¿Cómo pretende Colombia convertirse en una nación pacífica, que honre el conocimiento como fuente de riqueza, equitativa y productiva, respetada internacionalmente, si no repudia de manera unánime crímenes como los falsos positivos y el secuestro y se conduele con las víctimas?
Por lo menos 6.402 personas, jóvenes en su mayoría, fueron asesinadas entre el 2002 y el 2008 para ser presentadas por agentes del estado como bajas en combate, ha dicho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 18 de febrero. Un tipo de crímenes que ha ocurrido desde, al menos, los años 70, aunque su número se concentra en ese período. La comunicación de la JEP aparece tres semanas después de haberse conocido el auto No. 19 sobre el secuestro, un crimen de guerra y de lesa humanidad, en cuya comisión participaron los antiguos miembros del secretariado de las Farc. La verdad está aflorando.
De los falsos positivos se conoce hace rato, dentro y fuera de Colombia. Sin embargo, la magnitud del número de víctimas es desbordante: la cifra suministrada por la JEP supera, con creces, la del informe del 2018 de la Fiscalía (2.248 asesinatos entre 1988 y 2014). Seis mil cuatrocientas dos personas, colombianos indefensos, asesinados por agentes del Estado en nombre de la eficiencia en el combate contra la subversión.
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La magnitud del número de víctimas es desbordante: la cifra suministrada por la JEP supera, con creces, la del informe del 2018 de la Fiscalía
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Es, también, una estadística, un número, que hace difícil comprender el inmenso dolor de miles de familias humildes que perdieron sus hijos y familiares a manos, nada menos, de quienes debían protegerlos. La sociedad comenzó a entender algo de su sufrimiento a través de las Madres de Soacha, aquellas cuyos hijos fueron “reclutados” con engaños y cuyos cuerpos aparecieron en jurisdicción de Ocaña (Norte de Santander) falsamente dispuestos como guerrilleros muertos en combate. No obstante, siguen siendo vituperadas o ignoradas por algunos sectores.
La barbarie de los llamados falsos positivos, crímenes sin paralelo en países regidos por el sistema democrático, es acompañada por la ausencia de una cultura de repudio dentro del mismo Ejército de Colombia y por la total falta de compasión de algunos líderes políticos hacia las familias de los jóvenes asesinados. Una y otra han se han manifestado, de nuevo, tras la comunicación de la JEP en una mezcla cruel para las familias y destructiva para el país.
Los mensajes del comandante del Ejército, los del expresidente Uribe, los de políticos (y políticas) que atacan la JEP y, los que, de manera absurda y abusiva, siguen esgrimiendo versiones conspirativas (Vivanco, de HRW, es militante de las Farc según el ex), no contienen una sola palabra de condolencia ni de intención de no repetición. Se unen el espíritu de cuerpo y las teorías del complot en una negación de hechos comprobados por la justicia y reconocidos por numerosos perpetradores.
Los hechos son inocultables. No obstante, las reacciones de las autoridades aludidas han sido diversas.
Sobre los jóvenes de Soacha, el entonces presidente de la República, en la Asamblea de Anif del 2008 dió su veredicto: “No fueron a recoger café”, fueron dados de baja en combate.
Los escasos pronunciamientos del Ministerio de Defensa han evitado, desde hace años, el reconocimiento de cualquier tipo de sistematicidad y algunos han aludido a los hechos como “errores” o como el resultados de la responsabilidad individual. En el mejor de los casos, se habla de la teoría de las “manzanas podridas”. Otros voceros, incluidos ministros, se han referido al tema como el producto de una campaña de difamación y han abogado por la defensa de la suguridad jurídica de todos los miembros de la Fuerza Pública. Negacionismo que se desmorona con las evidencias.
El mensaje del General Zapateiro es, por decir lo menos, desconcertante. “Somos soldados del Ejército de Colombia y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”. ¿Quiénes son las víboras? ¿La JEP, las familias? ¿Dios no está con las madres también? A menos que el general hubiera querido decir otra cosa, borra de un plumazo la hipótesis de las manzanas podridas, eliminando espacios para el repudio de los crímenes.
Ni el país ni el Ejército merecen la miopía aguda de dirigentes carentes de capacidad autocrítica, de enmendar. Son muchos los sacrificios de los miembros de la Fuerza Pública durante más de cincuenta años, incluyendo miles de muertes de militares y policías en combate, secuestros, como para quitarle la oportunidad de repudiar crímenes que jamás debieron cometerse y comprometerse con la no repetición.
¿Evidencias? De hecho, a mayo de 2020, habían sido condenadas 1.740 personas por falsos positivos (El Tiempo, 18.05.2020).
Directivas como la 029 del 2005 que ofrecían incentivos para alentar los “éxitos” en el combate contra la subversión alentaron la ocurrencia de falsos positivos. Dinero (incluidos fondos para civiles), permisos, comisiones al exterior, felicitaciones, formaron parte del repertorio de estímulos. Por supuesto que se presentaron patrones de operación que configuran algún grado de sistematicidad: señalamiento de las víctimas, montaje de la escena de “combate”, levantamiento de los cadáveres por parte de agentes del estado, despojo de elementos para identificar a las víctimas, entierro como NN... (Alejandra Bonilla M., Tesis de maestría U. Javeriana, 2017).
La JEP ha dado pasos formidables en relación con el esclarecimiento de los falsos positivos y el secuestro, crímenes que todos debemos repudiar. La sociedad debe acompañar a todas las víctimas en su dolor
