La tesis de que los bienes del Estado deben pasar a manos de la administración privada por ser esta más eficiente, además de ser un supuesto bastante discutible, ya ha sido superada por los malos efectos que ha producido. Es lo que sucedió porque se dio el paso de la ‘economía de mercado’ a la ‘sociedad de mercado’ donde la ganancia o el ‘desarrollo’ prima sobre las necesidades básicas del ciudadano y sobre los principios de justicia y equidad mínimos que debe tener cualquier colectividad. La contradicción entre el ánimo de lucro y la solidaridad social es inevitable en especial en los servicios públicos que debe garantizar el Estado. No es de sorprender que el convertir la educación, o la salud, o el agua potable en una mercancía llevaría a que quien más paga es el que mejor recibe o incluso que quien no tiene para pagar no tiene acceso a ellos; es decir una fuente de profundización de las desigualdades.
El debate hoy no es alrededor de en manos de quien deben estar los medios de producción o si se debe privilegiar la propiedad privada o la estatal —ya no hay confrontación entre el modelo comunista y el capitalista— sino respecto a cuales de las obligaciones del Estado pueden ser delegadas a los particulares.
Es lo que se debe analizar en el caso de Isagen.
La producción y el suministro de energía deben ser considerados también como un bien básico para el ciudadano y no debe depender de la capacidad adquisitiva de quien lo requiere. Pero tiene otra característica que no tienen otros servicios públicos, cual es la que de ello depende el bienestar y el desarrollo del conjunto del país: al igual que la seguridad alimentaria, la seguridad energética es una de las primeras responsabilidades del Estado.
La propuesta de venta de la mayoría de las acciones —o sea del control— de la empresa no ha tenido en cuenta estos principios, ni se ha argumentado justificación en algún modelo —ni siquiera el neoliberal de la defensa de la libre empresa y las bondades del mercado— que explique la razón que habría para desconocer lo anterior.
La controversia se ha iniciado alrededor de la oposición a que se haga, asumiendo que se tiene que demostrar porqué sería contraproducente esa ‘privatización’, cuando lo que sería conducente sería que se presentaran las razones para adelantarla. Como el error jurídico que vivimos cuando en el país lo que toca es probar la inocencia y no la culpabilidad, en lo administrativo se pretende que, si no se demuestra la inconveniencia, cualquier propuesta puede prosperar: no se necesita exponer argumentos que justifiquen una decisión de esa envergadura porque serían quienes dudan de su bondades quienes tiene la carga de la prueba… por supuesto la prueba solo la da el resultado…
El caso de Isagen es aún más grave pues sí se sabe que motiva esa propuesta.
El desfase en el recaudo —estimado en once billones según lo recorrido hasta ahora—, más el desfase en el gasto —adicional al aumento de las pensiones y el agotamiento del impuesto de guerra, pesan los recursos destinados a tratar de apaciguar la protesta de casi todos los sectores— hace que sea prácticamente imposible cumplir la famosa regla fiscal; o lo que es peor que los intentos por implementarla lleven a un estancamiento del país que donde más repercute es en el empleo y el ingreso de los hogares.
La única razón para vender Isagen es para conseguir recursos que cubran —y de paso oculten— el descuadre y el fracaso de la situación económica que el Gobierno esperaba para terminar el mandato. Es la típica situación de ‘vender la nevera para pagar el mercado’.
Lo grave es que todos los analistas —sean los creyentes en el Gobierno o sus críticos— lo saben; pero es demasiado el costo de reconocer que llegamos a eso…
