Solo hace cuatro meses, el pasado enero de 2022 el Impec trasladó a Kiko Gómez de La Picota por sus rumbas desaforadas. El Año Nuevo lo recibió el exgobernador de La Guajira, condenado a más de cincuenta años de cárcel por el homicidio de uno de sus rivales políticos, entre el jolgorio del Chivas Reagal y los saludos efusivos de Poncho Zuleta, uno de sus más firmes admiradores. A pesar de la evidencia de la indisciplina del jolgorio, Kiko Gómez fue trasladado a la cárcel del Bosque de Barranquilla, algo que sus detractores consideraron un premio más que un castigo.
En esta cárcel de Barranquilla, Kiko Gómez fue a parar en el pabellón destinado a los servidores públicos. Allí se encontró con distinguidos criminales de cuello blanco como Emilio Tapias, el paradigma de lo que es un contratista corrupto, envuelto en desfalcos impactantes y devastadores como el Carrusel de la contratación, o incluso el de Centros Poblados donde fue uno de los implicados en el robo de $ 70 mil millones destinados a la conectividad de las zonas rurales del país.
Allí también estaba Carlos Mattos, el hombre fuerte de Hyundai. A sus 75 años, uno de los peores temores que podría tener este empresario era pasar el resto de sus días en la cárcel. Sin embargo, en 2018, por corromper a dos jueces que seguían su caso por presunta manipulación al sistema de repartos, en donde ofreció $ 2.000 millones al juez Reinaldo Huertas para fallar a su favor, fue condenado a cinco años de cárcel. Los estaba pagando en La Picota.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2020, agentes del CTI descubrieron que el empresario nacido en Codazzi, Cesar, había estado saliendo cuando quería de La Picota a hacer vueltas personales y llevaba una vida normal a pesar de su condena. Por eso, tomaron cartas en el asunto y fue trasladado a la dura y fría cárcel de Cómbita. Allí no duraría mucho. Sus abogados se movieron y consiguieron, argumentando percances de salud, trasladarlo al pabellón de servidores públicos de El Bosque en Barranquilla.
Estar en este pabellón no sólo le representaba a Mattos y a los otros condenados como Kiko Gómez estar en un clima más amable, un ambiente en el que podrían sentirse a gusto, sino que sería la antesala a una casa por cárcel. Y además estaba por delante la rumba.
Si bien Mattos vivió una vida de lujos, con apartamentos ampulosos en España y Colombia, las preocupaciones lo tienen sumido en un mutismo que no le ha impedido participar en el jolgorio colectivo en el que estaban el resto de compañeros de pabellón.
El viernes, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó hacerle una inspección a este pabellón y encontraron botellas de licor vacías y el vestigio de que este lugar era tratado por sus reclusos como si fuera una discoteca.
El 13 de septiembre de 2022, un mes después de haberse posesionado como presidente, Gustavo Petro nombró a este boyacense como director del Inpec. Tiene 41 años y la mitad de ellos se los ha consagrado a la policía.
Desde su llegada a la Dirección del Inpec, Gutiérrez ha estado empeñado en acabar con privilegios para algunos reclusos porque las penas las pueden cumplir en cualquiera de las 126 cárceles y no existe el derecho de las personas condenadas para pagar la pena en un centro de reclusión escogido a su arbitrio, cerca a sus lugares de origen, como ha ocurrido en algunos casos.
Esta ha sido también la respuesta del nuevo Gobierno a los constantes escándalos que tenían al Inpec en el ojo del huracán. Las constantes salidas de presos, casos como el de alias Matamba que se fugó ante la vista de todos los guardias o el de Carlos Mattos hicieron que la permanencia en el cargo del brigadier general Tito Yesid Castellanos en la dirección del Inpec en ese momento, fuera insostenible. Por cuenta de este nefasto precedente el nuevo director se apretó el cinturón y actuó con firmeza frente al primer acto de indisciplina reportado como en la última semana de mayo.
También fue cogido in fraganti, abusando de permisos de salida, casi siempre amparados por citas médicas, y quien tampoco desperdició rumbas en la cárcel Bosque fue Salvador Arana, exgobernador de Sucre, quien fue condenado por el asesinato del Alcalde del Roble, actuación confirmada por Mancuso ante la JEP. El juez Abelardo Andrade Mariño, condenado por haberle vendido un habeas corpus a Kiko Gómez, también está en el grupo de los indisciplinados que serán trasladados a otras cárceles.
Las decisiones de traslado ya están en curso. Kiko Gómez no regresará a La Picota donde ya conocía las mañas sino que será terminará en un lugar ajeno para él, la cárcel de La Dorada. Los otros presos serán repartidos entre La Picota, Caldas y Cómbita, que, con la nueva dirección del coronel Gutiérrez pintan como fortalezas inexpugnables.
