El santanderismo más exaltado, la congregación de los más airados portavoces de la ley del embudo; berrean a través de sus medios como ovejas vestidas de lobos: ¡Abajo la dictadura de las cortes! mientras desde los confinados bajos fondos de la política colombiana; parecen aullar como lobos vestidos de ovejas: ¡Arriba las leyes de la dictadura!
Esa campaña para nada admirable del fascismo en contra de las moduladas sentencias de las cortes en Colombia, a pesar del considerable esfuerzo que hace el uribismo por hacerla aparecer como si de una gesta heroica se tratara, muestra su real esencia agresiva y regresiva, dirigida contra decisiones como el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional al uso indiscriminado y aspersión aérea del venenoso glifosato sobre las cabezas de los campesinos colombianos, también embisten en razón a fallos e investigaciones contra una gran variedad de representantes del Centro Democrático y partidos tradicionales, envueltos en delitos de narcoparamilitarismo, corrupción y masacres contra el pueblo; así, la pretendida epopeya en busca de la “independencia de poderes” tan propalada a través de la prensa escrita y cacareada, se transfigura y resulta ser la mueca de un oscuro y sempiterno deseo del uribismo; la dependencia absoluta de las cortes del ejecutivo.
Pero el proyecto autoritario del Centro Democrático y otros sectores de la élite mafiosa y la mafia elitista, no se limita a la lucha por la dependencia de las cortes al gobierno uribista o en otras palabras, la pugna del Centro Democrático no se circunscribe a conseguir la independencia del actuar del uribismo respecto a la justicia, o la lucha por la impunidad sino que hace de facto del Estado colombiano un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, ya no un Estado socio sino un protectorado, y quizás aún y a mediano plazo; un protectorado fragmentado y balcanizado.
Las relaciones internacionales de Colombia son dirigidas por la embajada de EE. UU. y el Comando Sur, Claudia Blum Capurro de Barberi es solo la comisionada de Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, graduado en operaciones separatistas en la antigua Yugoslavia, como jefe de la misión estadounidense en Kosovo, que fraguó la separación de Serbia y Montenegro. En el 2008 fue expulsado de Bolivia por Evo Morales acusado de separatista y de mantener reuniones con la élite de Santa Cruz. En Colombia fue coordinador estadounidense del mal llamado Plan Colombia, y hoy como embajador designado por Donald Trump orienta las relaciones de Colombia con los demás países de la región, empujándola a una confrontación con Venezuela, de la cual saldrían beneficiados los EE. UU. No es casual que sea Goldberg quien hoy por hoy notifica al gobierno y a los colombianos sobre las operaciones de militares de EE. UU., en territorio colombiano.
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El desfile que no cesa es el de los asesinados y desplazados en todas las regiones del país
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Pero entonces como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló el pasado 2 de julio que la autorización para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República, y que en consecuencia ordenó frenar las operaciones de militares de EE. UU. en Colombia, mientras que a Duque le ordenó que envíe al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”, en otras palabras, como el Tribunal falló que la actuación de Duque había sido inconstitucional en un tema tan sensible como la soberanía del Estado, y que se había abrogado una competencia inexistente para él; entonces nuevamente el fascismo como lobos disfrazados de ovejas balan: ¡Abajo la dictadura de la justicia!, ¡reforma a la justicia ya! Al tiempo que por televisión el desgobierno confina y desconfina; estimula el contagio, con el propósito de postergar un Estado de emergencia que el gobierno ya convirtió en estado habitual de excepción, para legalizar el desvalijamiento por parte de la élite de los recursos públicos, militarizar la vida civil y disponer el aparato militar, policial y paramilitar para apuntar a los ciudadanos, como método de contención del descontento social generalizado a punto de estallar.
Ayer 20 de julio no hubo el tradicional desfile militar para conmemorar la independencia, el hedor a violaciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y represión, hubiese sido insoportable, y seguramente hubiera sido percibido por los colombianos y la opinión internacional como sátira o desafío. Razón tuvo el Libertador Simón Bolívar cuando afirmó que de lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso.
Pero el desfile que no cesa es el de los asesinados y desplazados en todas las regiones del país, Colombia vive actualmente una crisis humanitaria, en medio de una pandemia deliberadamente mal manejada.
A 210 años del inicio del proceso de independencia contra el imperio español, y de su culminación nueve años después el 7 de agosto de 1819, el Estado colombiano oficializa su forma y esencia mafiosa, como quedó claro ayer 20 de julio con la asunción de Arturo Char, como nuevo presidente del Congreso de la República. Hoy cuando la dependencia de Colombia respecto a los EE. UU. es casi total y su soberanía prácticamente inexistente, cobra vigor aquella otra frase del Libertador: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
