El 4 de julio se celebraron los 25 años de la Constitución de 1991. Para muchos, dicho documento es la obra cumbre de la inteligencia y capacidad de nuestros dirigentes, muy concretamente de los constituyentes que participaron en su redacción. Para otros es un esperpento jurídico lleno de vacíos y contradicciones. Y si bien dicha Constitución trajo algunos cambios positivos como la Independencia del Banco de la República, otros como la Tutela —que es en principio una importante herramienta— han sido deslegitimizados por su abuso tanto de parte de los ciudadanos, como de los jueces.
El argumento principal en contra de dicha Constitución es que en 25 años de existencia, ha sido necesario llevar a cabo 41 modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Y para hacer más patente la cascada de enmiendas, es oportuno señalar que la Constitución de Estados Unidos, en 240 años de existencia, solo ha sido modificada 27 veces. La Constitución Política de 1886, que rigió al país hasta mediados de 1991, con la que se rigieron 23 presidentes, tuvo 70 reformas a lo largo de sus 105 años de existencia.
La parte más grave es que es un documento
difícil de adaptar en un entorno y una sociedad
por definición cambiante
¿Y por qué hay que modificar la Constitución del 91 en promedio casi dos veces por año? Porque es un documento extenso, farragoso, confuso, y poco flexible. Nuestra Constitución, si mal no recuerdo la segunda o tercera más larga del mundo, incorporó las sugerencias de todos y cada uno de los constituyentes, por nimias y estúpidas que fueran. El resultado fue una colcha de retazos, pródiga en ‘derechos’ y huérfana en ‘obligaciones’. Pero la parte más grave es que es un documento difícil de adaptar en un entorno y una sociedad por definición cambiante. Por ende, es necesario introducir de forma permanente todo tipo de enmiendas para lograr algo de gobernabilidad. El exconstituyente y exministro Jaime Castro considera que existe la convicción de que elevar cualquier normativa a rango constitucional “da caché”. Y si bien la Constitución no es un cuerpo pétreo e inamovible, es diciente que para que funcione ha sido necesario modificarla 43 veces.
Para muchos, el recurso de la acción de tutela —la figura jurídica más invocada por los colombianos desde 1991— es la mejor herencia que la Constitución de 1991 les dejó a los colombianos. Se concibió como la herramienta constitucional de defensa más cercana a los ciudadanos pobres e indefensos ya que la tutela se puede interponer de manera oral ante cualquier juez de la República, sin la necesidad de abogado. El enorme problema de la tutela es que en vez de ser el recurso supremo de los ciudadanos para defender sus derechos fundamentales, se convirtió en el principal recurso de millones de pacientes para obligar al Estado a cumplir con los mínimos de salud y de pensionados para obligar el pago de sus pensiones. A ella han recurrido millones de pacientes para lograr que el Estado cumpla; y de pensionados para forzar el que les otorguen un ingreso mínimo en su vejez.
Hoy, a raíz del acuerdo de paz que se firmará en La Habana, vendrán más cambios a la Constitución Política de 1991. “Estamos ante el riesgo de tener dos Constituciones simultáneamente: la del 91, que el país ya conoce, y la que se está redactando en La Habana pero que nadie conoce”, dice el exministro Jaime Castro, al explicar que en la reforma número 41, el llamado Acto legislativo para la paz, quedarán incluidos los acuerdos a que lleguen el Gobierno y las Farc. ¿Será entonces que tendremos que reformar cada año dos constituciones en vez de una?
En resumen, no puedo estar más de acuerdo con lo afirmado por Juan Manuel López en su última columna de Las 2 Orillas: Para no hablar de lo que realmente ha sido un fracaso—, sería por lo menos más honesto reconocer que han sido más las frustraciones que las satisfacciones que ha generado y no seguir pretendiendo que se festejen y aplaudan sus ‘logros’.
