La prensa que siempre busca ‘crear noticias’ que atraigan a la opinión pública ha revivido el tema del Palacio de Justicia enfocándolo como temas no resueltos. Vale la pena poner las cosas en su sitio.
La posible relación de Pablo Escobar con la toma del M-19.
Lo más relevante es que nada quita ni pone la eventual financiación parcial de la operación por parte de “el patrón”. No la hace ni más ni menos grave, y solo sirve para poner titulares que llamen la atención, porque nuestro país ha vivido de vender la figura de ese capo de la mafia en telenovelas, estadísticas, películas y noticias extravagantes.
Pero aparte de eso y para llegar a la realidad, el hecho es que no existe ni siquiera un indicio creíble que algo parecido haya sucedido: las amenazas por parte de los extraditables a los magistrados mal pueden convertirse en causa directa de la fecha y la forma en que se tomó el M-19 el Palacio, cuando su pretensión era juzgar al presidente, con una acusación concreta de traición al proceso de paz, la cual para la insurgencia era evidente que tenía fundamento, al punto que —sin meterlos en la complicidad de la acción—, había sido estudiada por connotados juristas.
Los expedientes de extradición tienen copia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto en el país demandante, luego su quema no implicaría nada diferente de un retraso y un agravante para tales procesos.
Pero además debe seguirse el principio universal según el cual quien hace una afirmación debe probarla; y lo paradójico es que la única afirmación en ese sentido es la de Popeye quien alguna vez mencionó que había oído que a través de una amistad entre alguno de los extraditables —no Pablo Escobar— y el guerrillero Iván Marino Ospina se habrían entregado dos millones de dólares para ese propósito. Lo antagónico de la relación entre estos dos grupos por el secuestro de Blanca Nievas Ochoa y el movimiento de Muerte a Secuestradores hace esto altamente improbable; pero sobre todo el que Iván Marino Ospina había muerto seis meses antes de la toma. El testimonio de oídas siempre merece poca credibilidad, más en el caso de Popeye cuya mitomanía es paralela a la salida de los libros que pública (ahora sale su libro Sobreviviendo a Pablo Escobar Gaviria y en reciente entrevista ‘revela’ que él personalmente entregó en el aeropuerto de México a Gabriel García Márquez una carta que enviaba su patrón a los hermanos Fidel y Raúl Castro porque el nobel era el enlace entre ellos).
Sobre si la toma del M-19 estaba anunciada y si fue una ‘ratonera’ aplica el también principio legal que un indicio no es plena prueba pero un conjunto de ellos sí la remplazan. La información sobre el propósito de hacer la toma la habían descubierto y publicado los órganos de inteligencia del Estado; incluso el ministro de Defensa reconoció y divulgó esta situación. Los 12 tanques pasaron por la calle 26 a los 45 minutos de los primeros disparos, o sea cuando aún no se conocía el tamaño de la operación, mucho menos lo que irían a enfrentar: no es verosímil que los comandantes y operadores de todos y cada uno de los tanques tuvieran esa capacidad de reacción y organización a menos que estuvieran prevenidos y entrenados para ese golpe exactamente; tanto el retiro de la protección como la explicación falsa —según la cual habría sido orden del presidente de la Corte—, por exclusión solo son comprensibles bajo esa explicación, puesto que nunca se ha dado versión diferente al respecto.
Sobre las torturas y la política general de desaparecer guerrilleros, los indicios no se limitan a ‘si no aparece la manga que no aparezca el chaleco’; están las pruebas y los fallos, en el caso de Irma Franco tanto internamente como a nivel internacional. El caso de los estudiantes Matson y Santodomingo ni siquiera está cuestionado que los separaron, los violentaron para establecer si eran guerrilleros —¿golpes a los testículos u otra forma de agresión sexual no es tortura? — y los devolvieron porque había el registro de que se los habían llevado aparte.
Que otros casos padecieron similar proceso pero sin salir vivos o que murieron por tiros de gracia está confirmado: sucedió con el magistrado auxiliar Horacio Urán; sucedió con Almarales; todo indica que sucedió con los tres cuerpos encontrados recientemente; y ya se había repetido con Carlos Rodríguez y Ana Rosa Castilblanco. Siempre sería la misma explicación: sí salieron; estaban en una lista de sospechosos (el cuento de los 1500 pollos); y aparecieron mezclados con los otros cuerpos que habían sido lavados y organizados por quienes manipularon el escenario de la tragedia; la identificación correcta no fue posible porque por orden de la Justicia Penal Militar fueron retirados de Medicina Legal y enterrados colectivamente en las fosas comunes.
Como los once de la cafetería no pudieron haber salido solos —la teoría de la autodesaparición— ni existe versión alguna de que las autoridades los hayan sacado colectivamente, las pruebas fílmicas de que salieron individualmente reforzarían esa hipótesis. Pero la prueba mayor sería el discurso del ministro Vega Uribe ante el Senado donde daba cuenta que los muertos del Palacio eran 117 (información que tuvo que ser suministrada por sus subalternos) cuando aparecieron identificados —y supuestamente en el lugar de los hechos— solo 98.
