El derecho a la protesta es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
No solo permite la materialización de la libertad –pilar básico de la democracia- sino que también posibilita la libre expresión de los ciudadanos frente a las acciones estatales. Sin embargo, como ya es costumbre en nuestro país, nos acordamos más de los derechos que de los deberes, exigimos respeto sin darlo y ponemos el interés personal por encima de la obligación colectiva.
Hoy en día prima el derecho a la protesta por encima del derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la propiedad privada.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FLIP), las movilizaciones en los últimos meses se han duplicado con respecto a estas mismas fechas en el año 2017. Mientras que en el 2018 entre agosto y octubre se realizaron 348, en el 2017 solo se presentaron 173.
Muchas de ellas responden a temas como la educación, el agro, la seguridad de líderes sociales y la falta de implementación de los Acuerdos, mientras que otras son meramente políticas como la defensa del senador Gustavo Petro por la sanción que le impuso la Contraloría Distrital y que el pasado 11 de noviembre dejo en firme el Consejo de Estado al decretar que, el burgomaestre causo daño patrimonial a Bogotá por la reducción del pasaje de Transmilenio.
Lastimosamente, el 100 % de las movilizaciones
terminan siendo cooptadas por intereses político
que priorizan el escándalo mediático por las soluciones estructurales
Lastimosamente, el 100 % de las movilizaciones terminan siendo cooptadas por intereses políticos que priorizan el escándalo mediático por las soluciones estructurales.
Si bien el fin de la protesta es cambiar una situación entre el Estado y la ciudadanía, lo único que hemos visto que ha cambiado es la rutina de millones de colombianos que de alguna u otra forma han sido víctimas de las mal llamadas protestas.
Económica y socialmente, las marchas han desgastado más a los colombianos de a pie que al mismo gobierno que dicen presionar.
Por poner el ejemplo de Bogotá en lo que va corrido del 2018, la alcaldía ha tenido que pagar 1500 millones de pesos por los ataques reiterados y sistemáticos a Transmilenio.
La administración debe reparar más de 18 estaciones dañadas y 65 articulados atacados, sin tener un estimado del número de colados que se incrementa en las protestas. Asimismo, un trabajador que en promedio gasta entre 45 minutos y 1 hora del trabajo a la casa, duplica el tiempo de espera cuando se presentan estas movilizaciones, más de 1 520 000 personas perjudicadas que debían volver a sus casas o asistir a estudiar o trabajar no lo pudieron hacer.
Las marchas se han convertido en el escenario perfecto para los ataques de infiltrados a emisoras radiales, propiedad privada, espacio público y fuerza pública. Vale la pena recordar la triste escena en donde un policía por poco es incinerado tras el ataque con bomba molotov en las inmediaciones de RCN Radio, para darse cuenta que las marchas hoy en día han perdido su rumbo y representan un peligro para la ciudadanía.
No es justo que millones de colombianos se vean afectados casi a diario por una protesta nueva. Es tiempo de sentarse a negociar con coherencia y sensatez con un gobierno que en reiteradas ocasiones ha tenido la disposición de hacerlo.
Recuerden que la primera marcha se apoya, se aplaude y se participa, la segunda se apoya y se aplaude, la tercera se aplaude, la cuarta se cuestiona y la quinta –ya desgastada y sin legitimidad- se castiga con indiferencia, rechazo y desaprobación.
@josiasfiesco
