La ciudad, lugar donde habitan y convergen miles de personas con sueños disímiles, vidas paralelas y expectativas no siempre comunes. La ciudad, escenario donde la pluralidad, la igualdad e inclusión garantizan el bienestar y el clima social favorable.
El derecho a la ciudad, término acuñado por el francés Henry Lefebvre en su obra póstuma titulada del mismo modo en 1968, defiende la prerrogativa de los ciudadanos de vivir en urbes de dominio público, que deben permanecer al margen de los intereses mercantiles de acumulación de unos pocos en contra de las mayorías.
A raíz de la burbuja inmobiliaria y los emprendimientos de renovación urbana que preponderan el lucro y la especulación del suelo por encima del buen vivir de la gente del común, los habitantes de las principales capitales del país han experimentado una oleada de segregación, exclusión e inflación creciente en carne propia.
En el caso de Bogotá, la configuración de esta bomba inmobiliaria, a punto de estallar en cualquier momento, ha devenido en una plusvalía sin precedentes del suelo en diferentes sectores de la ciudad, lo que se ha traducido en un incremento desmedido de los arriendos, modalidad en la cual vive el 40 % de los bogotanos, en proporciones demasiado dispares con respecto al aumento de los salarios reales.
Se moldea así una capital pensada en lo urbanístico en función de grandes planes inmobiliarios, sin ningún tipo de interés colectivo, en donde el boom del crédito ha posibilitado una tendencia imparable de compra de vivienda a precios que hace unos años hubiesen ruborizado a cualquiera.
Dicha ciudad, pensada en número de metros cuadrados construidos y toneladas de concreto utilizadas, está llevando a los extramuros, en procesos de desplazamiento y expropiación avalados por los entes gubernamentales, a millares de personas, víctimas directas de los llamados procesos de renovación urbana, caracterizados por la ejecución de proyectos bajo la famosa figura APP (Alianzas Público-Privadas), en donde los intereses particulares de sectores financieros poderosos, disfrazan su objeto bajo una ínfima intervención pública dentro de lo construido.
Para explicar cómo el interés privado logra mimetizarse bajo ropaje público, podemos poner como ejemplo el caso de la construcción de un simple auditorio para uso común, dentro de un terreno susceptible de ser “renovado”. Dicha pequeña obra hace posible que un privado pueda realizar expropiaciones indirectas a los antiguos moradores de la zona, construir propiedad horizontal y usufructuar los réditos resultantes de la venta de los inmuebles.
Proyectos como ministerios, Ciudad Salud, San Bernardo, Triángulo de Bavaria o Triangulo de Fenicia, entre otros, operan bajo dicha lógica perversa de reposicionar a los círculos de poder dominantes en la ciudad para forzar a comunidades enteras a que se establezcan generalmente en las fronteras de Bogotá.
La consigna es una sola: sacar del camino y del territorio a quienes consideran “indeseables” y opuestos a los intereses económicos de los mandamases históricos y de turno.
De aquel desplazamiento, ha venido imponiéndose una lógica de ciudad enajenada que ha terminado por romper múltiples lazos sociales, destruir el tejido social y productivo para generar procesos de marginación y desigualdad inevitables, ascendentes.
Las externalidades resultantes a nivel general no han sido otras que el encarecimiento del costo de vida, el aumento del desempleo y la dependencia del ingreso de estos trabajadores cada vez más del subempleo y los trabajos informales (precarización laboral).
El éxodo forzado y masivo de comunidades enteras del interior de la urbe ha convertido en quimera la premisa del derecho al espacio.
Los proyectos de renovación urbana y el auge de la construcción, son solo la punta del iceberg de un plan del capital nacional y transnacional, en sus diversas versiones y matices, para aumentar sus utilidades a costa de apropiarse de todo lo que pertenezca al ámbito de lo público: colegios, parques, empresas de servicios públicos, hospitales, jardines infantiles, calles, teatros, comedores comunitarios entre las principales.
En casos como el de Bogotá es urgente, para este entramado de poder, lograr elegir a un nuevo burgomaestre que se anteponga a las demandas de los grupos sociales vulnerables y a las decenas de asociaciones vecinales y comunales para facilitar la mercantilización de todo, utilizando la vivienda y el suelo como principales valores de cambio.
Detrás de los negocios, de la necesidad imperativa de legalizar el despojo y frenar cualquier proceso de democracia participativa incidente, existe una obsesión latente por parte del régimen que gobierna en el ámbito nacional: consolidar, sin ningún obstáculo, un férreo control social en la capital que permita raptarle a las mayorías la propiedad de la urbe, es decir, arrebatarle a las gentes sencillas el derecho a la ciudad.
@pineda0ruiz
