El llamado fin de la Primera Guerra Mundial fue tan solo un entreacto. Lo mismo deberíamos plantear con franqueza en Colombia —si no primara la voluntad de cometer memoricidio para lavarle las manos a los responsables— al referirnos a las sucesivas firmas de acuerdos de paz del gobierno colombiano con las guerrillas, que vienen sucediendo desde el tiempo en que se firmó la paz con las guerrillas que tuvieron su origen en 1950, como consecuencia del genocidio oficial al gaitanismo desde 1946, a partir del momento en que Mariano Ospina Pérez tomó posesión de la Presidencia de la República, instaurando el gobierno llamado de Unión Nacional, que agrupaba a la oligarquía liberal y conservadora, aun cuando las semillas datan de 1945, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, para impedir el ascenso del pueblo al poder.
El tratado de paz de Versalles, firmado en 1919, impuso enormes obligaciones a Alemania para indemnizar a los vencedores, por lo que el tratado no tuvo éxito, ya que Alemania señaló que habían sido falsos pretextos los que la habían llevado a firmar el armisticio, creyendo que la paz era una “paz sin vencedores”. Las condiciones a las que se sometió a Alemania para rendirse fueron sin duda la causa, años más tarde, del alzamiento de Hitler. Es por ello que un gran número de historiadores considera que jamás finalizó la primera guerra mundial, sino que solo fue un largo cese al fuego mientras comenzaba la siguiente etapa: la Segunda Guerra Mundial.
En Colombia la lucha guerrillera no ha cesado ni cesará, mientras los acuerdos de paz solo sean formalidades de parte del Estado para incumplir posteriormente lo pactado y señalar, como responsables del conflicto, al pueblo, mientras que los dirigentes políticos quedan exentos de toda culpa.
Tampoco habrá paz mientras se acuerde entre las partes “un borrón y cuenta nueva” con el pasado, porque la frustración de los acuerdos de paz deja una huella permanente, tanto factual como psicológica. Y, mientras los hechos pasados no se consideren parte integral de los sucesos presentes, seguiremos repitiendo, como noria, unas etapas de guerra y unos procesos de paz sin que el carrusel de la muerte se detenga.
Establecer como tiempo del conflicto 83, 64 o 54 años no es un asunto trivial, es una posición ideológica. Quien niega que el conflicto data de 83 años atrás está cometiendo —deliberada o estólidamente— una grave negación a la verdad. Mientras no nos detengamos a analizar los inicios y los subsiguientes procesos de paz, seguiremos arrastrando el lastre histórico que no permitirá vencer el conflicto. No en vano los políticos y los historiadores europeos reconocieron, como factor determinante para lograr la paz estable, que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial.
Nadie puede olvidar la traición a los acuerdos de paz pactados por el gobierno de Rojas Pinilla con las primeras guerrillas nacidas en el año 1950, cuyos máximos líderes, en su gran mayoría, fueron asesinados, sobreviviendo algunos combatientes y testigos de la época que, más adelante, se incorporarán a organizaciones orientadas por dirigentes marxistas. Es el caso de Manuel Marulanda, dirigente histórico, fundador de las Farc.
Se le oye decir a Manuel Marulanda Vélez, en el libro Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, escrito por Arturo Alape, que “La familia de nosotros era gaitanista. Uno les oía comentar… que con el triunfo de Gaitán —al tío se le aguaba la saliva en la boca— se desarrollaría en el país una política de colonización para los sin tierra y los sin trabajo, que les darían muchos créditos para el derrumbe de montañas”. Marulanda concluye diciendo bellamente: “el árbol de la ilusión quedó cortado de raíz con el asesinato de Gaitán, las palabras cogieron rumbo tras la montaña”.
Toda esta historia, con raíces en el pasado, fue objeto de memoricidio cuando la Junta Militar, que asume el poder después de la caída de Rojas Pinilla, a instancias de Alberto Lleras contrata a Monseñor Guzmán para que haga una compilación de los hechos violentos de los períodos pasados, trabajo que más adelante se concretará en el famoso libro La Violencia en Colombia que, premeditadamente, silencia los orígenes de esa violencia, ocultando la culpa inexorable de los gobiernos de Alberto Lleras y Mariano Ospina Pérez.
Porque los procesos de paz, que en realidad de verdad han perpetuado soterradamente la guerra mediante la traición a los combatientes desmovilizados, utilizan como armas de lucha el memoricidio y la distorsión de los hechos. De ahí el gran combate que se libra hoy para ahogar la JEP, manipular el Centro de Memoria y convertir a los luchadores populares en “víctimas”, despojándolos de su carácter de batalladores, porque el concepto de víctima hace parte del lenguaje patriarcal, que convierte al combatiente en un ser mendicante, despojándolo de su condición de combatiente popular que exige, que reclama y que lucha por sus derechos, único camino para que renazca la esperanza y la fe, que son armas que, de mantenerse pujantes, son las más poderosas.
La Comisión de la Verdad tiene como tarea establecer, esta vez sí, los orígenes del actual conflicto, que se remontan a la década de los años cuarenta. Solo así se hará un diagnóstico correcto del problema para curar de raíz la enfermedad.
