Los Guardianes del Atrato, en compañía del Centro Sociojurídico Siembra, entregarán el próximo jueves 3 de noviembre un memorial a la Corte Constitucional con ocasión de los 5 años de la Sentencia T-622, la primera en reconocer a un río como sujeto de derechos. En el texto se identifica el estado de la implementación de la sentencia que, si bien ha tenido avances, no se ha cumplido a cabalidad.
Un río con derechos
“El río Atrato fue el primer ente de la naturaleza en ser reconocido como un sujeto de derechos en nuestro país mediante la sentencia T-622 de la Corte Constitucional, lo cual ha abierto las puertas para nuevos reconocimientos a otros entes naturales, y en general ha propiciado un debate jurídico sobre esta categoría de derechos que pareciera no tener reversa”, señalan Rodrigo Rogelis y Viviana González, abogados del Centro Sociojurídico Siembra, la organización que acompaña el proceso.
Este hecho sin precedentes en Colombia permitió a las comunidades ribereñas del Atrato que el Estado reconociera su situación de riesgo ambiental, alimentaria, cultural, entre otras. No obstante, el conflicto armado, la falta de financiación y de voluntad política han obstaculizado los avances en la implementación de la histórica sentencia.
Para Viviana González, la sentencia ha tenido un avance parcial: “hay cosas que funcionan y otras que son muy críticas, por ejemplo, no hay medidas sancionatorias para que los responsables de las afectaciones al Atrato y a las comunidades cumplan… El principal problema es que no hay claridad sobre el presupuesto”.
Por su parte, Rodrigo Rogelis indicó que un gran obstáculo es la fragmentación institucional: “La cuenca del Atrato comprende 26 municipios en 2 gobernaciones, varias Corporaciones Autónomas, también están involucrados los ministerios de vivienda, hacienda, defensa y ambiente, es decir, la implementación de la sentencia involucra a más de 60 entidades, lo que ha significado desniveles en el avance, incluso hay cosas completamente estancadas en términos de los planes de acción”, explicó.
Esto ocurre porque no hay una figura, una sombrilla que permita sortear las enormes diferencias presupuestales que hay entre las diferentes entidades que responden a voluntades políticas disímiles para la implementación de la T-622. Para González y Rogelis parte de la solución estaría en incluir el tema en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para avanzar en articulación y financiamiento.
Minería ilegal: avanza y se consolida
A pesar de que el tema de la minería ilegal es parte del corazón de la Sentencia -la Corte mandató formular un plan específico para que el Ministerio de Defensa pudiera controlarla y neutralizarla- esta práctica ha aumentado.
Según Viviana González, “los operativos contra la minería ilegal no son efectivos y los mineros buscan mecanismos para burlar los controles, hay filtración de información y la falta de enfoque preventivo dificulta más las cosas. No hay control en el traslado de la maquinaria, burlan los puestos de control de la fuerza pública y tampoco se controla la cadena del oro, que es difícil hacerle trazabilidad en el país y es la que hay que atacar”.
Rodrigo Rogelis señaló que entre 2017 y 2018 hubo un estallido con relación a lo que venía pasando con la minería en el territorio. Las últimas cifras, que son de 2021, indican que hay 33000 hectáreas afectadas, lo que implica 5000 más que en el periodo 2016- 2017, momento en el que salió la sentencia: “Es una porción de qué equivale al área metropolitana Medellín solo en estos últimos 5 años”, sentenció.
Según Rogelis los grupos armados tienen un rol muy importante de protección y mediación en la cadena del oro, lo que permite su expansión y circulación entre los mineros, a través de sobornos a instituciones, entre otras formas: “Es un problema muy complejo cuya resolución no es posible sin los diálogos con los grupos armados, son asuntos que deben andar al tiempo si se pretende frenar la expansión. En muchas regiones del Atrato el control efectivo lo tienen los grupos armados que imponen a las comunidades sistemas extremos de explotación y devastación del territorio que van erosionando la vida comunitaria”, argumentó.
Avances a medias
Rodrigo Rogelis, abogado del Centro Sociojurídico Siembra, recordó que la Sentencia ordenó una serie de “remedios estructurales a través de la promulgación de siete órdenes cardinales”. Se trata de dos grandes grupos, siendo las primeras aquellas que se encuentran dirigidas a señalar un rumbo de acción institucional preciso para la atención de los daños ocasionados y las segundas son las herramientas para que esto se lleve a cabo.
A la fecha, según Viviana González “se han formulado y protocolizado los planes de rehabilitación ambiental y de recuperación de las formas tradicionales de producción. Sin embargo, los avances en la implementación del plan no han sido los mejores. En parte, esto se debe a que la integralidad a la que apunta implica la acción coordinada de un poco más de 60 entidades del gobierno que no comparten la misma capacidad de gestión, manejo de recursos ni voluntad política.”
En este sentido, indicó que la virtud del plan (su enfoque integral) es al mismo tiempo un enorme obstáculo para su implementación, lo que ha implicado que, después de tres años de aprobado, solamente se haya avanzado un 14.7% de lo proyectado. Vale la pena señalar que los planes se trazaron a 30 años y contienen medidas de corto y mediano plazo.
Cuerpo colegiado de Guardianes del Atrato
Una de las iniciativas más relevantes de esta sentencia es otorgarle representación legal al río. Como cuenta Viviana González, “lo más novedoso es el diseño autónomo de las organizaciones de la figura de Guardianes del Atrato que han sido esenciales como puente de comunicación entre las comunidades y las instituciones”.
Para Viviana González, el papel de los Guardianes en la concertación de todas estas medidas implementadas ha sido fundamental: “A través de estos espacios de incidencia el cuerpo colegiado ha podido impulsar el cumplimiento de la sentencia, luego ya depende de las entidades cumplir sus compromisos”.
Pero la labor más titánica que han realizado los guardianes, según González, es la de lograr la apropiación de la sentencia en sus comunidades: “Han hecho un trabajo de base exhaustivo, de explicar el fallo, de entender cuál es el sentido y la responsabilidad del Estado mientras abogan por mayor conciencia y apropiación para la protección del río. Han llevado en estos 5 años a la sentencia todos los rincones de la cuenca del Atrato”.
