Los 6402 falsos positivos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le atribuye a los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, aunque le duela a más de uno, describen el lado oscuro de la Seguridad Democrática. El informe que presenta este tribunal, para malestar de los fanáticos uribistas, deja entrever una serie de muertes extrajudiciales que se originaron cuando se pensaba que el país estaba superando sus problemas más inmediatos: una guerrilla casi sometida, las carreteras libres de fleteos y extorsiones, una reducción de los secuestros, en fin, una Colombia que parecía tener el control de todo su territorio. Por eso se ha generado tanto revuelo, claro está, motivado por el espíritu polarizador de un hombre que nunca va a reconocer la responsabilidad penal de sus decisiones gubernamentales.
Si bien es una revelación bastante desconcertante, hay que decir que los muertos que la JEP les presenta a los colombianos no tienen un dueño legal: esa es la triste realidad que algunos visualizamos. Se conoce el gobierno en el que se perdieron las 6402 vidas inocentes, pero sin que nadie se haga responsable de ellas. Así que resulta normal que Uribe diga, publicitando sus logros presidenciales, que su deber patriótico lo obligó a liberar al país de tanta violencia, viendo como una distorsión los muertos que le atribuyen a su sanguinario gobierno. Este discurso, tan característico en él, permite interpretar el desprecio que siente por la JEP: cree que a través de este tribunal se lo quiere desacreditar y colocar bajo rejas, algo que no va a suceder porque en Colombia ningún presidente, por muy malo que este sea, va a conocer el patio de una cárcel.
Lo cierto es que los muertos que se le achacan contradicen la legalidad de su política gubernamental. Hay que recordar que los falsos positivos de Soacha, acudiendo a lo que se pudo saber en su momento, no eran guerrilleros ni mucho menos enemigos de su gobierno, simplemente eran jóvenes de barrio –con todos sus problemas– a los que el ejército hizo pasar por delincuentes de alta peligrosidad para la tranquilidad de la nación. Igualmente, todos los campesinos asesinados, muchos de ellos por sus tierras, tampoco tenían ninguna afinidad con la guerrilla, y se los catalogó técnicamente como unas simples bajas de combate. Si estos asesinatos selectivos, muy bien esclarecidos por la JEP, no son suficientes para condenar una decisión presidencial –la de caiga quien caiga–, pues realmente se vive en un país en donde a la gente no le importa conocer la verdad.
Tampoco vamos a decir que los falsos positivos se los inventó Uribe, porque en este país se viene matando cruelmente desde hace rato. Por eso es importante que la JEP se pregunte por los desaparecidos de la Unión Patriótica (UP), por todas esas muertes irregulares y de las que nadie se acuerda para que también se conozca la verdad de su desaparición. Sería una inocentada creer que en el pasado la fuerza pública no se prestó para matar selectivamente, cumpliendo órdenes que, por muy paradójico parezca, tampoco tienen responsables. Si se quiere conocer la verdad de nuestra guerra interna, pues ya va siendo hora de que se le quite la máscara a nuestras instituciones criminales.
