La negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP abre la posibilidad de transformar muchos campos de la vida social, cultural y política de Colombia si es capaz de poner fin a uno de los conflictos más agudos y que dura ya más de medio siglo.
Pero lo cierto es que hay muchos otros conflictos que golpean a las comunidades, las regiones y las zonas urbanas. Se trata de conflictos derivados del crecimiento desmesurado y desordenado de la minería, tanto legal como ilegal; conflictos por la expansión de la agricultura industrial a gran escala que compite con las comunidades rurales por la tierra y el agua; conflictos asociados a la presencia de bandas criminales surgidas o fortalecidas a partir de la negociación con los paramilitares; conflictos protagonizados por las mafias asociadas a los narcóticos y el contrabando; conflictos que genera la corrupción; y conflictos a causa de la aplicación ineficiente o inoportuna de ciertas políticas públicas que protegen derechos fundamentales, como cuando se posponen por años las respuestas a solicitudes de creación de resguardos y de zonas de reserva campesina, o cuando no se hace cumplir la ley para impedir el acaparamiento de tierras.
Los sectores sociales populares tienen mucho que aportar en la transición hacia un horizonte de paz en Colombia por tres razones: porque sus derechos han sido los más vulnerados históricamente, porque pueden contribuir desde sus esfuerzos de transformación de múltiples conflictos a que los acuerdos alcanzados en La Habana se materialicen en los territorios, y porque han construido un acumulado de agendas, propuestas y experiencias de construcción de paz que es pertinente valorar y sistematizar de manera colectiva en la coyuntura actual.
Lo anterior ha motivado a Planeta Paz y a Oxfam , con el apoyo de la Unión Europea, a dinamizar la Agenda Común para la Paz desde los Territorios, un proceso de diálogo y reflexión colectiva donde diversas organizaciones sociales populares aportan su visión y propuestas en torno a la construcción de la paz. En este proceso se han priorizado tres ejes temáticos: (1) desarrollo rural, minería y protección ambiental; (2) derechos de las víctimas; y (3) participación política y social.
Entre abril y octubre de 2014 han tenido lugar seis reuniones locales y cinco seminarios regionales donde han participado 157 procesos organizativos de mujeres, indígenas, afrocolombianos, población desplazada, campesinos, estudiantes, maestros, ambientalistas, urbanos, jóvenes, LGBTI, de comunicación y coaliciones políticas nacionales, procedentes de cinco regiones del país y dos ciudades. Hoy compartimos los primeros resultados de estos encuentros: las oportunidades, riesgos y desafíos que plantea la negociación del conflicto armado, así como algunos lineamientos políticos sobre los cuales es posible cimentar una agenda popular y territorial para la paz.
Lecturas sobre el proceso de paz desde los territorios
Desde los sectores sociales populares no existe una sola sino múltiples miradas –en ocasiones divergentes- acerca de las posibilidades que abre la negociación del fin del conflicto armado para resolver otros conflictos de la sociedad colombiana. Una parte de las organizaciones percibe que sus agendas están contenidas en los acuerdos parciales de La Habana, y lo que les preocupa es cómo se desplegará territorialmente lo acordado. Otra, si bien reconoce convergencias parciales entre el proceso de La Habana y los procesos de construcción de paz en los territorios, señala la necesidad de profundizar en aspectos como la institucionalidad, el enfoque de género, la inversión social y la defensa de la economía campesina. El sector más crítico defiende que los movimientos sociales populares deberían plantear un camino hacia la paz propio e independiente de la agenda de La Habana, dado que considera que no hay condiciones para las transformaciones estructurales por las que han luchado.
Por encima de estas diferencias, que muestran la complejidad de los retos a enfrentar en un escenario de post-negociación, las organizaciones sociales populares coinciden en señalar las importantes oportunidades que abre el proceso de paz, así como algunos de los riesgos y desafíos pendientes.
Oportunidades del proceso de negociación
La negociación del cese del conflicto armado es ante todo una oportunidad para transformar los territorios dado que los conflictos podrán ser abordados sin recurrir a estrategias bélicas y se podrán situar los derechos políticos en primer lugar.
La negociación puede dar lugar al fortalecimiento de los procesos políticos democráticos a partir de la posibilidad de hacer política sin armas y la insurgencia podrá poner sobre la mesa su proyecto de sociedad.
El cese de hostilidades y las garantías para ejercer la oposición política permitirán el reconocimiento de los movimientos sociales populares como sujetos políticos sin que se criminalice la lucha social, y el fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones sociales populares.
Se abrirán nuevos espacios para la reconciliación y la reconstrucción de las relaciones en la sociedad colombiana, siempre y cuando se emprenda
un proceso de reparación colectiva y recuperación de la memoria donde tanto el Estado como la insurgencia asuman públicamente su responsabilidad en el conflicto.
Riesgos del proceso de negociación
El riesgo mayor percibido desde las organizaciones sociales populares es que se mantengan estrategias bélicas en contra de la protesta social, pues la fuerte presencia militar no necesariamente implica una mayor seguridad para la población civil ni un mayor respeto a los derechos humanos.
Con la desmovilización de la guerrilla se teme que los grupos paramilitares y las bandas criminales -conocidas como Bacrim- tomen el control de territorios donde hoy tienen presencia los actores armados, si es que el Estado no ha de hacer presencia. En muchas regiones del país los actores armados paramilitares operan libremente y amenazan la vida y permanencia de las comunidades.
El problema urbano no ha sido suficientemente contemplado en la negociación del conflicto armado. Este vacío podría intensificar las disputas por el control territorial por parte de los grupos armados en ciertas zonas de las ciudades, con la llegada de nuevos pobladores como resultado de la desmovilización.
También podrían avivarse los conflictos en regiones empobrecidas donde se implemente el acuerdo pero donde las condiciones económicas no permitan generar oportunidades para la reinserción a la vida civil de los actores en conflicto.
Con la reducción de la violencia armada en los territorios podría darse una expansión acelerada del modelo extractivista, basado en las locomotoras minero-energética y agroindustrial, y la apertura de los territorios al capital privado y la inversión extranjera.
Límites y desafíos
El fin del conflicto armado no soluciona todos los conflictos territoriales, por lo cual es fundamental que los movimientos sociales –los cuales durante años se han esforzado por impulsar procesos de construcción de paz en los territorios- asuman un lugar protagónico en la resolución y transformación positiva de los múltiples conflictos que enfrentan.
La presencia de las víctimas en La Habana ha contribuido a la legitimidad del proceso, sin embargo es necesario garantizar que los Acuerdos recojan las reivindicaciones de los movimientos de las víctimas relacionadas con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así como con los estándares de justicia internacionales.
Los acuerdos preliminares deben profundizar en la incorporación de enfoques diferenciales que tengan en cuenta las diferencias de género, etarias, étnicas y de orientación sexual. Asimismo deben profundizar en el abordaje de que está ausente una valoración urbana del conflicto. Incorporar estas lecturas en el proceso es uno de los retos pendientes.
Por sus consecuencias en los territorios, sobre los recursos naturales y las comunidades, será también necesario discutir los riesgos de un modelo de desarrollo basado en megaproyectos de infraestructura, minero-energéticos y de monocultivos extensivos.
La metodología de participación de las Organizaciones Sociales Populares en la Mesa de negociación no ha sido amplia y lo suficientemente clara. Es necesario diseñar mecanismos de participación desde local, que es donde finalmente se va a construir una paz territorial.
Algunos medios masivos de comunicación han generado desinformación sobre el proceso de paz, lo cual ha desdibujado el alcance de lo que se ha acordado.
Las bases para una agenda común
Las organizaciones sociales populares y movimientos sociales que han confluido en la construcción de una Agenda Común para la Paz desde los Territorios, han planteado los siguientes elementos como punto de partida.
Modelo de Desarrollo
La construcción de modelos alternativos de desarrollo es una de las principales reivindicaciones de los sectores sociales populares, lo cual incluye distintas versiones que van desde el desarrollo humano hasta quienes plantean darle preponderancia al Buen Vivir u otras propuestas que promuevan el respeto por lo público, lo común y lo propio; la solidaridad, las formas de vida comunitaria y el respeto a la diversidad.
Democratización del sistema político
La transformación del modelo político colombiano emerge como una de las principales reivindicaciones para la construcción de la paz. Se aspira a un Estado que ofrezca garantías para la participación política directa de los sectores sociales populares, que reconozca las autonomías políticas y territoriales de las comunidades, así como las experiencias de poder popular como legítimas, como una opción real para definir los rumbos de sus territorios y sus modelos de vida. Es importante desmantelar la injerencia de estructuras armadas en las regiones y garantizar la seguridad integral para las comunidades que implica el respeto por sus derechos, la libertad de expresión y la movilización política.
Organización social de los territorios
La defensa del territorio y la protección del medio ambiente implican desarrollar autonomías y formas de gestión comunitaria de los recursos disponibles, entre ellas los planes de vida de comunidades indígenas y afros. El Estado debe fortalecer los derechos de la naturaleza y diseñar una política de manejo integral de los territorios que tenga en cuenta la relación entre lo urbano y lo rural y garantice la participación real y directa de los sectores populares en la reformulación de los planes de ordenamiento territorial y las políticas públicas que los afectan.
Fortalecimiento de la economía campesina
Un denominador común en las agendas populares es la demanda de una reforma rural integral que ayude a superar la marginalidad en que se encuentra una parte importante de la población rural colombiana. Entre las medidas propuestas para impulsar la economía campesina se incluye la redistribución de tierras, la condonación de la deuda agraria, el apoyo técnico a la producción agrícola y a la comercialización, el acceso al financiamiento, políticas de adaptación frente al cambio climático y medidas frente a los tratados de libre comercio.
También se apuesta por reconocer al campesinado como sujeto político de derechos específicos en la Constitución Política Nacional, entre ellos el derecho de consulta previa a las comunidades campesinas como un mecanismo jurídico para detener la acción de las multinacionales en los territorios, así como el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas de Reserva Agroalimentaria.
Educación
Para consolidar una cultura de paz se propone construir un nuevo modelo educativo que incorpore pedagogías que ayuden a erradicar la cultura mafiosa y militarista que persiste en los territorios y posibiliten la resolución de conflictos a través de vías no armadas. Se resalta la necesidad de diseños pedagógicos que aporten a los procesos de reconciliación, reinserción y reintegración.
Reparación Integral a las Víctimas
Algunos movimientos de víctimas destacan la necesidad de exigir garantías para implementar medidas de verdad, justicia y reparación integral. El ejercicio de la reconstrucción de la memoria histórica representa una oportunidad para esclarecer la verdad y reconocer al Estado como un victimario más dentro del conflicto. Algunas propuestas concretas incluyen la caracterización detallada de las víctimas, la creación de una comisión de la verdad, la aplicación de fórmulas de justicia transicional a los grupos armados que dejen las armas, la reparación colectiva, la elaboración de un catastro alternativo desde las víctimas que acelere la restitución de tierras, la incorporación de medidas de no repetición y las políticas sociales para romper con el ciclo de desigualdades y pobreza.
Comunicación
Es necesario estimular, apoyar y valorar los ejercicios de la comunicación alternativa que permiten la expresión de los sectores sociales y aportan a la construcción de memoria sobre las vivencias del conflicto y las experiencias y propuestas populares.
Tender puentes para construir la paz en los territorios
El horizonte de un país sin conflicto armado abre posibles caminos hacia la transformación de otra serie de conflictos sociales que afectan a la sociedad colombiana. Pero para consolidar una paz estable y duradera es preciso tender puentes entre el proceso de paz en La Habana y las experiencias sociales y populares de construcción de paz en los territorios.
Es preciso trazar los puentes de construcción de paz que permitan la transición entre la negociación del conflicto armado y las experiencias de construcción de paz desarrolladas durante décadas por los sectores populares organizados. Estos puentes posibilitan el fortalecimiento de las agendas de los movimientos sociales, así como la transformación de todos aquellos conflictos sociales que no están contemplados dentro de la agenda de La Habana. La paz no se construye sólo en la mesa de negociación sino también desde los territorios, por el conjunto de la sociedad colombiana. Por eso la propuesta de la Agenda Común para la Paz desde los Territorios pretende aportar en la construcción de dichos puentes a partir de tres dimensiones: ético-política, política-social y política-militar.
El puente ético-político se refiere a las responsabilidades con las víctimas, tanto las del conflicto armado como las de los otros conflictos que afectan los territorios, y por tanto con las sanciones jurídicas y sociales que habrán de tomarse para garantizar su reparación integral.
El puente político-social implica la generación de las condiciones que permitan garantizar la legitimidad estatal, la constitución y consolidación de una sociedad deliberante con la garantía del respeto de sus derechos; el fortalecimiento de los procesos organizativos; la participación en la construcción de políticas públicas de “abajo hacia arriba” que pasen por un diálogo permanente entre lo nacional, regional y local. Ello implica el fortaleciendo de las veedurías populares, las consultas vinculantes, la implementación de propuestas populares de política pública popular, entre otros mecanismos que permitan el fortalecimiento de los procesos organizativos, su autonomía, la defensa y gobernanza sobre sus territorios.
Y el puente político–militar se refiere a la necesidad de erradicar de la vida institucional y política, las normas y prácticas que permiten el imperio de la excepcionalidad así como reestructurar el papel de las fuerzas militares y de la policía en la sociedad. También a la necesidad de garantizar institucionalmente los derechos humanos y políticos de los líderes y liderezas de los sectores sociales populares que promueven la paz en el país y de cualificar el debate sobre el significado de “seguridad” tanto para las organizaciones sociales populares como para un país que transita a la paz.
