El año que termina fue agridulce en cuanto al proceso de Paz Total en el país y en el departamento del Cauca.
El cese al fuego acordado unilateralmente por el Gobierno el 31 de diciembre del 2022, en la práctica solo fue asumido por las Fuerzas Armadas del Estado, mientras en diversas regiones guerrillas, el clan de Golfo y otras bandas se dedicaron a ganar terreno peleando espacios en los que anteriormente estuvieron las FARC EP., antes de su desmovilización.
Así, en el Cauca, veredas de municipios como Jambaló, Caldono, Silvia, Inzá, Puracé, fueron escenario de luchas intensas entre grupos armados del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC por apoderarse de esos territorios, buscando llegar con más fortaleza a las negociaciones con el gobierno.
Para satisfacer sus intereses estratégicos a los grupos armados poco les importó la suerte de familias de campesinos e indígenas en medio de los combates y de varios líderes que se opusieron a sus procedimientos directamente afectando a comunidades indefensas en medio del fuego cruzado y con la juventud sometida al reclutamiento forzoso o mediante engaños.
Varios líderes campesinos que se opusieron al proceder de los grupos armados fueron amenazados, desplazados y algunos asesinados, al igual que varios desmovilizados de las FARC. EP.
También en estos municipios aumentaron los secuestros, la extorsión y los atentados contra los negocios que no pagaron, además de incrementarse la minería ilegal y los cultivos de coca que han desplazado al café y productos pancoger en municipios como Morales, Suárez y Buenos Aires, replicando el modelo que hace años impusieron en El Tambo, Argelia, Balboa y en la costa pacífica, que además pone en peligro la seguridad alimentaria de los mismos campesinos y de habitantes de pueblos vecinos a cuyos mercados solían llevar a vender plátano, yuca, frutas, verduras, etc.
Críticos a la política de paz del Gobierno, como el exnegociador con el ELN, Juan Camilo Restrepo, insisten que fue muy permisivo e ingenuo el Comisionado Danilo Rueda, ante los grupos armados al facilitarles una tregua que sólo cumplió el ejército, sin imponerles límites y muestras efectivas de paz, lo que facilitó su expansión a municipios donde no tenían presencia, como los del nororiente caucano.
Ahora, cuando acaban de reemplazar al comisionado Danilo Rueda por el desmovilizado del M19, Otty Patiño, y en las negociaciones con el ELN, éste fue relevado por Vera Grave, se espera que el gobierno establezca límites con firmeza para evitar que los grupos armados abusen de la confianza depositada y quieran imponer como derechos adquiridos: el secuestro, como mecanismo de financiación y el uso permanente de las armas para imponer sus políticas al gobierno y a las comunidades de las regiones ocupadas.
A pesar de los tropezones cierra este 2023 con esperanzas de que en parte se recupere lo perdido desde el mes de enero, cuando escuadras del ELN y las disidencias se enfrentaron por dominar territorios en varios municipios sembrando el temor, el desplazamiento, el reclutamiento de menores y la alteración de su vida familiar, comunitaria, educativa y productiva.
Las guerrillas deberán decidir si todavía se consideran “liberadoras del pueblo”, sin respetar sus propias formas organizativas como Cabildos, Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal, y con derecho a permanecer armados, en una situación internacional no favorable a la toma del poder mediante revoluciones cruentas que no garantizan una real democratización de las sociedades y en beneficio del pueblo que dicen representar.
Como noticia esperanzadora para el 2024, las disidencias de las FARC o Comando del EMC, ya anunciaron que no seguirán secuestrando. Esta promesa tendrá que ser verificada mediante mecanismos efectivos. A partir del 10 de enero continuarán negociando con Camilo González y otros integrantes del equipo de gobierno.
También como primer éxito de Vera Grabe, desde México, el ELN anunció que no seguirá secuestrando.
Se espera, que junto al replanteamiento de su política para lograr la aprobación de las reformas a la Salud, Laboral y Pensional, y la mejor ejecución del presupuesto en los ministerios y entidades descentralizados, en el 2024, el gobierno de Petro logre reactivar la economía después de acuerdos con los empresarios para invertir en la agricultura, industrialización del campo, en nuevos frentes de producción, en la transición energética fomentando instalaciones de energía solar, eólica y de hidrogeno verde, reactivación de la construcción de viviendas, proyectos de infraestructura (carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos) y fortalecimiento de la economía popular, con acceso a crédito que reemplace al gota a gota y concesión de la construcción y mantenimiento de carreteras terciarias a juntas de acción comunal, así como el manejo de la alimentación escolar a cargo de juntas de padres de familia.
