Luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestara su voluntad con respecto a la liquidación de Caprecom, la única EPS pública que ha atendido a la gente menos favorecida del país, reina la incertidumbre en más de tres millones de afiliados que desconocen con certeza su futuro.
Caprecom, desde su creación, ha llegado a las zonas más remotas y apartadas y cubre a la población más vulnerable, entre ellos; 128.000 presos, más de 10.000 habitantes de calle, cerca de 15.000 niños del ICBF, 20.000 desmovilizados, medio millón de desplazados y por lo menos dos millones de personas con SISBÉN, según la Base de Datos Única del Fosyga.
Funcionarios del sistema de sanidad indican que las autoridades de salud en lugar de manifestar la intención de inyectar capital y sanear el referido organismo público, demuestran cierto interés por financiar las EPS privadas, con los recursos que se deben destinar para la atención de los afiliados de Caprecom.
Algunos secretarios de salud, aún cuando no se ha determinado la liquidación de Caprecom, ya se encuentran en un proceso de distribución de la población, el cual no representa más que una desesperada medida política, fuera de todo rango de ley, debido a que el Congreso no ha aprobado tal decisión.
Antecedentes
El tema no es nada fácil pues, como lo señala el veedor nacional de Salud, José Villamil, la crisis es de todo el sistema y no sólo de Caprecom. “El Gobierno actúa como si pasara chivos de un corral a otro, pero en el fondo todo seguirá igual. Dilatan el problema, mientras que las EPS privadas tendrán más dinero por los pacientes que recibirán de las que quebraron”, señala.
Así como otros podrían recibir ahora los pacientes de Caprecom, en el 2013 esta entidad pública acogió a los afiliados de varios prestadores de salud que quebraron en su momento. “Lo que no hacían otras EPS se lo mandaron a Caprecom y hoy las consecuencias que se ven son la suma de muchos errores”, afirma Didier Burgos, el representante a la Cámara que ha sido uno de los citantes a los debates que se han dado en el Congreso sobre el tema.
Él recibe diariamente por lo menos 15 quejas sobre Caprecom de casos diferentes en todo el país y es que muchos hospitales decidieron no atender más pacientes de esta EPS hasta que les paguen lo que les deben. “Por ejemplo, en Boyacá unas personas con cáncer se amarraron hasta que los atendieran porque la clínica suspendió los servicios. Y en el Valle casi sólo reciben a los pacientes si las EPS les dan cheques adelantados”, argumenta.
Responsabilidad
Por su parte, la directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar indica que para capitalizar o liquidar es necesario que el Estado asuma una posición responsable con respecto al pago de las deudas que ascienden a un más de un billón de pesos. “Del billón quinientos se le debe el 51% a la red pública, los hospitales públicos y el restante a los privados”.
Ante toda esta incertidumbre, lo vital permanece ignorado por las autoridades, pues la necesidad es garantizar la atención de millones de pacientes en condiciones de vulnerabilidad; menores, gestantes, tercera edad, discapacitados y, particularmente, personas con enfermedades renales y de alto costo, así como tomar las medidas necesarias para que no sea interrumpida la entrega de medicamentos ni las citas médicas en las diferentes especialidades a los más desfavorecidos.
Foto: www.minsalud.gov.co
