El comienzo del año 2016 llegó con una agitada agenda política para el país, la posesión de alcaldes y gobernadores arrancó con el anuncio de un centenar de investigaciones contra estos funcionarios públicos, que advierten sobre la posibilidad que al menos 350 mandatarios tengan cuentas pendientes con la justicia y no puedan terminar sus periodos. A esta polémica, en la última semana se ha sumado una nueva, la elección de contralores departamentales. Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación ha abierto 135 investigaciones relacionadas con los procesos de elección de contralores, quienes serán los máximos responsables del control fiscal de las administraciones departamentales y municipales en el país.
La elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo de municipios y departamentos, ha estado marcada por el interés de políticos que buscan favorecer a sus redes con el propósito de tener control sobre estos órganos y de esta manera bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales.
Entre los casos que han alertado a las autoridades se pueden destacar al menos cuatro: la elección de Emilio Otero en Córdoba, César Cerchiario en Cesar, Ricardo Salinas en Magdalena y Miguel Arrázola Sáenz en Sucre. La expectativa por que la elección de los organismos de control estuviera menos viciada y politizada que en anteriores ocasiones era alta, en tanto una de las mayores transformaciones de la reforma política de 2015 fue la modificación en los mecanismos de elección de este órgano.
Emilio Otero, fue elegido por unanimidad (con 13 votos) en la asamblea departamental de Córdoba, el exsecretario del congreso durante diez años consecutivos, tiempo en el que acumuló 10 denuncias penales y disciplinarias documentadas en contra del funcionario, ninguna avanzó, pese a la rigurosidad de las pruebas, actualmente es reconocido hombre de confianza de la red política de Bernardo el “ñoño” Elías.
El escándalo inició desde que la asamblea decidió contratar el proceso de evaluación con la Corporación Unificada de Educación Nacional –CUN- entidad que suscribió contratos por un valor de 56.000 millones de pesos a manos de la administración de Alejandro Lyons, aliado de Musa Besaile y de Bernardo Elias, de quien además es cuñado. En el mes de diciembre, la oficina de transparencia de la presidencia de la Republica se pronunció sobre los intereses que tenían dirigentes políticos de hacer la contratación con esta entidad universitaria y verse favorecidos, como justamente sucedió. La elección de Otero es otra muestra del poder departamental de los “Ñoños” quienes con la elección de Otero se blindan de cualquier investigación que puedan tener en su contra y así favorecer a la red de contratistas que les ha permitido crecer en los últimos años. Se ha podido establecer que la elección de Otero, impulsada por Bernardo Elías hace parte de la repartición burocrática que ha hecho Musa y Elías, quienes se unieron para apoyar la elección de Edwin Besaile (hermano de Musa), con el objetivo mantener todo en familia.
En el departamento del Cesar, la elección de Cerchiario se dio en medio de serios cuestionamientos que impedirían el ejercicio de contralor por conflictos de intereses. Cerchiario fue gerente de la campaña de Francisco Ovalle, actual gobernador. Además hace parte de la casa Gnecco, la cual apoyó con recursos de la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y de la cual fue secretario general.
En Valledupar, capital del Cesar, el concejo eligió a Álvaro Luis Castilla, quien figura como uno de los aportantes a la campaña de Augusto Ramírez Uhía, actual alcalde y sobre quien pesan investigaciones por el favorecimiento de terceros en el despojo de las propiedades sabana 1 y sabana 2, donde en 2011 firmó ante notaría pública un documento que lo comprometía a invertir recursos públicos para favorecer a los invasores. Por supuesto, la elección de Castilla debió ser anulada tan pronto se conoció que él fue uno de los financiadores de la campaña de Uhía.
Hechos similares ocurrieron en la elección del contralor de Magdalena y Sucre. En el primer caso, Ricardo Salinas fue elegido con el visto bueno de la familia Cotes, el abogado Salinas sería muy cercano al ex gobernador Luis Miguel Cotes, sobrino de la actual gobernadora Rosa Cotes, una de las gobernadoras más cuestionadas en las elecciones pasadas. Mientras tanto, en el departamento de Sucre, el contralor resultó electo Arrázola Sáenz, quien fue el ex abogado del actual gobernador Edgar Martínez.
El cuestionado gobernador del departamento del Tolima Óscar Barreto, quien enfrenta más de ocho procesos penales es otro de los mandatarios que aparentemente tuvo injerencia en la elección del contralor departamental. Edilberto Pava Ceballos, quien estuvo frente a la campaña de Barreto, fue elegido con 11 votos de los 15 diputados que conforman la asamblea del departamento del Tolima.
En 2015 la reforma de equilibrio de poderes introdujo cambios en la elección de contralores y personeros con el propósito de hacer de la elección un proceso más transparente y meritocrático. El proceso de selección de candidatos cambió, y pasó de ser elegido por ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo, a ser un proceso de selección de méritos por concurso público que debía ser evaluado por medio de test de conocimiento y entrevistas. Sin embargo, las casas políticas cuestionadas, se las ingeniaron para burlar y corromper la elección a su favor, de nuevo “yo te elijo, tú me cuidas”. Vale la pena destacar, que a pesar de los esfuerzos en el cambio de la configuración de los postulados, la responsabilidad final de la elección se mantiene en los concejos municipales y las asambleas departamentales, factor que permite la injerencia de los políticos en la elección de estos órganos
Queda claro que el esfuerzo de la reforma ha sido anulado, y los clanes políticos regionales se han quedado no solo con los puestos de elección popular sino también con los organismos de control. Hecha la ley, hecha la trampa.
