Hablo de 1989, el libro de María Elvira Samper, que no se ha quedado en las semanas de promoción de que gozan algunas novedades editoriales, sino que ha prolongado su importancia especial porque irradia, a mi modo de ver, a través del relato de los acontecimientos de tan dramático año, la controvertible actuación de nuestras Fuerzas Armadas en momentos determinantes. Y que, por lo conocido a través de repetidos pasajes de nuestra historia pasada y presente, plasma una actitud recurrente, cuyos hechos nefandos han permanecido en sordina ante el poder desmesurado de quienes los han cometido.
Un tema generalmente intocado o enmascarado por las propias instituciones civiles por el alcance institucional que dichas fuerzas llegaron a tener en el desarrollo de nuestra democracia de papel, que, si bien, no adquirieron la resonancia internacional de las dictaduras sangrientas que sufrieron países hermanos, su acción furtiva y prolongada ha tenido no menores secuelas para Colombia y sus ciudadanos, en especial los habitantes de los sectores rurales tradicionalmente desprotegidos.
Con el agravante de que su acción nefasta no quedaba en cabeza de un dictador militar sino de presidentes civiles que, abrumados por el poder creciente de militares inflados por doctrinas que antes que a Colombia favorecen intereses extranjeros, quedaban sometidos o burlados por la acción arbitraria de militares engallados, que se creyeron por encima de cualquier régimen constitucional.
Comportamientos irrazonables y vejámenes continuados que no han cesado ni siquiera firmados los acuerdos de paz. Como el vacío no explicado de que el ejército y la policía solo llegaron a ocupar los sectores abandonados por las Farc, cuando ya estos eran del dominio de todos los carteles de la droga y las disidencias de la guerrilla. U otros como el caso de asesinatos de reinsertados donde aparecen soldados implicados al parecer con órdenes superiores, que no obstante el peso de los hechos delictivos, se diluyen las responsabilidades hasta que terminan en la impunidad.
Dos ocurrencias inexplicables que parecen tener como objetivo que la confrontación continúe, alejando las posibilidades de que el campo y sus gentes tengan tranquilidad, y que buscan, sin duda, que los militares de alto rango continúen pesando política y presupuestalmente como lo han hecho desde viejos tiempos. Una especie de larga calma chicha, gestionada por estos a través de declararse limitados materialmente para cumplir con sus deberes, o porque alegan actualización tecnológica para volverse realmente efectivos en bien de la Patria.
Desde el llamado en 1958 del presidente Alberto Lleras a la institución castrense, de que no debería intervenir en asuntos políticos como los políticos de igual forma no podrían interferir en materia militar, aquella directiva no se cumplió, y su intromisión se fue haciendo cada vez más grande, hasta que en el gobierno de Turbay Ayala en 1978 —20 años después— aquel empoderamiento llegó a su clímax con el Estatuto de Seguridad, que extremó el poder de las Fuerzas Armadas para enfrentar el orden público y derivó en una crisis de derechos humanos que puso a Colombia ante los ojos de la comunidad internacional.
Sin duda, la convocatoria al orden institucional de Lleras Camargo surgía de la deuda en que quedaba la civilidad por los “golpes de opinión” —que no de Estado— que adelantaron los políticos en dicha época con ayuda decisiva de los militares en favor y luego en contra del general Gustavo Rojas Pinilla. Golpes de opinión que permitieron el retiro táctico y luego la vuelta al poder de una casta política que se había mostrado problemática e inútil para conducir a Colombia. Deuda que los militares aprovecharon luego bajo pretextos múltiples como la restricción de la democracia que propugnó el Frente Nacional, la injerencia gringa en materia económica y política, la debilidad de los gobiernos nacionales para afrontar problemas de vieja ocurrencia, los fracasos de los planes de desarrollo, la difícil situación social de la mayoría de la población, y, en especial, la aparición de guerrillas con concepciones ideológicas tenidas por el establecimiento como diabólicas.
A pesar de que el Estatuto de Seguridad fue derogado al final del mandato Turbay, la acción política de los militares no amainó durante los gobiernos que le siguieron, tanto que en el que le sucedió de Belisario Betancur se presentó la atroz y no completamente aclarada tragedia del Palacio de Justicia, y de ahí en adelante con la participación abierta de sectores del ejército en la planeación y avance del paramilitarismo, la colaboración en los desplazamientos, despojos de tierra y masacres de campesinos, la oficialización de los falsos positivos, etc., las penurias sufridas por Barco, como lo muestra el libro, y César Gaviria. Con la exclusión del gobierno de Álvaro Uribe donde reverdecen los atropellos castrenses, y finalmente Juan Manuel Santos que con fuerte respaldo de la comunidad internacional logra lo imposible, un acuerdo de paz con las Farc, que incluyó importantes reformas.
Entre ellas, la entronización de la justicia transicional o Justicia Especial para la Paz, con el objetivo claro de que se averigüe —hasta donde sea posible— la verdad sobre el conflicto, en especial de quienes participaron en él, para reemplazar la truculenta y trivial versión oficial en la que esconden muchos de los actores que alimentaron esta guerra sucia. Y que empieza a dar resultados alarmantes con la aparición de fosas comunes con víctimas desconocidas, descubiertas a raíz de las declaraciones de miembros del ejército ante la JEP como medio para disminuir sus condenas.
Colombia afortunadamente contó, en circunstancias realmente difíciles para el cuarto poder y la verdad, con periodistas destacados no solo profesionalmente sino vinculados a altas esferas de la sociedad, que, pudieron, no sin peligros, afrontar verdaderos estados de excepción, donde las garantías civiles, así fueran amparadas por la Constitución y las leyes, quedaban prácticamente borradas para quienes hacían parte del montón y sufrían sus vejámenes sin que dentro del Estado alguien con capacidad de decisión se pronunciara.
Afortunadamente los medios de comunicación actuales, contrario a lo que sucedió de manera general en el pasado y movidos por la competencia de las redes sociales, han mostrado que, con sus denuncias y acompañamiento de este proceso de esclarecimiento de los hechos, tienden a favorecer una aclaración que, no por penosa, podría representar una última oportunidad para que los soldados vuelvan a sus cuarteles y los dirigentes a sus responsabilidades, y no sea el pueblo que les ha entregado su confianza el que continúe sufriendo violencia y hambre.
Y cortar de tajo el exabrupto —pronunciado por el presidente Iván Duque— de que los ciudadanos debemos cuidar a las Fuerzas Armadas, cuidarlas tal vez de que no nos hagan daño como ha venido sucediendo, en una inversión absoluta de los deberes y derechos que cada agrupación tiene establecidos en la Constitución.
