La suerte de la inmensa mayoría de los colombianos, los que se educan en la educación pública, quedo sellada hace 50 años, en 1967, año en que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo decretó la reducción de la jornada escolar en las escuelas y colegios públicos a media jornada. En los colegios y escuelas públicas no se estudiaría mañana y tarde, sino unos por la mañana y otros por la tarde. Los colegios privados siguieron con su jornada escolar completa, como lo hacen hoy.
El desmonte de la jornada completa se inicio de manera parcial y experimental en 1965. Para atender la creciente demanda de educación secundaria se autorizó a los colegios públicos el funcionamiento de las Secciones paralelas de bachillerato en un mismo plantel, mediante el Decreto 445 de 1965, en el gobierno de Guillermo León Valencia, siendo ministro de Educación Pedro Gómez Valderrama. La razón que argumentó el gobierno fue que el número de establecimientos nacionales para atender la educación secundaria era insuficiente y había que aprovechar la planta física y las dotaciones disponibles en los colegios existentes. Se autorizó solo para las principales cinco ciudades capitales.
La implantación de la media jornada, tanto para la educación primaria como para la secundaria, se extendió a todo el país en la administración de Carlos Lleras Restrepo y su ministro de Educación, Gabriel Betancur Mejía. Mediante el Decreto 150 de 1967 se estableció el llamado Plan de Emergencia, elaborado y puesto en marcha bajo la supervisión y asesoría de la llamada Misión Pedagógica Alemana, una más de las tantas que han asesorado nuestro atribulado sistema educativo. ”Se entendía por escuela de doble jornada la que utilizaba una misma aula para el funcionamiento de dos grupos de alumnos con sus respectivos maestros y mediante horarios especiales distribuidos de lunes a sábado bien por la mañana o bien por la tarde”. Los colegios privados de elite mantuvieron la jornada completa de 8 horas, mientras los colegios privados populares se acogieron a la doble jornada, el negocio les resultaba atractivo.
En Bogotá se llegó a tener hasta cuatro jornadas,
de tres horas cada una,
en una suerte de “pupitre caliente”
La media jornada tenía una duración de 36 horas semanales. En los años 70 la jornada fue reducida a 25 horas semanales, 5 horas diarias de lunes a viernes. Y así se quedó para siempre. En Bogotá se llegó a tener hasta cuatro jornadas, de 3 horas cada una, en una suerte de “pupitre caliente”.
Se dijo que era una medida transitoria. Pero como todas las medidas transitorias en Colombia, se convirtió en permanente. Desde entonces tenemos dos sistemas educativos: uno pobre que imparte una educación pobre para pobres en media jornada de cinco horas y otro privado que imparte educación en jornada completa y mejor calidad para quienes tengan el dinero suficiente para pagarla.
Reducir la jornada completa a media jornada resultaba un gana-gana para todos. En primer lugar, el gobierno con pocos recursos pudo duplicar el número de estudiantes y exhibir un crecimiento inusitado en la matrícula de la educación pública, ganaban los maestros que recibirían el mismo sueldo por media jornada de trabajo y podían dedicar la otra al rebusque manejando taxi, montando una pequeña tienda o dictar clases en un colegio privado.
El “éxito” de la media jornada no podía ser mayor: el número de establecimientos se duplicó, la cobertura educativa aumentó sin construir un solo metro cuadrado. Los alumnos dispusieron de más tiempo para realizar sus tareas o incursionar en el mundo del trabajo. El número de maestros se duplicó. Los sindicatos de educadores crecieron y se fortalecieron. Las madres de familia pudieron liberar su tiempo de atención a los hijos e ingresaron al mundo laboral, todo era cuestión de organizar los horarios de las comidas y el transcurrir cotidiano de los hogares. El sector editorial encontró una verdadera mina de diamantes al duplicarse la demanda de textos y útiles escolares. Se dijo que el menor tiempo sería compensado con mejores métodos de enseñanza y nuevos programas curriculares, lo cual quedó en meras promesas.
El “éxito” de la media jornada no podía ser mayor.
Todos pensaron en el corto plazo,
nadie se preocupó del desastre que significaría a largo plazo
La doble jornada en los colegios públicos logró un consenso general y se implanto sin mayores traumatismos. El cálculo-beneficio del Estado, los padres de familia y los educadores lo hicieron posible. Todos pensaron en el corto plazo, nadie se preocupó del desastre que significaría a largo plazo. El daño causado fue inmenso. Por eso estamos como estamos.
Fueron los propios educadores, a través del Movimiento Pedagógico y Fecode, quienes exigieron en los años 80 que se acabara con la media jornada. Así quedó establecido en el artículo 85 de la Ley General de Educación (1994), hoy vigente. Dicho artículo señala que “El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los plazos dentro de los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo”.
La obligatoriedad de tener una jornada completa para todos los colegios, lo ordenó la ley hace 24 años pero, como muchas otras cosas buenas, quedó en letra muerta. Un canto a la bandera.
Hoy existe consenso
en regresar a la jornada escolar completa
Hoy existe consenso en regresar a la jornada escolar completa. La implementación de esta medida demanda grandes esfuerzos de todo tipo: un aumento sustancial y sostenido en el gasto publico educativo, una nueva manera de pensar y organizar la educación y los colegios, una reforma radical de los contenidos y programas de enseñanza y por supuesto un cambio sustancial en la formación y actualización de los maestros. No se trata de dictar más de lo mismo más tiempo
El restablecimiento de la jornada completa de 8 horas y una gran transformación de la enseñanza en los colegios públicos es la única manera de reparar el daño causado a la educación pública durante los últimos 50 años con la disminución de la jornada escolar para los más pobres, y el único camino para que la educación sirva al anhelo democrático de tener una sociedad más equitativa e igualitaria.
