De la película La tierra y la sombra afortunadamente se ha hablado mucho, pero pocos saben que ninguno de los ingenios de azúcar del Valle quiso prestar un pedazo de tierra para filmarla y su director César Acevedo con su equipo alquiló un lote, lo sembró y construyó la casa, para poder rodar esta gran película sobre los arrasamientos del progreso y sobre la precariedad laboral que genera y que se siente por toda la cinta. Temas de los que no se debe hablar pero que terminan apareciendo.
De los asuntos del trabajo en Colombia se permite hablar poco en público y cuando dejan, suele reducirse a tres asuntos: a las cifras oficiales de desempleo que cada mes todos los grandes medios recitan sin crítica o análisis; a los paros y tropeles, escasos en comparación a otros países latinoamericanos, pero siempre señalados de infiltraciones ilegales o de socavar nuestro brillante camino al progreso; y a debates jurídicos en los cuales suelen enredarse o dejarse enredar trabajadores y gobiernos, en una maraña de códigos, leyes o decretos, anacrónicos e inconstitucionales.
Estos tres asuntos, siempre mal tratados, terminan por ocultar que detrás de normas, cifras y paros hay personas, rostros, cuerpos que sufren, callan y hasta mueren de explotación, y en eso la película de Acevedo es una obra maestra, que le pone cara a los millones de colombianos que se levantan todos los días a conseguir el pan con el sudor de su frente, y según las cifras oficiales, también con dolor, porque dos terceras partes de quienes trabajamos, 22 millones de personas, carecen de condiciones mínimas de protección o de contratación para tener un trabajo decente.
Y este estado de cosas que garantiza la desigualdad se mantendrá mientras las dos alternativas que permitirían salir a los ciudadanos de la precariedad generalizada no interesan a los poderosos: diálogo social eficaz con sindicatos fuertes o cumplir la constitución y acordar un estatuto del trabajo moderno, simple, integral y protector de derechos.
Por todo lo anterior es un deber recordar esto cuando llegan novedades con sabor amargo y se cuelan elefantes que parecen rosados e inocentes que siguen condenando a la mayoría a la precariedad en el trabajo.
Y es que el artículo 74 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” legaliza por la puerta de atrás la tercerización y la informalidad de las dos terceras partes de la fuerza de trabajo al señalar que: “El Gobierno Nacional también fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización”. Y a renglón seguido, intentando maquillar el elefante, nos cuenta que también el gobierno adoptará “la política nacional de trabajo decente”. Toca reír; de un lado reconoce todas las formas de tercerización existentes, pero “con trabajo decente”. Y ¿cómo se logra trabajo decente sin estabilidad en el empleo, seguridad social o libertad sindical? Cuando lo que busca la tercerización es bajar costos al máximo, ocultar al empleador real e impedir la organización en sindicatos y esa es la política laboral real de este gobierno y de quienes lo controlan.
Lo justo, lo constitucional, es prohibir todas esas formas de tercerización que se usan en Colombia tales como las Sociedades Anónimas Simplificadas —SAS—, contratos sindicales, contratistas aparentemente independientes, empresas de servicios temporales cuando sobrepasan los límites de tiempo permitidos por la ley, contratos de cuentas por participación y demás formas que originan miles de denuncias que reposan intocadas en las oficinas regionales del trabajo.
“Fijar reglas” para “garantizar” que las empresas “cumplan” normas laborales en los procesos de tercerización, es legalizarlas y a renglón seguido ordenar una política de trabajo decente es pura estrategia de propaganda para intentar lavar la mala cara del estado en instituciones internacionales de derechos humanos o ante parlamentos de países con los que se tiene o negocia tratados de libre comercio.
Con la legalización de la tercerización, echará al traste los escasos procesos de formalización que han hecho pequeñas y medianas empresas y sobre los cuales el gobierno ha hecho mucha bulla y los grandes empresarios se ilusionarán con haber derogado tácitamente la prohibición de formas de intermediación laboral ilegal que existe en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y sobre la cual han insistido desde su expedición.
¿Cómo creer que los trabajadores colombianos tenemos hoy mejor calidad de vida, más estabilidad y dignidad en el trabajo? ¿Cómo creer que los trabajadores colombianos pueden hoy negociar las condiciones de su trabajo y organizarse? ¿Qué hace el Estado para evadir responsabilidades y promesas para que este régimen de exclusión social y económica se mantenga? De los trabajadores y del mundo trabajo queremos hablar aquí desde hoy y hasta que nos aguanten.
Me honra estar en esta prestigiosa tribuna.
Abogado laboralista y sindicalista de la Unión Sindical Obrera. Las opiniones expresadas aquí no representan la opinión oficial del sindicato al que pertenezco. Me pueden seguir en @PalmaEdwin
