Renunció la directora del Invima, así que, en estos días, los medios hablan sobre lo que va a pasar con esta entidad, particularmente sobre de las posibles presiones de las compañías farmacéuticas. Mientras tanto, según las noticias, el ministro de Salud dice que quiere nombrar a una persona técnica en dicha entidad. Pero yo digo que tal cosa no existe; el Invima toma decisiones cruciales sobre la distribución de poder en el país. Así que su director, de una forma u otra, necesariamente toma decisiones políticas sobre el tipo de sociedad que quiere moldear a través del control de alimentos.
El Invima es la entidad encargada del control y vigilancia sobre medicamentos y alimentos en Colombia. Es quien debe regular asuntos como qué medicinas se pueden vender en el país y a qué precio. Dado el poder de la industria farmacéutica y lo fundamental que resultan ese tipo de decisiones para el sistema de salud, la importancia del actuar del Invima en este campo es incuestionable. Esto lo saben muchos, y lo reiteran los medios de comunicación frecuentemente. Sin embargo, el Invima tiene un poder tal vez más crucial del que poco se habla, y con el que de alguna forma controla su vida, la mía y, sobre todo, la de miles de productores y comercializadores de alimentos diariamente.
Podrá parecer exagerado atribuirle tal autoridad a una entidad sanitaria. Sin embargo, cada vez que usted va al supermercado, se toma un café o asa un pedazo de carne, sus acciones son parcialmente moldeadas por las disposiciones del Invima. Todos los alimentos y bebidas "que puedan tener un impacto en la salud individual o colectiva" (Artículo 245, Ley 100 de 1993) deben ser inspeccionados, vigilados y controlados por dicho instituto. Por consiguiente, cada producto del supermercado debe contar con un registro, permiso o notificación sanitaria avalado por la entidad en cuestión. Esto responde a los riesgos de salud que puede ocasionar un alimento en malas condiciones, frente al cual el estado busca proteger a sus ciudadanos.
Sin embargo, hay muchas formas de ejercer esta protección y cada una de esas alternativas favorece a algunas personas y afecta a otras. Estas son las decisiones que debe tomar el Invima día a día. Un ejemplo es la 'Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y la Leche'. En ella se establece que todas las plantas de sacrificio de vacas (y toros, por supuesto) del país deben adoptar los criterios HACCP. Estos criterios buscan sistematizar los procesos de producción de alimentos para garantizar su inocuidad. Fueron diseñados en los sesentas para asegurar que la comida de los astronautas norteamericanos que viajaban al espacio no estuviera contaminada. Hoy se supone que todas las plantas de sacrificio bovino en Colombia tienen que producir carne de res como si fuera para astronautas.
Durante varios años, el Invima ha estado cerrando los mataderos municipales que no han podido cumplir con estas disposiciones. En consecuencia, los ganaderos de San Vicente de Chucuri, por poner un ejemplo, cuando este municipio cierre su matadero en unos meses, tendrán que llevar sus vacas a Bucaramanga o Barrancabermeja. Los compradores de carne en este municipio, a su vez, tendrán que comprar carne sacrificada en una de esas ciudades. Esto conlleva a mayores costos de transporte. Por consiguiente, precios más bajos para los ganaderos o precios más altos para los consumidores, o los dos. Para quienes están en lejos de las ciudades la vida se hace más cara o los ingresos más bajos. Se concentran más oportunidades económicas en las ciudades y se le quitan, aún más, a los municipios más aislados.
Este es uno de los miles de ejemplos que se pueden resaltar sobre la manera en que las disposiciones del Invima afectan el diario vivir de los Colombianos. Es uno de los ejemplos que muestra cómo el quehacer de esta entidad no sólo define asuntos técnicos, sino que determina asuntos clave de la distribución de oportunidades, y por ende de poder, en nuestra sociedad. Por lo tanto, se trata de un actuar eminentemente político (aunque no necesariamente, y ojalá no, electoral). El ministro puede decir que va a nombrar a un técnico. Sin embargo él, o quien defina el siguiente director del Invima, definirá quién toma decisiones sobre la distribución de poder, a través del control de alimentos, en nuestro país. Si logra escapar las presiones clientelistas el ministro nombrará a una persona científica que impondrá su visión particular (y política) sobre la sociedad.
