En la historia contemporánea de Colombia, uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos está marcado por los llamados “falsos positivos”. Durante los años 2002 a 2008, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se perpetraron cientos de ejecuciones extrajudiciales bajo la bandera de una supuesta lucha contra el terrorismo y las guerrillas.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes campesinos, fueron asesinadas por miembros del Ejército, quienes posteriormente los presentaban como guerrilleros caídos en combate para inflar sus cifras de éxito militar. Esta política, que prometía recompensas y beneficios a los soldados por cada "baja" reportada, desencadenó un baño de sangre que todavía persigue a la sociedad colombiana.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2022, reveló que durante este periodo, al menos 6,402 civiles fueron víctimas de estos asesinatos selectivos. Estos crímenes de lesa humanidad, aunque han sido documentados y denunciados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, continúan siendo un tema de controversia en el ámbito político, especialmente entre quienes, desde la derecha, buscan desviar la atención o justificar los hechos bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Uno de los ejemplos más recientes de este negacionismo lo encarna el congresista Miguel Polo Polo, un político que ha ganado notoriedad por su retórica incendiaria y su abierta defensa del expresidente Uribe. Polo Polo ha utilizado su plataforma en redes sociales y en el Congreso para desestimar las investigaciones y los testimonios de las víctimas, llegando a calificar los falsos positivos como una invención de la izquierda para desacreditar al Ejército colombiano. Esta actitud no solo refleja una profunda ignorancia sobre la magnitud de los crímenes, sino que también perpetúa la violencia simbólica contra las víctimas y sus familias, quienes aún luchan por justicia.
El discurso de Polo Polo, al igual que el de otros sectores de la extrema derecha colombiana, se basa en la glorificación de la “mano dura” y en la defensa de un aparato militar que actuó, según ellos, en aras de preservar el orden. Sin embargo, lo que este discurso oculta es que detrás de la retórica del "combate al terrorismo" se escondió una política de exterminio sistemático, donde el fin justificó cualquier medio, incluso el asesinato de inocentes. Los soldados que participaron en estos crímenes no solo respondían a órdenes superiores, sino que actuaban bajo un sistema que los recompensaba con ascensos, dinero y días de descanso.
Es alarmante que en un país que ha sido testigo de tantas décadas de conflicto armado, figuras como Polo Polo continúen alimentando un discurso de odio que niega las evidencias históricas. En sus intervenciones, se muestra una falta total de empatía y un desconocimiento de los avances en materia de derechos humanos. Es precisamente este tipo de narrativa lo que ha permitido que la impunidad sea la norma en Colombia, donde los responsables, tanto directos como indirectos, rara vez enfrentan las consecuencias de sus actos.
La derecha colombiana, representada por personajes como Polo Polo, sigue teniendo las manos manchadas de sangre al respaldar políticas y gobiernos que se beneficiaron de la violencia estatal. El gobierno de Uribe, que encarnó el auge de los falsos positivos, fue también un periodo en el que la militarización del país y la estigmatización de la disidencia alcanzaron niveles alarmantes. En lugar de buscar una reconciliación real basada en la verdad y la justicia, los políticos de esta corriente parecen más interesados en reescribir la historia a su conveniencia.
Es imprescindible que, como sociedad, no permitamos que este tipo de discursos se normalicen. Las víctimas de los falsos positivos merecen algo más que el olvido y la negación. Merecen que sus historias sean escuchadas, que los responsables sean llevados ante la justicia, y que Colombia finalmente deje atrás la impunidad que ha permitido que estos crímenes queden en la sombra.
El caso de los falsos positivos no es solo una mancha en la historia de Colombia, sino también un recordatorio del peligro que representa la falta de control sobre las fuerzas armadas y la utilización del Estado para fines oscuros. Si la sociedad colombiana desea avanzar hacia un futuro de paz y reconciliación, es vital que el debate político se base en hechos, en la dignidad de las víctimas y en el reconocimiento de la verdad, en lugar de en la retórica vacía de quienes, como Polo Polo, buscan sacar rédito político de la desinformación y el negacionismo.
El camino hacia la justicia es largo, pero solo a través de la memoria y el reconocimiento podremos construir un país donde estos crímenes no se repitan. La violencia que una vez fue legitimada desde los altos mandos del Estado no puede ser minimizada ni justificada por aquellos que, desde el Congreso, deberían trabajar para proteger los derechos y la dignidad de todos los colombianos.
