“Cerca del 58 % de los proyectos que se han aprobado en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, no se han ejecutado. Estas son iniciativas que presentan alcaldías y gobernaciones para que sean financiadas con recursos de regalías”. Así inicia el informe periodístico de la revista especializada en temas económicos Portafolio en su edición de junio de 2015, proyectos que, en su gran mayoría, contemplan aspectos relacionados con la salud, la educación, infraestructura, acueductos, alcantarillados, ciencia, tecnología, nutrición y atención a la primera infancia, la niñez y la adolescencia; lo paradójico es que mientras existen millonarios recursos, los proyectos no se ejecutan por simple negligencia administrativa dejando una secuela de muerte, pobreza, atraso, marginamiento e inequidad económico social. Las víctimas de esta negligencia: los niños, los ancianos, los pobres, los marginales, los desprotegidos. Y como lo expresa claramente este informe especializado, “lo paradójico del tema es que no es la falta de recursos lo que frena la ejecución de estas obras, sino la falta de gestión por parte de las entidades territoriales”.
Los recursos perdidos o dejados de ejecutar por las entidades territoriales, departamentos y municipios, son astronómicos, pues según informe de la Contraloría “son cerca de 3,6 billones de pesos para proyectos de saneamiento básico, educación, salud, infraestructura, entre otros, que están congelados porque no han sido contratados por las entidades encargadas”. Deplorable crimen que se comete sin una sola bala, sin una sola bomba, sin una sola arma pero que produce efectos más nocivos que los generados por todas las guerrillas del mundo, y lo grave del asunto es que son gobernadores y alcaldes quienes cometen esta injusticia social sumiendo a sus gobernados en la más cruel de las pobrezas, el hambre o la falta de atención médica o nutricional. Debido a esa negligencia se han perdido para los municipios y departamentos de Colombia hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras, programas de asistencia nutricional infantil, parques recreacionales o centros de acopio alimentario.
Por la gravedad de los hechos y sus efectos sociales el Contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, propone sanciones para las entidades territoriales que teniendo aprobados los recursos no ejecutan las obras y considera que “esa conducta que están ejerciendo alcaldes y gobernadores en el manejo de las regalías puede trascender más allá de la simple omisión, no solamente en el tema del daño fiscal sino en el tema disciplinario y legal”, aclara el Contralor que “la ley permite a las entidades hasta un año de plazo para contratar estos proyectos, si no se hace en este plazo, entonces los recursos son liberados y se pueden presentar nuevamente para la aprobación del Ocad”. Al decir que los recursos son liberados simple y llanamente quiere expresar que esos multimillonarios recursos dejados de ejecutar por gobernaciones y municipios se llevan o destinan a otras regiones donde sus gobernadores y alcaldes son más eficientes en la ejecución de esos recursos y, como quien dice, por bobos y pendejos pierden su gran oportunidad de desarrollo e inversión social. Muchas regiones se quedan sin hospitales, sin escuelas, sin acueducto o alcantarillado por simple negligencia administrativa de gobernadores y alcaldes que contando con recursos no saben, no pueden o no quieren ejecutarlo.
Lo triste y lamentable para los nariñenses es que nuestra región figura como la primera en no ejecutar recursos aprobados por regalías, pues, en su orden, según la revista Portafolio, las entidades territoriales que no ejecutan los proyectos aprobados son “Nariño, Valle, Cauca, Chocó, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca”. Duele saber que ocupamos los primeros lugares en pobreza y miseria, pero lacera más saber que teniendo recursos no los ejecutamos por negligencia administrativa. Para nadie es un secreto que cerca del 70 % de nuestro departamento adolece de aspectos tan básicos como acueducto o alcantarillado, que la infraestructura vial requiere con urgencia intervención económica, que ocupamos vergonzosamente los primeros puestos en mortalidad infantil, que muchas poblaciones no cuentan con un simple centro de salud y mucho menos un hospital, que muchos centro educativos se caen a pedazos; pero que las razones obedecen a negligencia administrativa. Nos unimos a la voz del Contralor cuando expresa que “esa conducta que están ejerciendo alcaldes y gobernadores en el manejo de las regalías puede trascender más allá de la simple omisión, no solamente en el tema del daño fiscal sino en el tema disciplinario y legal”, así debe ser pues esa negligencia es la causante del atraso y la miseria de sus regiones y su gente.
Doloroso que los recursos provenientes de regalías de los nariñenses deban “reinvertirse” en otros departamentos y municipios dejándonos sumidos en la más atroz de las miserias, convertidos en ciudadanos de tercera sin derechos a agua potable o alcantarillado, lamentable que sigan muriendo niños de hambre o por falta de asistencia médica. Necesitamos hablar con claridad, poner el dedo en la llaga y comenzar desde ya una cruzada por la recuperación de esos multimillonarios recursos que se nos están escapando de las manos, no podemos continuar mirando el desarrollo con el rabillo del ojo, requerimos con urgencia unos gobernantes que entiendan su compromiso con las regiones y que lideren la planeación, formulación y ejecución de proyectos con recursos de regalías. Es prioritario la formación de profesionales en este campo, solo así alcanzaremos los niveles de desarrollo que nos permitan considerarnos un pueblo digno y culto. No podemos perder un peso más pues nuestras poblaciones ya han soportado durante décadas el abandono estatal y hoy que está en nuestras manos subsanar tanta pobreza y miseria no podemos darnos el lujo de ser negligentes y causantes por mano propia de tanto dolor. ¡Nariño merece respeto, merece futuro!
