Para quienes empezamos a hacer política desde los sectores populares durante el vigor de la ultraconservadora Constitución de 1886, saludamos esperanzados el proceso constituyente que dio vida a la nueva carta magna de 1991. No era para menos, ya que fue una tragedia histórica que el proceso de configuración como estado-nacional estuviese guiado por la férula centralista, confesional y antidemocrática que impusieron por las armas Núñez y Caro desde su triunfo en la Guerra de 1885 y ratificado en sus victorias militares contra las fuerzas rebeldes en 1895 y la Guerra de los Mil Días. De igual manera pesaba el anacronismo del autoritario régimen del Frente Nacional que pese a su desmonte formal, no daba paso a ningún nuevo modelo de participación política ni de organización del Estado.
Al terminar los convulsionados años ochenta del siglo pasado, Colombia vivía regida por una estructura constitucional heredada de una guerra de más de un siglo antes y una componenda pacificadora de más de 30 años atrás. Mientras tanto, emergían nuevas ciudadanías, los partidos políticos se reconfiguraban, la juventud no se sentía representada dentro del régimen político, al tiempo que la violencia política se desbordaba a la par con la irrupción mayúscula del fenómeno del narcotráfico en todas las órbitas de la vida nacional. Sufrimos una crisis estructural como sociedad, con la salvedad del efecto narcótico que ejercían los dineros de los carteles de la droga sobre nuestra economía, que se salvaba de vivir la “Década Perdida” como se les denomino a esos años en América Latina.
Lo que no lográbamos vislumbrar con nitidez ni siquiera los que ya hacíamos política intentando darle voz a sectores marginados, fue que se vivía a nivel global una ola de reestructuración económica iniciada de manera no muy democrática con la experiencia dictatorial de Chile. Reagan y Thatcher habían ya patentado el nuevo modelo económico afín al capital financiero en las potencias capitalistas, y exportaban neoliberalismo, exigiendo órdenes jurídicos a la medida del nuevo régimen de acumulación. En Colombia, -donde habíamos abortado cualquier política seria de industrialización o desarrollo económico nacional y donde desde la época de Pastrana padre el sector financiero tenía prebendas como las del sistema UPAC-, ante el vacío cada vez más evidente dejado por el café y llenado por la coca en nuestra economía, el presidente Gaviria Trujillo adoptó a rajatabla el modelo neoliberal y lo constitucionalizó dentro del proceso de reforma iniciado por la crisis política.
No se trata de eclipsar el valor de los distintos movimientos sociales, incluidos las nuevas expresiones políticas que como la UP irrumpían a nivel nacional ante la victoria democrática de la elección popular de alcaldes, legado del fallido proceso de paz de La Uribe. En las calles y campos de Colombia el pueblo exigió derrumbar esa añeja constitución de 1886. Pero es una leyenda algo pueril creer que fue el Movimiento de la Séptima Papeleta el que transformó el régimen político, por más vistosidad que hayan tenido varios de sus conspicuos representantes. Con tres décadas de distancia podemos decir que fue más bien al revés, parte de la resonancia y tribuna otorgada a este movimiento respondió a la necesidad del régimen de reformarse de forma controlada en medio de la evidente crisis política y la funcionalidad de un nuevo orden jurídico para el neoliberalismo.
Alguien podría explicar en términos jurídicos ¿por qué la misma Corte Suprema que hundió un plebiscito para reforma constitucional parcial en 1988, aprobó una Asamblea Constitucional en 1990? A los que dirán que gracias a la contundente votación de la Séptima Papeleta, solo les dejo la tarea de que me ayuden a encontrar cuántos sufragios obtuvo, porque nada que consigo este escrutinio. ¿Será que los uribistas que cantan fraude sobre el plebiscito por la paz de 2016 van a declarar ilegítima la actual constitución? Empieza el mito. Había un gran acuerdo político tácito para la reforma constitucional entre todos los sectores del establecimiento, que cabalgó sobre la válida exigencia de todas las expresiones externas a la política tradicional de construir un nuevo marco para la participación política. Para quienes difirieron con la Constituyente de Gaviria, lo que hubo fue guerra hasta hoy, como lo demuestra el bombardeo de Casa Verde, sede del Secretariado de las Farc-EP, el mismo día de las elecciones de los constituyentes, lo que terminó de dinamitar la posibilidad de participación de este grupo insurgente. Hechos para recordar cuando hay gente que quiere olvidar el sello bélico con el que se escribe esta última carta, así como todas las del siglo XIX.
Aunque el proceso de paz con el M 19 y su efecto dominó sobre otros grupos guerrilleros, en medio de la crisis del campo socialista internacional, le otorgó a este proceso constituyente un componente inusitado respecto a anteriores experiencias en Colombia, siento que la oligarquía colombiana tuvo en la mira dos modelos de transición gatopardista: España y Chile. Porque hoy ya lo podemos decir así, el proceso constituyente de 1991 significó la aplicación de la llamada fórmula de Lampedusa, donde todo cambia para que todo siga igual. Inevitablemente cualquier cambio al régimen de 1886 tenía implicaciones democratizadoras, porque a la derecha de la carta magna de la Regeneración solo quedaba la monarquía, y sobre estos aportes del 91 tenemos que volver.
En España, se logró reemplazar al régimen de Franco por una democracia parlamentaria formal y la nueva Constitución de 1978 sin que ello implicase alterar estructuralmente el statu quo, permitiéndole a los franquistas mantenerse en el ejercicio político, al tiempo que se institucionalizaba a la izquierda proscrita durante la dictadura. En Chile, ante el creciente movimiento insurreccional que puso en aprietos a la dictadura pinochetista, ganó el No y salió formalmente Pinochet de La Moneda, a cambio de su inmunidad y de la imposición del régimen de la Concertación cohesionado por la continuidad del modelo neoliberal, que por fortuna está hoy en debate en la actual Convención Constitucional chilena, presidida por Elisa Loncón, intelectual, mujer e indígena, digno símbolo de los sectores excluidos por dictadura y “democracia” del país austral.
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Ese Congreso –y los siguientes- reglamentaron para retrogradar lo alcanzado hasta hacer hoy irreconocible la norma constitucional frente a su versión original
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Sin citarlo expresamente, las élites colombianas querían el remozamiento de su impresentable régimen, y su necesaria adaptación al modelo neoliberal, sin perder sus privilegios como en Chile o España. En gran medida lo lograron. Varios aspectos aprobados por la ANC han sido un aporte invaluable para la ciudadanía y la democratización: la tutela, la elección popular de gobernadores, la creación de la Defensoría del Pueblo, la carta de derechos o el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación. Reconozco que la Constituyente fue valiente revocando a un Congreso elegido un año antes y con más votación que ella, pero mató el tigre y se asustó con el cuero, porque si bien el nuevo legislativo elegido en octubre de 1991 permitió que nuevos sectores pudiésemos entrar a la arena política, también es cierto que permitió la reelección de buena parte de ese parlamento revocado. Hice parte de ese primer congreso posconstituyente, allí presenté y logré aprobar la Ley 70 de 1993 para desarrollar los derechos de los pueblos afrodescendientes consagrados en la nueva carta magna, pero el balance es que ese Congreso – y los que le siguieron hasta hoy- lejos de legislar para fortalecer los rasgos democráticos conquistados en el 91, reglamentaron para retrogradar lo alcanzado hasta hacer hoy irreconocible la norma constitucional frente a su versión original. Solo a manera de ejemplo, la Ley 134 de 1994 hace impracticables los mecanismos de participación ciudadana distintas al voto.
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No comparto que la aspiración del movimiento alternativo sea someterse a esta constitución y no luchar por un nuevo marco constitucional
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Ahora bien, sus aspectos democratizadores no pueden hacernos negar la esencia neoliberal y antidemocrática de la Constitución de 1991. La banca central, las FFMM, la regla fiscal, los estados de excepción constitucional, el poder omnímodo de la Procuraduría, entre otros aspectos que hoy forman parte de la actual crisis no son problemas del incumplimiento de la norma del 91, si no por el contrario de su aplicación. Por ello no comparto que la aspiración del movimiento alternativo sea someterse a esta constitución y no luchar por un nuevo marco constitucional. La trastocada –y fracasada en cuanto apuesta democratizadora- Constitución de 1991 es parte del problema, no es la solución.
No sé que pueda ser más iluso o malintencionado. ¿Creer que la actual crisis de la segunda década del siglo XXI se resuelve con el marco de la ya hoy añeja Constitución de 1991? ¿O pensar que tras tres décadas de incumplimientos ahora sí se va a poder cumplir? El país del Paro 2019-2021 no cabe en la Constituyente de hace 30 años. El hambre y falta de oportunidades de quienes protestan hoy, no es culpa del Frente Nacional. Ellos han nacido, crecido y sufrido el régimen antidemocrático y neoliberal del 91, y sus anhelos requieren su transformación. Ya es hora de romper el miedo y seguir atados al pasado. Se requiere un nuevo proceso constituyente para salir de la actual crisis, sin duda la más profunda desde los años de La Violencia. Es argumento falaz decir que una nueva Constituyente permitiría al uribismo atornillarse en el poder, como si ya no lo pudiera – y estuviera haciendo- con los mecanismos ordinarios contemplados en la actual constitución. Quien lo creyera, treinta años después ahora sí me suena la transición chilena.
