Luego que se anunciara el inicio de una jornada de reclutamiento en todo el país a partir del jueves 31 de julio de 2014, nuevamente y como ya es habitual, se presentaron en Bogotá las conocidas “batidas”, que no son otra cosa que detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. En un camión de placas SHI-203, estaban siendo conducidos el día de hoy jóvenes al batallón Guardia Presidencial y en estos momentos se encuentran allí.
En las inmediaciones del Guardia Presidencial en el centro de Bogotá, y ante los ojos aparentemente indolentes de la administración de la Bogotá Humana y su Dirección de derechos humanos, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá; se viven los dramas humanos de las madres que ven a sus hijos en los camiones del ejército, camino a una guerra que no entienden y de la cual no quieren ser parte.
Si bien el servicio militar es obligatorio en Colombia, este requiere unos protocolos que no son respetados por las unidades militares. Los militares deben solicitar a los jóvenes que se acerquen a los batallones para que allí les sean realizados exámenes y se identifiquen excepciones contempladas en la Ley (desmovilizados, víctimas del conflicto armado, Indígenas, ciudadanos con limitaciones físicas y sensoriales permanentes, hijos únicos y menores de edad).
En la práctica y según múltiples quejas ciudadanas en Bogotá, el reclutamiento se inicia en manos de la Policía Nacional desde las Unidades Permanentes de Justicia UPJ que retienen a los jóvenes y los mantienen en camiones a veces más de 24 horas, para luego conducirlos a la UPJ y es en la madrugada cuando llegan los camiones del ejército y llevan a los jóvenes a regiones distantes como el Caquetá, Putumayo, Guaviare. Teniendo en cuenta que las “batidas” se realizan en barrios populares donde la pobreza impera, llevar jóvenes a otros departamentos hace virtualmente imposible que sus familiares se desplacen a esos lugares para exigir respuesta o pedir una explicación, que casi nunca llega.
La sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional es clara en señalar que las autoridades militares no pueden realizar “batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración pues esta práctica implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional”. Sin embargo y teniendo en cuenta la importancia de la Sentencia en defensa del derecho a la libertad, el ejército vulnera los derechos humanos cuando incurre en estas prácticas.
El año anterior se puso en evidencia en Canal Capital que en algunos casos los jóvenes ni siquiera son conducidos en vehículos del ejército, sino que son llevados a los diferentes batallones en regiones como el Caquetá, Putumayo o Casanare en buses intermunicipales con personal militar vestidos de civil, en cuyo caso se estaría incurriendo en graves infracciones al derecho Internacional Humanitario (el principio de distinción de combatientes).
La pregunta obvia a todas estas irregularidades que de viva voz pudieron documentar algunos jóvenes que promueven el derecho a objetar conciencia ante el servicio militar y proponen la prestación de un servicio social comunitario como opción a la obligatoriedad de ser parte de un ejército es ¿Dónde están las autoridades que debieran defender a los ciudadanos? ¿Por qué la Secretaría de Gobierno de Bogotá no ha puesto cartas en el asunto? ¿Qué pasa con organismos como la Defensoría del Pueblo? ¿Qué pasa con el ministerio público en cabeza del Procurador Ordoñez y la Personería de Bogotá? ¿Cuánto dinero cuestan en impuestos de los colombianos estas entidades para que no se pongan del lado de los más débiles, cuando es el mismo ejército el que vulnera sus derechos?
La denuncia y las respuestas claras de las autoridades militares, así como la eficiente respuesta de otras entidades que por mandato debieran estar del lado de los ciudadanos, esperaríamos que cambiaran una historia de atropellos e impunidades cotidianas.
