La fórmula plebiscitaria de 1957, según la cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado comenzaron a ser designados por cooptación, tornó muy celosos de su poder a los ilustres miembros de estas dos altas corporaciones. Además, pasó a ser potestativa de ellas la elección de los magistrados de los tribunales superiores y contencioso administrativos. Pasaron diecinueve años de fluida independencia nominándose y nominando subalternos, sin interferencia de ningún otro órgano del poder. Pero la dinámica de los hechos indicaba que eran indispensables cambios institucionales que actualizaran el servicio público de la justicia. El aparato, sin embargo, se negaba a facilitarlos porque no siempre los deberes patrióticos coinciden con el ejercicio noble del poder.
El expresidente López Michelsen consideró, antes de promediar su mandato, que el país estaba maduro para experimentar un cambio modernizador en las normas constitucionales que regían la Rama Judicial y sus vínculos con las dos ramas restantes y, contrariando un poco la tradición de dichos cambios mediante actos legislativos, acudió a una reforma que convocara una Constituyente autónoma que produjera un cambio de fisonomía en la Justicia, cuyo rezago, si se la comparaba las de con otros países latinoamericanos de menor tradición democrática y jurídica que Colombia, era evidente. El Congreso aprobó la convocatoria y el país se dispuso a elegir la Constituyente que tendría, de igual modo, la tarea de modificar los regímenes departamental y municipal.
La Sala Constitucional de la Corte sintió pasos de animal grande y varió una jurisprudencia de decenios. Solía declararse inhibida para conocer sobre la constitucionalidad de los actos legislativos reformatorios de la Carta, pero esta vez se declaró competente y tumbó el que el expresidente López denominó un paso fundamental para el avance de nuestras instituciones. Más allá del poder decisorio implícito en sus fallos, la Sala Constitucional quiso sentar el precedente de que sin la voluntad de sus jueces no habría transformación judicial posible, por sanas y convenientes que fueran las intenciones del Ejecutivo, el Congreso o una Asamblea Constituyente, grande o pequeña.
El gobierno de Turbay Ayala no quiso quedarse atrás con su proyecto de reforma y se fue directo al acto legislativo que lo almacenó. Su aprobación fue un éxito en el trámite parlamentario, pero como el articulado les montaba una competencia a la Corte y al Consejo de Estado con la creación del Consejo Superior de la Judicatura, el fracaso jurisdiccional no tardó. Cayó tan estrepitosamente como la pequeña constituyente de López. Y peor: el Gobierno expidió un decreto, el 3050 de 1979, que despojaba a la Corte de sus facultades. Gracias al buen juicio y a la presión de los medios de comunicación, fue derogado al siguiente día. Así transcurrieron diez años más, hasta cuando apareció la séptima papeleta y se convocó la Constituyente de 1990.
La Constitución de 1991 fue mala palabra para la Justicia. Le inoculó tuberculosis electoral y clientelismo de bajo mundo. A los doce años de su vigencia, se propagó la versión –creída por el país– de que un jefe paramilitar había hecho un envío de $5.000 millones por la elección del fiscal, vale decir, que el comandante generoso había ‘adquirido’ el dominio del ente acusador por esa bicoca. Cuando un país cree eso de una de sus cortes, la de épocas de oro, el estado es de franca postración. ¿Quién iniciaría, allá dentro, el huracán de atrocidades destapadas por los gringos?
¿Quién iniciaría, allá dentro,
el huracán de atrocidades destapadas por los gringos?
Esa visión distorsionada del uso del poder sacó a los magistrados de su misión fundamental para asignarles un corredor de intrigas que los degradó. Devolverlos de semejante carrusel de disparates jurídicos y morales será labor ponderosa porque, ni en el Gobierno, ni en el Congreso, ni en los partidos, ni en la academia, hay material concebido para soluciones que combinen normas superiores, estatutarias y ordinarias con calidad, transparencia y valores que nos rescaten del despeñadero donde caímos sin taparnos las narices.
Hace treinta años el profesor Ramón de Zubiría advirtió que éramos una sociedad gobernada por antivalores, menesterosa de rectificaciones heroicas en todos los frentes de su estructura. Todo era contrario a la ley, la ética, los principios básicos de la conducta humana y la decencia. Empeoramos. En su mea culpa, y por ahora, la Corte debería seguir escarbando pisadas no sólo de políticos, sino de otros colegas suyos, porque si hubo decisiones de sala salpicadas de morenofagia, aparte de las engavetadas, el ramaje
