El concejal del Partido de la U, Rubén Darío Torrado, reveló durante el debate de austeridad en el gasto público, citado para el jueves 26 de abril en el Concejo de Bogotá, que desde la Secretaría de Hacienda no se han impartido directrices para que las entidades gasten los recursos de manera responsable.
La discusión se centró en cuestionar los grandes gastos de la ciudad que no han contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida de los bogotanos. “En la capital del país hay una feria de despilfarro de los recursos públicos”, dijo.
Uno de los temas que más llamó la atención fue el que involucra al alcalde Enrique Peñalosa, ya que según dio a conocer el concejal, el mandatario local “contrató por medio de la Secretaría General de la Alcaldía a tres cocineros personalizados” para que atiendan cada una de sus reuniones con “disposición 24/7”, servicio que le cuesta a los bogotanos 159 millones de pesos al año.
Sobre arriendos, puso en evidencia que varias entidades dispersas por la ciudad que no cuentan con una sede propia, están gastando importantes recursos en alquileres en zonas exclusivas.
Algunas de las cuestionadas por los exagerados costos en arriendos son TransMilenio; Veeduría Distrital; Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial; Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia; Empresa Metro y Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), entre otras, por las que la administración anualmente paga una cifra cercana a los 40.000 millones de pesos por concepto de alquileres.
Torrado también enfatizó en el negocio de los arriendos con muebles, denunciando que la Secretaría de Seguridad, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Veeduría Distrital, la ERU y el Instituto de Protección Animal contrataron a dedo a la empresa Famoc Depanel para el requerimiento de nuevas sedes.
“Lo más grave no es la selección a dedo de la empresa, sino que esa empresa no brinda soluciones inmobiliarias, se dedica es a la fabricación de muebles y divisiones para oficinas. Todas estas entidades están contratando con una empresa que ni siquiera es la propietaria de las oficinas”, recalcó.
El cabildante insistió en que “tienen el negocio redondo” porque “subarriendan los inmuebles y dotan las oficinas, con lo que aseguran que su producto circule, hacen que les aseguren los muebles, cobran casi lo mismo por mobiliario que por metro cuadrado del inmueble, y al finalizar se quedan con los muebles que ya cobraron”.
Sobre gastos en publicidad, informó que el proyecto “Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá” cuenta con 27.000 millones de pesos para su ejecución, teniendo más recursos que 13 entidades distritales.
“Entre el proyecto de inversión de autopropaganda, los gastos de impresos y publicaciones, y los gastos de promoción institucional, Bogotá está gastando al año una suma cercana a los 44.000 millones de pesos”, manifestó, relacionando también los honorarios de María Elena Romero Rocha, quien recibe casi 32 millones de pesos mensuales por servicios de asesoría en la estrategia comunicacional del Distrito.
De la misma forma, el concejal se mostró preocupado por la contratación de personas con salarios exorbitantes y con funciones similares a las de algunos directivos de la Alcaldía.
“La ciudad no está pagando por ninguna asesoría, sino porque estas personas acompañen al alcalde a eventos o asistan a reuniones que ni siquiera organizan ellos mismos”, denunció, al exponer que solo para el 2018, “Bogotá va a dejar en bolsillos de estas personas, 2.087 millones de pesos”.
Asimismo, subrayó que no ve bien que existan “358 vehículos destinados a mover funcionarios que no montan en un TransMilenio, aunque viven promoviendo su uso ante las cámaras”.
Por otra parte, criticó fuertemente la contratación de múltiples consultorías que también son asesorías técnicas y que no están brindando los resultados esperados, así como los gastos de altos funcionarios en caja menor, a los que según él “no les alcanza su sueldo y sus gastos de representación, sino que utilizan los recursos de las entidades para darse lujos absolutamente innecesarios de carácter personal”.
Almuerzos de 67.000 pesos, cubiertos exclusivos de 209.000 pesos, cargadores de más de 101.000 pesos y tapetes de 37.000 pesos, “son algunos de los excesivos gastos que funcionarios del Distrito hacen con dinero de los bogotanos”, declaró.
Finalmente, rechazó lujos innecesarios de más de 3 millones de pesos por parte de funcionarios públicos, poniendo el ejemplo de María Claudia López, secretaria de Cultura, que solicitó el iPhone 8 para poder realizar sus funciones. “En otras secretarías el celular favorito también es iPhone, teniendo un total de 71 equipos”, concluyó.
