En su afán por responder a las fechas del calendario electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil parece estar atropellando a los ciudadanos que, valiéndose de las nuevas herramientas de participación ciudadana, han solicitado apoyo ciudadano para inscribir sus candidaturas a la alcaldía en más de 100 municipios de Colombia.
Más de la mitad de los movimientos ciudadanos que inscribieron candidatos para las Alcaldías municipales (inscritos por firmas) han sido rechazados por la Registraduría a la fecha (20-09), atropellando la participación ciudadana con otro escollo, que parece más político que legal.
La odisea de la inscripción de una candidatura a la alcaldía mediante firmas inicia con la recolección de las firmas en toda la geografía municipal, lo cual implica asumir unos costos muy elevados, sobre todo si se trata de un municipio como Turbo, Antioquia que tiene 18 corregimientos y más de 200 veredas; todos distribuidos en más de 3000 kilómetros cuadrados. El analfabetismo entre los ciudadanos cunde como mango de "puerco" en cosecha. Lo cual se ve reflejado en los resultados finales: Nombres ilegibles o apoyo consentido solicitado a los recolectores de las firmas, por parte de los firmantes que luego es calificado por los analistas de la Registraduría como firmas uniprocedentes. Recoger el 20% de las firmas del censo electoral (exigencia para la inscripción) representa una tarea titánica, si se tiene en cuenta que la participación electoral real no supera el 50%. Es decir, para recolectar los apoyos ciudadanos hay que hacer firmar a casi todos los electores, de lo contrario no se supera el ojo inquisidor de la Registraduría.
El segundo escollo es la exigencia de la garantía que exige la Registraduría, que para un municipio como Turbo, representa 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sería fácil si las aseguradoras atendieran las sugerencias del CNE de no exigir prenda real a los candidatos o inscriptores, pero ese concepto "se lo pasan por la galleta", le hacen "mamola". Así que toca salir a buscar todo ese recurso financiero.
El último y casi insalvable escollo es la negación de la Registraduría a aceptar que en Colombia hay mucho más analfabetas que los que dice el MEN. Gran cantidad de ciudadanos no saben escribir ni su nombre o lo escriben como suena. Por ejemplo YON en lugar de JHON. ESTIVEN en lugar de STEVEN. VIL por BILL y casos innumerables de "errores", castigados con la negación del aval, por parte de la inquisición (léase REGISTRADURÍA).
Como ciudadano exijo a toda la comunidad manifestarse ante este atropello a la democracia y a la participación.
