La Gobernación de Antioquia debe fijar su mirada en la aplicación de estrategias para erradicar los cultivos ilícitos y sustituirlos por productos agrícolas y pecuarios rentables.
Para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos están presentes en el Bajo Cauca antioqueño. Una situación que ha contribuido con el poco desarrollo de esta subregión en temas de infraestructura, educación, salud, y sobre todo en temas sociales. Durante mi intervención como diputado de Antioquia y como agricultor en el debate sobre la situación de orden público en el Bajo Cauca, planteé la importancia de reflexionar: ¿Son la pobreza y las condiciones económicas los detonantes del conflicto o es el conflicto el detonante de la pobreza en el Bajo Cauca Antioqueño?.
El amplio conjunto de actores armados ilegales que se han disputado el control de la región se explica en gran medida por su ubicación estratégica, ya que hace parte de un corredor de movilización que va desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño. De esta manera, la zona permite encadenar áreas de producción de coca, rutas de transporte y puertos de exportación de la sustancia, proceso facilitado por otros factores como el recorrido que traza el río Cauca. Sin embargo, si un campesino quiere sembrar productos lícitos como la yuca que está en $1.200 el kilo, en la actualidad no tendría ni las vías ni las condiciones para sacarlas de sus fincas, condiciones que ha afectado profundamente a esta población.
Y es que en mi opinión para que se puedan contrarrestar estas problemáticas se debe hacer inversión social e involucrar de manera directa a los grupos sociales del Bajo Cauca. Las asociaciones de mujeres, las juntas de acción comunal y los grupos étnicos, entre otros deben ser aliados y constructores de paz.
Casos concretos son los municipios de Tarazá que según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) es uno de los 10 municipios en los que se encuentra el 44 % de la coca sembrada en 2018 y cuya población étnica representa el 6.5%, y Cáceres en donde se han presentado asesinatos, amenazas y desplazamientos y en donde los grupos étnicos que representa el 27% del total de la población podrían contribuir de manera decidida en la resolución y en la búsqueda de alternativas frente al conflicto armado. Por ello, se hace necesario el trabajo articulado entre las distintas dependencias de la gobernación y los actores institucionales locales (consejos comunitarios, cabildos indígenas). Estos actores locales deben contar con el acompañamiento constante y se les debe garantizar su fortalecimiento comunitario constante.
Otro aspecto importante es la certificación de los agricultores de esta región, en aras de garantizar las buenas prácticas agrícolas y la exportación de lo producido, lo que mejorará satisfactoriamente las ganancias.
En conclusión, el gobierno debe apuntar su mirada al Bajo Cauca, involucrar a los actores sociales, ejecutar los planes de acción para la sustitución de los cultivos ilícitos y arrebatarle a los grupos al margen de la ley a esta población que estoy seguro quiere salir de estas condiciones que en últimas solo conlleva a más violencia.
