La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) decidió sumergirse en la contratación del COVID-19. Desde que se declaró la emergencia económica, sanitaria y social los alcaldes y gobernadores del país comenzaron a contratar a diestra y siniestra ayudas para mitigar el golpe de la pandemia que frenó todos los sectores productivos y confinó a las personas que viven del día a día.
Sin embargo, esa libertad para adelantar contratación exprés se tradujo en corrupción. Pares se dio a la tarea de revisar cientos y cientos de contratos y se encontró con por lo menos 313 e 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades.
Sobrecostos en mercados y kits de aseo, doble facturación, falsos o inexistentes estudios previos y beneficios a financiadores de campañas fueron algunos de los hallazgos que quedaron registrados en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en la pandemia, en el que se priorizaron la contratación adelantada por 15 gobernadores y alcaldes para beneficiarse de alguna manera:
