Año a año presenciamos como una oficina de comercio estadounidense (USTR) nos pone en su lista negra (el reporte especial 301) y afirma, siguiendo las especulaciones de grandes industrias, que la piratería tanto física como en línea crece en el país, que debemos seguir en la lista negra hasta que no tengamos el sistema más cruel de medidas correctivas, con cárcel y pagos preestablecidos por delitos terribles como descargar una canción, compartir un libro electrónico o ver una película sin pagar por algún servicio de streaming. Durante años nos señalan como un país de criminales, que irrespeta los derechos de autor y nos acusan de acabar la industria nacional (y hasta la mundial). Pero desde hoy, podemos dormir tranquilos, la tal piratería parece que no existe, pues no es un problema que se lleve a los juzgados.
Cada año realizamos un monitoreo de los comentarios que entregan industrias, gobiernos y sociedad civil a la USTR para que sean incluidos en el informe especial 301. Esta vez, preparando un documento con comentarios propios nos encontramos la primera respuesta oficial del gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Comercio. Este documento es un faro en la oscuridad, arroja luz sobre terroríficas tinieblas, con escasas ocho páginas esclarece dudas que hemos tenido durante años y da cifras que apoyan argumentos que esgrimimos desde la primera discusión de #Ley Lleras cuando armamos el colectivo RedPaTodos.
Si bien el comentario de MinComercio no deslegitima el informe, una ruta que ya sigue Chile y otros países con un sentido de soberanía más fuerte, empieza por decir que es el resultado de consultas internas entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). El comentario tiene tres ejes: Propiedad Industrial (área de la SIC), Derechos de Autor (materia de la DNDA) y la Aplicación de la ley (que resume la información de procesos judiciales relacionados). Los datos más interesantes provienen de este último eje.
En el comentario se habla del establecimiento de un nuevo sistema de investigación penal y de un manejo de priorización de situaciones y casos que busca investigar no el crimen por sí mismo sino la situación en la cual se presenta. Además enfoca las investigaciones de la Fiscalía a detectar problemas de fondo. Para el caso de propiedad intelectual, que incluye derechos de autor, marcas y patentes, ubica este problema en los financiadores, importadores y distribuidores mayoristas de falsificaciones.
Si se trata de infracciones menores, los casos se resuelven con la cooperación de las víctimas, reparándolas. En casos más graves, el principio de oportunidad favorece al acusado si este ayuda a desmantelar una organización criminal o contribuye a la finalización de la conducta criminal o se vuelve testigo de la fiscalía. El comentario informa de la creación de una unidad especializada en crímenes de propiedad intelectual y una escuela de estudios e investigación que tiene a cargo el desarrollo de cursos de entrenamiento para fiscales en el país. Finalmente explica cómo la legislación colombiana le ha dado poderes judiciales tanto a la DNDA como a la SIC y muestra los resultados…
Redoble de tambores, momento de suspenso, si como dicen, la piratería es uno de los más grandes problemas del país, que está matando la industria y la economía, que es responsable de las caídas de ventas de libros físicos, la desaparición de los locales de alquiler de películas y el cierre de almacenes de música, uno esperaría que se reportaran miles de casos y que se demoraran una eternidad en resolverlos, uno espera datos que justifiquen pedir mayores penas, o medidas expeditas que descongestionen el atiborrado sistema legal, pero las cifras muestran lo contrario.
En materia de propiedad industrial, en un año, solo hay 71 procesos, de los cuales 16 están completos, 42 están en marcha y los demás fueron rechazados y la duración de los procesos fue 4,5 meses en promedio. Además se enviaron 57 medidas de precaución de las cuales 38 fueron concedidas y 1 se encuentra en proceso. Y no hay más casos. Esas son las cifras.
Sin embargo, los comentarios de las industrias DIRECTV , International AntiCounterfeiting Coalition, Inc., International Intellectual Property Alliance, PhRMA , BIO y Trademark Working Group siguen pidiendo que Colombia sea considerado un país infractor.
Esto demuestra algo que ya presentíamos, la tal lucha contra la piratería parece enmascarar intereses de unos pocos muy poderosos que siguen anclados en modelos económicos obsoletos que no satisfacen las necesidades de nuevos mercados. La USTR parece utilizar el informe especial 301 para esparcir estos temores y hacer que ciertos países entren en angustia de cumplir compromisos que ni los Estados Unidos honra. Así las cosas, la tal piratería no existe, lo que hay son nuevos corsarios, que siguiendo el ejemplo de los viejos capitanes de mar de las compañías de las Indias no están al servicio de las naciones soberanas sino de malévolas corporaciones comerciales.
María del Pilar Sáenz Rodríguez
@mapisaro
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