La Contraloría General de la nación le puso la lupa a una compra por $2.300 millones de pesos que habría sido realizada en el año 2018 con el fin de potencializar los equipos tácticos de ofensiva de los militares colombianos. Se trataba de 52 visores nocturnos para ofensivas en selva. Sin embargo, la auditoría financiera realizada por el ente de control, determinó que los equipos adquiridos no son de uso militar, sino deportivo. Esto, según confirmó la contraloría, sería un detrimento patrimonial correspondiente al valor pagado en dicha transacción.
Según aseguró el Vicecontralor General de la República, Julián Ruiz, esta situación sucedió por una gestión ineficaz y deficiente de los recursos para la recepción de bienes, lo que tendría una incidencia fiscal y disciplinaria.
Los 52 visores nocturnos (de referencia CK-1500) fueron comprados por medio de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea (Acofa), a través del contrato 035-ACOFA-EJC-2017, suscrito el 28 de octubre de 2017, y cuyo precio fue establecido en moneda estadounidense (US$729.960, o sea $2.318 millones para esa época). Los equipos se recibieron inicialmente en diciembre de 2017 cuando se realizó una prueba de garantía que no pasó. En octubre de 2018 se aceptaron de manera definitiva con un acta que afirmaba que estaban "aptos para el servicio".
La Fiscalía imputó cargos, en noviembre de 2020, contra 10 personas y señaló que este proceso enreda a los coroneles Ariel Pongutá Ortiz, para la época encargado de la Central Administrativa y Contable Especializada Cenac, y Gustavo Adolfo Valbuena González, encargado de Acofa en ese momento.
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