Desde los años 90, las masacres, los enfrentamientos entre paras, guerrilla y fuerza pública y los homicidios selectivos y en general el conflicto colombiano ha estado atravesado por pugnas por la tierra. Peleas confusas, muchas a sangre y fuego que han dejado una estela de dolor y pérdida de miles campesinos colombianos. Desde la firma de la Ley de víctimas y restitución de tierras por el presidente Santos ya hace ocho años, la Fundación Forjando Futuros está comprometida en volverla realidad; ha analizado 4.000 sentencias judiciales y acompañado a decenas de procesos de restitución ante los jueces.
En este amplio trabajo hay 46 sentencias que involucran a 33 reconocidas empresas que por decisiones judiciales debieron devolverle las tierras a sus primeros poseedores. El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, le entregó el documento a la JEP para que el tribunal de paz actúe en el escenario judicial. Entre ellas están Argos, AngloGold Ashanti, Agropecuaria Carmen de Bolívar, el Fondo Ganadero de Córdoba, Ecopetrol, entre otras.
Cinco sentencias judiciales obligaron a la cementera a devolver más de 1.000 hectáreas que había sembrado en teca en la región de los municipios de Carmen de Bolívar y San Onofre, en los Montes de María. La cementera adquirió las tierras con base a una tradición de títulos, pero algunas de las parcelas adquiridas fueron sujetas de reclamaciones por parte de poseedores en el pasado que habrían sido despojados en el contexto de conflicto. Argos no pudo justificar su tenencia de buena fe de las fincas.
Otro de los casos fue el de la minera sudafricana AngloGold Ashanti, que adquirió varios títulos mineros en el Chocó dentro del resguardo indígena del Alto Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó, Chocó. En 1999 las incursiones paramilitares se recrudecieron para sacar a la guerrilla del departamento, lo que se tradujo en un desplazamiento masivo de familias indígenas emberá katíos que habitaban el territorio. Los jueces del Tribunal de Restitución de Tierras ordenaron la devolución de 50.000 hectáreas y la suspensión de los títulos de la minera sudafricana.
En total, son 33 empresas que tienen la información para esclarecer la manera como paramilitares, guerrillas y Estado operaron para quedarse con miles de hectáreas en 9 departamentos de campesinos que posteriormente terminaron en manos de grandes compañías. Los hallazgos que se describen sobre las regiones donde adquirieron los predios y adelantaban la actividad comercial las empresas demuestran una coincidencia con las formas en que la tierra fue despojada violentamente.
