, fuimos invitados a una reunión el 29 de agosto, por una mesa llamada la alianza por el agua y la vida, creada por el presidente Santos, en donde nos prometieron que nos iban a entregar unas soluciones temporales de agua, y unos suministros de alimentos, para aquellas poblaciones que estaban en una situación muy grave. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, no hemos recibido ni el primer grano de ayuda, ni la primera gota de agua, de la que ellos hablaron en ese momento”.
“La Cobertura del ICBF ha sido nula, desde que hubo una orden presidencial en el mes de junio, tratando de controvertir la cifra de los niños fallecidos, el presidente Santos le ordenó a la directora del ICBF que fuera a visitar ranchería por ranchería para conocer la situación de las familias wayúu, lo cual nunca se hizo. Pero si se avanzó supuestamente con un tema de micro focalización, beneficiaron a los contratistas nuevamente, en ese caso a la fundación “MANA” para hacer el censo de las familias. Pero tenemos entendido que ese tema de focalización, lo que tienen es una parranda de sin vergüenzas, que a donde ellos llegan, van a tomar del pelo a los integrantes de la comunidad. Esa cobertura no ha llegado”.
“La cobertura en salud por parte del Estado ha sido nula, tanto así que los hospitales están cerrados, no hay servicio de urgencias, uno llega a un hospital de Manaure o de Uribia, y lo único que le dan a uno es suero y acetaminofén, y lo devuelven para la casa”.
“La situación de La Guajira sigue siendo la misma, a pesar de todas las denuncias y de las acciones que dice el gobierno hacer. A nosotros nos tocó controvertir dentro de la demanda contra el Estado en la CIDH, una cierta cantidad exorbitante de recursos que supuestamente habían invertido en La Guajira, y por eso la comisión ha dictado las medidas cautelares”.
Para el ex Consejero de la ONIC Armando Valbuena: “El gobierno se ha comprometido a unas soluciones de agua, pero ellos no tienen muy claro que ésta es una población del desierto, y el único lugar donde hay agua es en el mar, por lo tanto las soluciones tendrían que ser con procesos de salinización del agua. Hacer pozos, hacer pozos, y prometer pozos, simplemente es acabar el agua, la poca agua que hay en el subsuelo, además las promesas que también han hecho, las anuncian, pero más del 80% de las pocas cosas que han prometido, las hacen en inversión de áreas urbanas, no se concretan en las áreas rurales”.
“En La Guajira uno ve en cada cuadra empresas de salud bajo el nombre indígena, pero es del capital privado de los funcionarios públicos, y eso no permite la solución real del Estado frente a la salud. Los hospitales de Riohacha, Maicao, Manaure y San Juan, están en quiebra, o sea que no hay una atención eficiente”.
“El rio Ranchería fue desviado y sus aguas usufructuadas por la empresa Cerrejón. Se construyó una represa para la solución de los acueductos, la represa está hecha, pero solamente para la cuestión agraria, mínima, básica”.
“Las cosas siguen siendo igual de desastrosas que hace 10 años y que en 1908, cuando la Iglesia Católica hizo presencia en el pueblo wayúu. Nada ha cambiado, todo sigue impecable bajo el manto de la corrupción y la ineficacia del Estado, igual que la impunidad, las cosas que se avecinan no son nada agradables, nunca lo han sido”.
Para finalizar le hago un llamado al gobierno para que cumpla a la mayor brevedad posible, con las promesas que les prometió a los wayúu. La clase política debe funcionar en favor de todos los miembros de la comunidad wayúu. El ICBF debe acabar con las ollas podridas que sus funcionarios y contratistas crearon en La Guajira. El Estado debe intervenir las IPS manejadas por los políticos. Y por último el gobierno debe acatar y cumplir las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
Twitter: @JUANCAELBROKY
