En septiembre del año 2000 en la vereda La California, ubicada en el municipio de Turbo (Antioquia), un exguerrillero del EPL llamado Antonio Arboleda, comenzó a ir casa por casa para avisar que una semana más tarde habría una reunión con un representante del empresario Raúl Emilio Hasbún y su familia, quienes decían ser los amos, señores y propietarios de una extensa finca llamada La Niña, donde trabajaban y vivían más de cuarenta familias. La cita se daría el 14 de septiembre en la vereda La Teca, específicamente en la casa de Rafael García, quien años más tarde confesaría haber sido miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Aquel caluroso jueves las familias enviaron como sus representantes a los campesinos Donide Espitia, Benito Yañez, Efraín Cabrales, Francisco Berrio y Rafael Delgado para ver qué quería el tal representante de la familia Hasbún. Allí llegaría el hombre; un comisionista de Medellín llamado Felipe Echeverry Zapata, quien les informó que estaba en ese lugar para negociar con ellos las tierras “del patrón, el empresario Raúl Hasbún”. La reunión además de hacerse en casa de un reconocido paramilitar, también contó con la presencia de dos bandidos más, alias Camacho y alias Cepillo.
Felipe Echeverry les dijo que esas tierras estaban a nombre de la familia Hasbún y que si querían seguir viviendo allí debían pagarle por cada hectárea un valor de 10 millones de pesos. De inmediato los campesinos pusieron el grito en el cielo y se negaron a pagar. El testimonio de Benito Yañez da cuenta que Rafael García, alias El Viejo, sacó su revólver, lo puso en la mesa y sentenció: “Hoy se negocia esto porque se negocia. Esta tierra es de uno de los ‘grandes’”. Ante el amedrentamiento, los campesinos dijeron que sí negociaban. Llegaron a un acuerdo con Echeverry de pagarle a Raúl Hasbún el monto de cuatro millones de pesos por hectárea. La deuda se cancelaría en abonos semanales durante 21 meses sin intereses y en 36 meses con un interés del 2%. Los dineros saldrían del plátano que los campesinos vendían a la compañía Banacol, a quien le darían el poder para que le consignara a Judith Teresa Hasbún, hermana de Raúl, en una cuenta de Conavi.
Para que el pacto se cumpliera, Felipe Echeverry apareció de nuevo el 6 de octubre de ese mismo año, acompañado por un notario con el fin de hacerle firmar a cada responsable de las 21 familias los respectivos pagarés. Durante cuatro años los jornaleros pagarían un total de $329 millones por 44 hectáreas de tierra que trabajaban y habitaban. Sin embargo, después de haber hecho todos estos pagos de los cuales según la contadora de la familia Hasbún, el comisionista Felipe Echeverry recibió el 10%, los campesinos se enteraron que la tierra no le pertenecía a la familia Hasbún, ni mucho menos a Echeverry: los predios eran de la nación. Así los hechos, en el año 2005 los labriegos presentaron una denuncia penal contra Felipe Echeverry por los delitos de estafa y constreñimiento ilegal con participación de paramilitares. Todo esto lo hicieron con un solo objeto: recuperar su plata.
En esta imagen, muy poco conocida aparecen los paramilitares Diego Vecino, Salvatore Mancuso, Daniel Rendón, Carlos Castaño y el hombre de las finanzas Raúl Hasbún.
La compleja historia de la finca La Niña de la vereda La California data del año 1984 cuando 44 familias llegaron a ocupar ese predio abandonado con la idea de trabajar sus tierras y de entrada para construir sus hogares. Un año más tarde la empresa Banacol comenzó a comprar la producción de banano que los campesinos con buena mano comenzaron a sacar. Pero por esos mismos días a los predios les apareció dueño, con escrituras en mano la familia Hasbún, en cabeza de Raúl Emilio, les avisó que el suelo que pisaban era de él y que necesitaba recuperarlo. Hasbún fue a reclamar por unos días, pero después no se volvió a asomar por La California. Todo se enredó más porque en 1989 el Incora decretó una extinción de dominio a la familia Hasbún sobre la titularidad de La Niña. Raúl Hasbún no se quedó quieto y apeló la decisión, la cual entraría en proceso de juicio.
Entrados los años 90 como ya la historia lo ha demostrado, dentro de la gran expansión de las AUC, el departamento con mayor crecimiento de grupos paramilitares fue Antioquia. La zona del Urabá antioqueño se convertiría en un botín de guerra que finalmente se lo terminarían tomando a sangre y fuego los ‘paras’. Los hechos también dan cuenta que en 1997 comenzó a tomar forma el Bloque Bananero, del cual tiempo después el propio Raúl Hasbún confesaría en instancias de Justicia y Paz ser el hombre al mando de dicho grupo con el alias de Pedro Bonito o El patrón, quien además obedecía las órdenes directas de Ever Veloza, alias H.H. y a su vez del líder máximo de las AUC, Carlos Castaño.
Raúl Hasbún pertenecía a una familia de propietarios de tierra y era un empresario reconocido en dicha zona, pero al llegar el fenómeno paramilitar no dudó en tomar las armas y hacer justicia por sus propias manos. Con ese prontuario a cuestas, cuando en el año 2000 llegó Felipe Echeverry en nombre de Hasbún, los campesinos no tuvieron otra salida que negociar unas tierras que el paramilitar más temido de Turbo, reclamaba como suyas.
En el año 2002 el Incoder, ratificaría el fallo de la extinción de dominio a la familia del paramilitar. Así, las tierras de La Niña pasarían a manos de la nación. Los campesinos no conocerían de dicha noticia hasta el año 2004, cuando el propio Raúl Hasbún se desmovilizaría en esa zona. No obstante Banacol les había seguido descontando el dinero pactado y se lo había consignado a la familia del paramilitar. Así mismo, el propio Felipe Echeverry había seguido adelante con el proceso de pagos, de hecho algunos campesinos declararon que al no tener cómo pagar, el propio Echeverry se ofreció a comprarles sus tierras y a arreglar con los supuestos propietarios. Hoy algunos de los predios aparecen a nombre de la mamá de Echeverry, la señora Rosalba Zapata.
Sin el regreso del dinero y mucho menos sin la titulación de las hectáreas por las que pagaron, los campesinos iniciaron el proceso contra el hombre con el que negociaron. Al mismo tiempo, los jornaleros iniciaron un proceso frente al Estado en el cual lograron que llevaban ahí más de 20 años de posesión, fue así como el propio Incoder resolvió en el año 2006, titular 40 hectáreas a 21 de las 44 familias, porque las demás habías vendido sus posesiones ante el arrecio paramilitar.
Las denuncias de La California, terminaron por convertirse en el caso madre de Chiquita Brands. Fueron los testimonios de los campesinos los que comenzaron a develar como empresarios de gran renombre financiaban y auspiciaban las actividades delictivas de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fueron los relatos de los jornaleros los que dieron a conocer las andanzas de Raúl Hasbún, un hombre que para la época fungía como un empresario de tradición, sin embargo muchos años después se sabría la verdad: que se trataba de un reconocido jefe paramilitar. Con las investigaciones que se iniciaron en Turbo, para seguirle los pasos a Hasbún fue como las autoridades se enterarían de la financiación y pago de coimas que la compañía internacional de banano Chiquita Brands le había entregado a los grupos armados de los hermanos Castaño Gil. En efecto el nombre de Hasbún tomó relevancia en el ámbito nacional y del exterior, porque era el paramilitar cuya convivir Papagayo, había recibido de la bananera el valor de 1,2 millones de dólares entre los años 1997 y 2004. Chiquita fue sancionada en los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber incurrido en situación de orden ilegal.
Raúl Hasbún también confesaría que las AUC habían recibido caudalosos aportes de empresas bananeras como Augura, Sunisa, Proban, Banadex, Del Monte, Uniban y Banacol. Esta última, fue la misma empresa que se prestó para que 21 familias de La California pagaran más de 300 millones de pesos por los predios de la finca La Niña, es decir que la bananera se prestó para una estafa porque ni Hasbún ni su familia al final eran los dueños de dichas tierras.
Para el comisionista Echeverry el proceso por costreñimiento ilegal, concierto para delinquir y estafa continuó pero el caso comenzó a rodar entre juzgado y juzgado. Seis veces cambió de despacho. Con paciencia los campesinos tenían la confianza que recuperarían el dinero que les habían pagado a unas personas por tierras que no eran de ellos. Pero todo comenzó a venirse a pique cuando un fiscal argumentó que en la zona sí hubo un accionar violento y que Echeverry nunca constriñó a los campesinos; que el empresario nunca se concertó con paramilitares para hacer el negocio; que nadie pudo demostrar que Echeverry llevara a la reunión definitoria a los paramilitares alias Camacho y a alias Cepillo; nadie probó que Echeverry hiciera parte de un grupo paramilitar. En el año 2010 entonces, el mismo investigador decidió absolver por los delitos de constreñimiento ilegal y concierto para delinquir a Felipe Echeverry, mientras que avaló que se le juzgara por estafa.
A pesar que el propio Echeverry declaró que era amigo desde la infancia de Raúl Hasbún, éste solo aceptó haberse enterado que su representado era un jefe paramilitar en el momento de su desmovilización. De igual manera Echeverry aseguró que cuando negoció las tierras con los campesinos él sabía del proceso de extinción de dominio por parte del Incora, pero con varias cartas y documentos firmados por los labriegos argumentó que las familias también sabían del enredo que tenían dichas tierras.
Finalmente hace cuatro meses la juez del Juzgado Primero del Circuito de Turbo, absolvió a Felipe Echeverry por el delito de estafa avalando la defensa que éste presentó porque según el fallo “ni la simple mentira ni el artificio de complicada magnitud son indispensables para configurar una estafa”. Pero, además, compulsó copias contra el abogado Gerardo Vega, quien representó a las familias por supuestamente “instigar a una acusación que no tenía pruebas fácticas”. Las familias apelaron la decisión, pero recibieron la noticia del tiempo perdido: el magistrado Guillermo Martínez Ceballos, del Tribunal Superior de Antioquia, en un fallo de ocho hojas resolvió declarar prescrita y extinguida la acción penal derivada de la conducta punible de estafa atribuida a Felipe Echeverry Zapata.
El fallo del magistrado no tiene en cuenta todo el contexto, los antecedentes y argumentos que vivieron los campesinos en medio del accionar paramilitar que se tomó al Urabá durante años; de hecho, solo se remite a concluir que el proceso prescribió, es decir todo el caso termina en un trámite de procedimiento. Tras nueve años de proceso, las 21 familias perdieron el caso y el dinero que le pagaron a la familia Hasbún; el paramilitar está a punto de recuperar la libertad; el comisionista Echeverry continúa actuando como un empresario de banano y el emblemático caso de La California que destapó las afrentas que sufrieron los campesinos del Urabá antioqueño acaba de ser cerrado.
Twitter autor: @PachoEscobar
