En una entrevista a Caracol radio, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, se refirió al hundimiento del artículo 210 de la reforma al Sistema General de Regalías, el llamado “mico del fracking”, calificándolo como un mensaje inconveniente que se da a empresas e inversionistas petroleros sobre la seguridad jurídica en el país. Calificó el hecho de “inaceptable, un daño inmensurable”. El mismo Lloreda, en columna en El País de Cali, se refiere al “Acuerdo de Escazú”, como “loable”, pero que su letra menuda es un arsenal de instrumentos que podrían conducir al país a la parálisis de su desarrollo, a una dictadura del “ambientalismo fundamentalista”, e insta a Gobierno y Congreso a no ratificarlo, puesto que, a su gremio, le incomoda la “tramitología, incertidumbre, y judicialización de decisiones”. Alrededor de esta misma molestia se pronunciaron a principios de abril 25 empresarios, dando una clara instrucción al gobierno: “(…) considerar la aprobación de procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales, para que, en concordancia con las disposiciones legales respectivas, se aumente y acelere la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”.
Mientras el gobierno y los gremios colombianos se aferran a la continuidad de su modelo por encima de cualquier tipo de regulación, incluso de garantías a derechos básicos como el acceso a la información o la participación efectiva, la mayor parte del mundo entiende lo que para sus inversiones implica la necesidad de actuar con urgencia ante la crisis climática. El exministro Amylkar Acosta, no precisamente un “ambientalista fundamentalista”, cita al Wall Street Journal para referirse a las pérdidas, en dos trimestres consecutivos, de Exxon Mobil (US$1.100 millones), Chevron (US$8.300 millones) y Ecopetrol (que reportó ganancias a junio pasado de 158.000 millones frente a los 6,2 billones en el primer semestre de 2019), detrimentos económicos que no serían solamente debidos a la pandemia global y las condiciones de exceso de oferta: se trata de inversionistas preocupados sobre las “regulaciones del cambio climático y la creciente competencia de las energías renovables”. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia Juan Pablo Córdoba, tal vez un “desarrollista fundamentalista”, se pronunciaba en marzo en un sentido parecido al advertir la inconveniencia de depender del petróleo como principal fuente de ingresos externos, y la necesidad de diversificar la canasta exportadora. Ante la contundencia de esta realidad, la reacción irresponsable de gremios y gobierno es defender a toda costa sus pilotos de fracking, en medio de un rechazo generalizado de una sociedad consciente de la necesidad de actuar en otra vía.
La Agencia Internacional de Energía publicó en abril un informe sobre “Los impactos de la crisis del covid -19 en la demanda global de energía y las emisiones de CO2” con proyecciones para 2020: la de petróleo caería un 9 % y la de gas un 5 %, mientras que la de energía solar crecerá en un 16 % y la de eólica en un 12 %. Según “Carbon Tracker Initiative”, organización británica pionera en incluir el riesgo climático como realidad de los mercados, sería muy difícil que la demanda volviera a los niveles pre-pandemia; prevén que habría alguna recuperación en 2021, pero no tanto para superar la caída actual: “si la demanda de combustibles fósiles se recupera en 2021 a la mitad de la cantidad que cayó en 2020, y crece a un 0,5 % anual, se necesitarían 8 años para volver al punto de partida”. Además, resaltan que mientras esto sucede, los motores del crecimiento de las renovables no se detienen: costos más bajos, caídas de las curvas de aprendizaje de las tecnologías y gobiernos conscientes de la necesidad de reducir la amenaza del calentamiento global.
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Es fundamental dejar de hacer: no importa cuántos paneles solares se instalen si no se cancela la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de combustibles fósiles
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Dice el ambientalista británico George Monbiot que la crisis climática no solo se enfrenta haciendo. Es fundamental dejar de hacer: no importa cuántos paneles solares se instalen si no se cancela la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de combustibles fósiles. Por eso, tanto gremios como gobierno, están en la obligación de entender la realidad económica actual y atender a lo que la mayoría de la población colombiana les exige: hacer todos los esfuerzos para proteger nuestros bienes comunes, como lo pudieron evidenciar con la presión social que hizo temblar a los parlamentarios y propició el hundimiento del artículo 210, el poder simbólico de una simple y profunda acción, brindar con un vaso lleno de agua pura desde todo el país en rechazo al agua contaminada que nos dejarían sus propuestas. Señores Duque y Lloreda, los daños inaceptables e inmensurables son contaminar el agua que bebemos, hacer tóxico el aire que respiramos, arrasar con lo que queda de los montes que nos dan la vida. Deben ustedes entender que, en una Tierra inhabitable, no habrá seguridad jurídica, y mucho menos, lugar para su economía.
