De un proceso eleccionario democrático para definir candidatos presidenciales, se debe esperar al menos, que no haya violencia ni fraude.
En Colombia lamentablemente, esos dos fantasmas nos persiguen.
En términos de violencia, el paro armado del ELN, así como las generalizadas amenazas de las diversas expresiones de las "Águilas Negras", los asesinatos de líderes y lideresas sociales y las no pocas referencias del gobierno y el uribismo de estigmatizar a sus contradictores como agentes de la violencia que ellos practican, configuran un cuadro que trata de nuevo de intimidar y generar miedo para que al igual que lo han hecho en los últimos 20 años, ganen elecciones. Por fortuna a pesar de esa violencia, se va entendiendo que la paz que necesitamos, la debemos alcanzar respaldando los proyectos del Pacto Histórico pudiendo así derrotar al uribismo.
El otro es el fraude. Ya hoy se sabe que hace 4 años lo hubo.
Así fue con la compra de votos de Aida Merlano y que vincula a Alex Char, hoy candidato presidencial de la derecha extrema. Pero también la Ñeñepolítica mostró la entrada de dineros del narcotráfico en la campaña de Duque.
Y este es nuevamente el peligro que se corre para el 13 de marzo.
Ya se habla a gritos de la compra de votos en todo el país. Según el Dr. Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, con la eliminación de la ley de garantías de los contratos interadministrativos, se firmaron 645.495 contratos por la suma de $52 billones y el 40 % de esa contratación fue "directa", léase a dedo
Es evidente que con ese descomunal fuente de ingresos en todos los territorios, la politiquería y el clientelismo comprará votos, para los partidos de gobierno.
Adicionalmente se señala que el fraude inicia en la mesa de votación, con jurados nombrados en gran proporción por los partidos de gobierno y sus aliados de alcaldes y gobernadores.
Ellos tienen gran capacidad de inducir al elector. Ahí está la denuncia que desde Miami se ha conocido, cuando los jurados solo entregan la consulta del Equipo por Colombia. Y sabemos la forma como modifican las actas y los formularios E14 y E22. Esta ha sido una práctica inveterada.
Allí será importante que se les permita a los testigos electorales actuar sin ninguna coacción, en plena libertad.
Otro tema delicado es el software de los 7 programas establecidos para el proceso electoral. Solo se tiene acceso a uno, el del conteo nacional. Allí hay una gran desconfianza.
Sobra advertir que el Registrador Nacional hace unos pocos días nombró nuevos registradores municipales, lo que genera más dudas sobre la transparencia del proceso.
Sigue sin tener respuesta adecuada, la diferencia que se conoció, a finales del año pasado, de 5 millones de personas de diferencia en la población de colombianos, entre 55 millones que afirmó el Registrador y los 50 que afirmó el director del Dane. Se dice que esa diferencia implica que hay 5 millones de cédulas deambulando a lo largo y ancho del país, que obviamente han administrado de tiempo atrás desde la registraduría nacional, como ha de sospecharse en favor de los partidos y candidatos del respectivo gobierno.
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El presidente Duque y la vicepresidenta Martha Lucía se empeñan en estar llamando a respaldar a los partidos y candidatos afines al gobierno y criticando la de los de la oposición
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El gobierno, a pesar de que se les está prohibido participar en política, tanto el presidente Duque, como la vicepresidenta Martha Lucía, se empeñan en estar refiriéndose a las campañas electorales, llamando a respaldar a los partidos y candidatos afines al gobierno y criticando la de los de la oposición, especialmente estigmatizando a Gustavo Petro.
Una mención especial es la forma como victimarios y partidos de gobierno vienen desnaturalizando las 16 curules de la paz, solo para las víctimas, al tener candidatos de victimarios con respaldo de dichos partidos lo cual no estaría permitido.
En conclusión, estamos frente a múltiple riesgos, que podrían desembocar en un gran fraude.
A más de la vigilancia de los testigos electorales de los partidos y movimientos alternativos y progresistas, por gestión del movimiento social y varias organizaciones no gubernamentales, se han acreditado varios misiones de observación electoral, que consideramos muy pertinentes en este momento. Ojalá sean suficientes para disuadir a quienes desde el gobierno y sus aliados propendan por un fraude.
Lo que es adicionalmente efectivo para que el fraude no cambie los resultados de un país que lo quiere, tal como se vió desde el estallido social de noviembre de 2019 y abril de 2021, es un tsunami electoral que desborde la participación electoral y respalde las listas al senado y cámara del Pacto Histórico y a su muy destacado candidato presidencial Gustavo Petro.
Posdata: hay excelentes candidatos al senado en la lista del Pacto Histórico. Entre otros, Edwin Palma expresidente de la USO y abogado especialista en derecho laboral y Consuelo Ahumada, académica y especialista en temas de paz, mujer y asuntos internacionales. Son claves para la agenda legislativa de un gobierno del cambio.
