Seis grandes empresarios habrían armado gigantes haciendas en Córdoba y Antioquia con tierras baldías que pertenecían al Estado. Para ello se habrían utilizado dos modalidades: primero, logrando que funcionarios del Incora les adjudicaran tierras baldías que según la Ley 160 de 1994 deberían ser para campesinos; y la segunda, se trataría de la compra de parcelas que habían sido entregadas a campesinos en la reforma agraria, antes de los 15 años que estipula la ley.
La investigación fue realizada por Iván Cepeda, el representante del Polo Democrático, quien envió las respectivas denuncias a la Fiscalía y le solicitó al Incoder investigar los casos para proceder a una eventual nulidad de estas adjudicaciones.
Los empresarios que deberán responder por la presunta acumulación ilegal de tierras son siguientes:
ERNESTO GARCÉS SOTO
Es uno de los caficultores más ricos del país con gran cantidad propiedades en el municipio de Sabaneta, municipio vecino de Medellín. Posee fincas ganaderas en Córdoba y Antioquia. Todos sus bienes están a nombre de la sociedad familiar Galerma S.A. Estuvo detenido tras una acusación de conformación del grupo paramilitar “La Escopeta”, investigación que recluyó por vencimiento de términos.
Garcés se habría beneficiado de una presunta adjudicación indebida de baldíos a través de la oficina del Incora en Medellín, cuyo gerente era el conservador Miguel Pineda, en momentos que era Ministro de agricultora Rodrigo Villalba en el gobierno de Andrés Pastrana.
Se tratan de 42 predios, ubicados en la vereda La llusión en Ayapel, municipio de Caucasia que suman más de 3.000 hectáreas, adjudicados el 31 de diciembre de 2001 a sus cuatros hijos y a dos personas cercanas a él, los señores: Honorio Vélez y Alejandro Garcés Acosta. El 29 de noviembre de 2002 a través de la misma oficina del Incora, le fueron adjudicados 14 predios más, ubicados en la vereda Santa Rosita, municipio de Caucasia en Antioquia, los cuales terminaron siendo comprados el 20 de junio de 2007 por Alejandro Garcés Acosta y Garlema S.A.. Pineda es copartidario de Ernesto Garcés quien ha sido un activo militante del Partido Conservador, e intentó llegar a la Asamblea Departamental de Antioquia en 2011 con el respaldo de los ganaderos del departamento.
WILLIAM VÉLEZ SIERRA
William Vélez Sierra es un poderoso empresario del sector de servicios de electricidad, aseo, agua y es cabeza del Grupo Ethus, un holding de empresas con presencia en varios países. Poseedor de importantes extensiones rurales en el departamento de Córdoba, compró en 1993 un predio que había sido adjudicado como baldío en septiembre de 1993 y que en el 2001 resultó entregando como pago de acciones a la empresa Inversiones Las Cumbres S.A. cuyo socio mayoritario es él mismo. Su hija Lina María Vélez Gaviria es propietaria de dos predios inicialmente adjudicados como baldíos que suman 43 hectáreas, vecinos de los de su padre.
Vélez Sierra es muy cercano a Álvaro Uribe Vélez por una vieja amistad con el padre del expresidente Alberto Uribe Sierra. De hecho financió sus dos campañas a la Presidencia de la República. Así mismo, participó en la remodelación del Aeropuerto ElDorado, en la malla vial de la avenida 26 y la carrera décima. Además su fuerte es controlar el aseo en cerca de 14 capitales de Colombia.
WILLIAM SALLEG TABOADA
William Enrique Salleg Taboada es uno de los dueños y director general del periódico El Meridiano de Córdoba. Sallleg cuenta en la actualidad con ocho predios en el municipio de San Carlos, que fueron baldíos. Habría adquirido tres predios más de forma similar y que finalmente le transfirió a su hermano.
GUSTAVO BARBOSA Y EL GRUPO KANGUROID
Gustavo Barbosa es fundador del Grupo empresarial Kanguroid y Representante legal de la Reforestadora Paramillo en Tierralta (Córdoba). La Reforestadora habría adquirido 304 hectáreas mediante la compra de parcelas adjudicadas a campesinos en el marco de programas de reforma agraria en Tierralta, sin que hubiesen transcurrido los 15 años que prevé la ley para que estas tierras pudieran ser vendidas.
PEDRO IGNACIO GHISAYS
Pedro Ghisays Chadid, influyente hombre de negocios de Córdoba, empresario del chance y de licores. Adquirió 17 predios que habían sido adjudicados como baldíos entre 1997 y 2004, a campesinos de Tierra Alta, San Pelayo y Canalete, para un total de 808 hectáreas. Once de dichas adjudicaciones fueron realizadas durante el 31 de diciembre de 2004 por la regional Montería del recién creado Incoder cuyo gerente fue el monteriano Arturo Vega, siendo ministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano y Presidente Álvaro Uribe. Pedro Ghisays adquiere nuevos predios de la misma forma, que fueron englobados en el 2005, dando origen a la Finca la Esperanza.
ABRAHAM GANEM
Abraham Ganem Sofan junto a sus hijos Rosa María, María Victoria, Mery, William y Abraham Elías Ganem Bechara, sin duda son los mayores propietarios de tierras en Córdoba.
Ocho (8) predios inicialmente adjudicados como baldíos entre 1993 y 2010 con una extensión de 158 hectáreas, han sido acumulados conjuntamente por parte de William y Abraham Elias Ganem, los cuales fueron adquiridos entre 2002 y 2011. Cinco de los ocho predios fueron englobados con otros bienes dando origen a extensiones mayores de tierras. Adicionalmente William Ganem junto a su esposa presuntamente han acumulado cinco (5) predios con una extensión que sobrepasa las 225 hectáreas, los cuales aun conservan. Por último, tres predios inicialmente adjudicados como baldíos entre 1990 y 2005 fueron adquiridos y presuntamente acumulados por los Hermanos Ganem: Rosa María, María Victoria, Mery, William y Abraham Elías Ganem Bechara, entre los años 2004 y 2007, tierras que alcanzan una extensión de 92 hectáreas.
Todos estos casos serán investigados por la justicia a través de la Fiscalía, la Contraloría y el Incoder, entidades a las que fueron remitidas las denuncias hechas por el representante Cepeda, quien además anunció un debate para marzo del próximo año, en el que presentará más casos que se encuentra estudiando. De acuerdo a la investigación que lleve a cabo el Incoder, serán los jueces de la República quienes puedan declarar la nulidad de dichas actuaciones en caso de comprobar que en efecto se hicieron por fuera de la ley.
