El pasado mes de abril de 2016, la Secretaría de Hábitat dio a conocer el informe sobre ocupaciones informales en Bogotá, en donde reportó la existencia de 19.000 de estas comunidades tan solo en la capital de Colombia. Los resultados del informe llegaron a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las entidades del estado. Sin embargo, desde TECHO nos preocupa que esta información no se ajusta a la totalidad de la problemática, pues esta cifra sólo identifica las condiciones físicas de vulnerabilidad, haciendo uso de una definición: “ocupación ilegal es un lugar que no ha sido legalizado”. Con esto se descartan aspectos fundamentales de caracterización social que deben responder a cuestiones más amplias y que abarquen preguntas como ¿quiénes son y en qué condiciones viven las personas que habitan estos lugares?, ¿qué implicaciones tienen estas condiciones en la vida de estas personas? ¿Qué garantias y cumplimento de derechos tienen los ciudadanos que habitan estas comunidades? Si se tuviera un entendimiento más amplio de la problemática y la urgencia de fuentes de información oficiales que reconozcan y estudien el fenómeno integralmente, seguramente la cifra rondaría las 230 mil personas .
Para la misma entidad, en julio de 2015 existían en la ciudad, cerca de 18.861 ocupaciones ilegales en 13 de las 20 localidades, habitadas aproximadamente por 34 mil personas. Esta cifra representa el número de ciudadanos que habitan en comunidades no reconocidas como asentamientos humanos y que en otros términos, son personas que no cuentan con garantías en el cumplimiento de sus derechos fundamentales (vivienda digna, cubrimiento de redes de servicios públicos, acceso a salud, cubrimiento en seguridad, infraestructura, entre otras).
La organización TECHO (antes conocida como un TECHO para mi país) presentó su informe Derecho a Bogotá, en donde se identificaron más de 125 asentamientos informales, conformados por más de 230.000 personas que viven bajo las condiciones físicas más críticas de la pobreza en la capital. Este informe evidencia también que 1 de cada 2 asentamientos informales tuvo un crecimiento poblacional, lo que significa que a pesar de que los indicadores de pobreza siguen disminuyendo a nivel nacional, la representación física de la misma aumenta, consolidándose como una problemática histórica, vigente y que se agudiza.
El mayor desafío radica al aplicar políticas públicas ajenas, a las necesidades y realidades de la totalidad de la población en la ciudad. Esto se evidencia contrastando las 19.000 ocupaciones identificadas por las secretaria de hábitat, con los 55.000 hogares identificados por TECHO en su informe, revelando la existencia de un universo muy amplio que no es reconocido, ni tenido en cuenta para la construcción de dichas políticas.
La pobreza en Colombia es una problemática que ha sido invisibilizada desde sus causas y dimensiones, hasta sus consecuencias. Es abordada como un problema más, entre tantos otros dentro de la agenda pública del país. Sin embargo, debemos reconocer que la pobreza es un asunto de todos, y sobretodo, un asunto prioritario que atender.
Luego de años de trabajo con las comunidades de los asentamientos informales en Colombia y Latinoamérica, desde TECHO valoramos y aplaudimos el reconocimiento del problema por parte de la Secretaría. Sin embargo, la invitación es a que se recoja la información desde los pobladores, a que se reconozcan territorios periféricos y vulnerables y a que los diferentes actores trabajemos en conjunto por la superación de esta problemática percibiendo a los asentamientos como escenarios determinantes para la construcción de paz por medio del desarrollo de la ciudadanía, por medio de la participación en la construcción de tejido social y del reconocimiento de derechos para todos los ciudadanos habitantes de Bogotá.
