El informe “en busca de la verdad para transformar el dolor en amor”, realizado por FASOL (Fondo de Solidaridad con los Jueces) arroja datos contundentes que dan un contexto de la violencia contra la Rama Judicial, con 210 servidores judiciales asesinados por parte de todos los actores armados como la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia común, los paramilitares y hasta la Fuerza Pública, que simbólicamente envía un mensaje de impunidad e impotencia para la sociedad colombiana, ya que ni los propios operadores de la Rama Judicial reciben justicia, porque un 94% de los casos continúan en la impunidad. El informe abarca un periodo de 40 años, desde 1979 hasta 2019, dividido en tres momentos.
La socialización del informe se llevó a cabo en el edificio del Palacio de la Justicia, en la Alpujarra, el 20 de noviembre de 2023, donde acudieron las víctimas que tuvieron que padecer la violencia en contra de sus familiares por jugársela desde su rol en la sociedad, intentando reclamar justicia como agentes del CTI, abogados, fiscales, jueces o funcionarios, que pretendían dar luz desde las entidades del poder judicial, pero que no le convenía a los que mantienen el monopolio de la violencia y la corrupción en el país.
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“El informe que nosotros estamos haciendo es una relación de la victimización del poder judicial antioqueño, no solo en la época oscura del narcotráfico, sino en la época actual. Cerca de 210 funcionarios y empleados de la Rama Judicial en el departamento han sido asesinados, perseguidos o exiliados por parte de los actores violentos que no ven con buenos ojos que la administración de justicia funcione en términos normales y democráticos. También de la manera cómo se sigue administrando justicia en términos preocupantes para los servidores judiciales”, señala Antonio Suárez Niño, presidente de FASOL.
Caso del Parqueadero Padilla
14 agentes del CTI fueron asesinados por investigar el caso de Parqueadero Padilla, allanado el 30 de abril de 1998 en Medellín, lugar que era el centro de finanzas de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) donde se encontraron hallazgos como alrededor de 30 mil transacciones en cuatro años, sin embargo, la connivencia del Estado con los paramilitares y el aparato de la Rama Judicial permitió que enviarán los expedientes a Bogotá, que se perdiera parte de la información y que posteriormente se archivara el caso, apoyado por procuradores.
“La unificación y expansión se convirtieron en los objetivos centrales de una nueva fase de la guerra contrainsurgente bajo la mampara de las ACCU, liderada por Vicente y Carlos Castaño Gil, y el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, con el respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas, la clase política regional y empresarios de distintos renglones productivos, quienes decidieron adoptar “una tendencia renovada en la estructura paramilitar, en su ala política, social, militar y económica; así, se distribuyeron las funciones y adoptaron como nombre para la organización, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)”, y continuar con la labor de cooptar, en principio, pequeños grupos armados no solo en el Urabá antioqueño, sino en diversas zonas del país, dedicados a contener a las guerrillas y proteger propiedades rurales de grandes hacendados y de narcotraficantes”, tomado del texto «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998» , de la Comisión de la Verdad.
Además de la financiación de personas naturales, también se ven implicadas empresas de renombre como Leonisa, Tennis, Cadenalco Ley (Ahora Éxito), Esso Las Vegas, Transporte Botero Soto y tres grupos económicos como el Grupo Empresarial Antioqueño con Conavi (ahora Bancolombia), Sarmiento Ángulo con Granahorrar (ahora BBVA) y Davivienda que pertenece al Grupo Bolívar.
“A manera de conclusión podría advertirse, de manera preliminar, que no todas las personas naturales y jurídicas que aparecen en el sistema diseñado por la organización paramilitar para administrar los dineros que recibía y hallado en el Parqueadero Padilla participaron de la financiación directa de las estructuras paramilitares ligadas a las ACCU. Si es como lo advierten varios informes de las autoridades judiciales, basados en el análisis de datos y en testimonios de exparamilitares, que se “prestaron” cuentas bancarias para que fluyera los recursos de manera más eficiente, se tendría que pensar más bien en una especie de complicidad, que no exime a los implicados en sus responsabilidades penales, pero que sí revalúa su condición de financiadores del paramilitarismo. De otro lado, y constatando, también de manera preliminar, que detrás del Parqueadero Padilla habría una red de lavadores de activos, a través de la comercialización de dólares provenientes de las alianzas de las ACCU con el narcotráfico, es plausible concluir que no todos los financiadores de esta organización paramilitar están incluidos en los registros que administró Soto Toro. Quedarían faltando aquellos que, desde casas de cambio y del circuito informal de transacción de divisas, realizaron operaciones a favor del grupo armado ilegal”, advierte el informe de la Comisión de la Verdad en su página 109 .
Los familiares en el informe del Fondo de Solidaridad de los Jueces expresan que antes de ser asesinados, muchos recibieron amenazas o presión, así como manifestaron que dentro de la Fiscalía se beneficiaban algunos casos y que ocurrían cosas extrañas con la manera de proceder del poder judicial.
“Yo creo que Parqueadero Padilla es una de las muestras más del silencio cómplice donde la impunidad es un ciclo persistente para dialogar frente a realidades como al paramilitarismo y la infiltración política a la justicia (…) la historia de la financiación del paramilitarismo está oculta con un número importante de víctimas que reclaman justicia”, asegura Carlos Ojeda Sierra, director de la corporación FASOL.
El principal detenido, llamado alias “Lucas”, jefe financiero de los hermanos Castaño fue asesinado y en diferentes audiencias en la Fiscalía cambió su versión sobre los hechos donde fue detenido, en el momento que dañaba las pruebas de la contabilidad donde llevaban el control del ingreso de dinero por parte de personas naturales y jurídicas.
“El poder político tiene todas las decisiones judiciales, por ejemplo desde Bogotá piden el expediente en contra de tales personas, llegan allá y al tiempo prescriben y los archivan. Yo fui funcionaria en la Fiscalía y lo percibí mientras estuve ejerciendo mis labores. Llamaban mensajes con urgencia y remitían los procesos judiciales a Bogotá, ya sabemos para aplicar qué, porque allá tomaban las decisiones que ellos querían y que necesitaban”, concluye Cecilia Dalila Posada Hernández, exdirectiva de Asonal.
3 periodos de violencia caracterizados en el informe
FASOL ha registrado 1.262 servidores judiciales como víctimas de la violencia, siendo el departamento de Antioquia la segunda región con mayor número de casos y donde persiste la violencia, bajo otra modalidad, como el cambio del homicidio por la amenaza y el miedo para que los jueces puedan ejercer sus funciones, como ocurre en municipios como Vegachí, donde los jueces deben inhibirse de cumplir su labor para preservar su vida.
Estos son los tres periodos que evalúa el informe:
►1979-1991. Durante estos años la justicia ordinaria tuvo que convivir con la justicia castrense, la cual contaba con amplio poder para judicializar a civiles, en el marco de un temor global al supuesto “enemigo interno”. Esto debilitó el sistema judicial ordinario y permitió numerosas violaciones de derechos humanos (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 200). El periodo finaliza con la instalación de la Asamblea Constituyente que proclamó una nueva Constitución política para Colombia. Página 11 del informe.
►1992-2005. Desde 1992 entró en operación la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En estos años los servidores judiciales tuvieron que ejercer su trabajo en medio de una guerra interna desbordada, la cual aumentó significativamente el número de víctimas. El intervalo termina con la creación del primer modelo de justicia transicional en Colombia: la ley 975 de 2005, también conocida como “Ley de Justicia y Paz”. Página 11 del informe.
►2005-2016. El sistema judicial empezó a trabajar en paralelo con dos modelos de justicia transicional, los cuales fueron diseñados para el desarme de grupos armados ilegales. El objetivo de ambos modelos era conocer la verdad sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado interno, lograr su reparación y, de esta manera, concluir un pasado de violencia con esperanza hacia el futuro. Lo que se observa con las cifras es que las cosas no sucedieron como se esperaba y la violencia aún hoy se mantiene en diferentes lugares de Colombia. Página 12 del informe.
Los actores armados responsables del mayor número de hechos violentos contra los servidores judiciales fueron la guerrilla (FARC – EP con la victimización de 57 empleados judiciales) con 71 casos, es decir, el 33,8%; los grupos paramilitares con 60 casos lo que equivale al 28,6%; mientras que el ELN lo fueron de 8. En 7 casos no se pudo identificar la guerrilla causante de la agresión. Les sigue la delincuencia común (15 casos, equivalente al 7,1%), los agentes del Estado (15 casos, equivalente al 7,1%) y el narcotráfico (10 casos, equivalente al 4,8%). Cabe señalar que en 39 casos no se pudo identificar al autor de la victimización (es decir, en el 18,6% del número total de casos).
Como conclusión se puede aludir al lema que tienen desde FASOL: “Justicia para la justicia”. La Fiscalía tiene pendiente una deuda con los servidores judiciales, ya que en la impunidad hay cerca del 94% de los hechos, lo que demuestra que el Estado no ha tenido la voluntad política para resolver ni investigar estos hechos.
