La investigación de la organización Holandesa PAX rompió el silencio de los habitantes de los pueblos que conforman el eje minero del Cesar y que durante décadas se habían mantenido callados temerosos de las represarías por contar una realidad que ha rodeado sus vidas de violencia en las dos últimas décadas. El informe, titulado El lado oscuro del carbón, que está siendo presentado hoy por la representante de PAX, Marianne Moor y por el congresista del Polo Alirio Uribe, quien desde su curul en la Cámara de Representantes asumirá la defensa del movimiento de víctimas del Cesar.
Para los investigadores de la ONG Holandesa PAX, la violencia alrededor de los proyectos mineros en los departamentos del Cesar desatada por agentes de paramilitarismo entre 1996 y el 2006, fue auspiciada y financiada por las multinacionales mineras Drummond y Prodeco, que se según el informe se habrían aliado con el Bloque Norte de las AUC para ejercer el control en el centro minero del Cesar.
La amenaza de las guerrillas de las Frac y el ELN sobre las operaciones mineras de estas poderosas multinacionales, provocó la llegada de un primer escuadrón de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1996 y que en diciembre de 1999 asentaron en la región a través del frente, ‘Juan Andrés Álvarez’, integrado por cerca de 600 hombres dedicados a proteger la infraestructura minera en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi, lugares que sufrieron con más rigor la violencia paramilitar y cuyas víctimas aun reclaman el despojo de sus tierras.
Cifras del informe
Los informes oficiales de las fuerzas militares contrastados por los investigadores de PAX, dicen que las acciones del frente ‘’Juan Andrés Alvares’’ entre 1996 y 2006 en el cesar, dejaron una estela de 2.600 muertos, quinientos asesinados en masacres, 240 personas desaparecidas y cerca de 55 mil desplazamientos forzados; La investigación llega a la conclusión que durante los años iníciales de sus operaciones, Drummond y Prodeco, estaban al tanto de los brutales métodos usados por las AUC para enfrentarse a las guerrillas y contra las personas sospechosas de simpatizar con los grupos insurgentes.
Al respecto, el documento señala que “no encontramos ninguna indicación de que las empresas mineras urgieran en esa época al gobierno colombiano para que tomara medidas tendientes a prevenir las graves violaciones de los derechos humanos en la región”.
Citando a un antiguo empleado de seguridad de Prodeco, Pax asegura que “los departamentos de seguridad de ambas empresas jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre las fuerzas paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996. Este contacto supuestamente llevó a la llegada del primer grupo de cien combatientes para operar en la zona minera”.
El informe cita nueve fuentes que aseguran que entre 1996 y 2006 la Drummond suministró un sustancial apoyo financiero a las Auc, particularmente al Frente ‘Juan Andrés Álvarez’. Según sus testimonios, los métodos de pago cambiaron con los años e incluyeron desde pagos directos en efectivo, hechos al comienzo, y la canalización de fondos a través de contratistas, hasta la transferencia de un porcentaje fijo de los ingresos de la empresa en los años posteriores.
Incluso, Pax recurre a la declaración de un antiguo contratista de alimentación de la Drummond, quien bajo juramento en diferentes procesos judiciales aseguró que él canalizó una suma total de 900 mil dólares para el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, en pagos mensuales, como lo solicitó la empresa desde finales de 1997 hasta mediados de; año 2001. Los aportes fueron cubiertos con una anotación en sus facturas a la empresa. Testimonios de tres exparamilitares indican que Prodeco también suministró fondos para las Auc en la región.
Otro aparte del informe asegura que “de las declaraciones de los antiguos paramilitares también surge una imagen de frecuente colaboración entre las empresas mineras, los paramilitares y el Ejército”.
Además, PAX soporta su informe en tres fuentes que dijeron que la empresa de seguridad privada contratada por la Drummond contactaba directamente a los paramilitares si veía personas sospechosas y que las Auc organizaron asesinatos con base en las ordenes de las empresas mineras. Tres antiguos miembros paramilitares y contratistas han declarado que en algunas instancias que la Drummond dirigió las acciones del Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ y mencionan el caso del asesinato de tres líderes sindicales de Drummond en 2001.
PAX también alerta que el ciclo de violencia en la región del Cesar no ha terminado todavía. Desde su perspectiva, actualmente, el territorio está plagado de bandas criminales compuestas en gran parte por antiguos integrantes de los grupos paramilitares quienes intimidan a todos aquellos que piden la verdad, la justicia, la reparación y la devolución de tierras para las víctimas de la violencia paramilitar.
“En algunas de sus amenazas escritas y comunicados públicos, estos grupos han declarado que ellos están actuando como protectores de los intereses de las empresas mineras en el Cesar. Sin embargo, como en el pasado reciente, las empresas guardan silencio acerca de estos inquietantes desarrollos y han fallado a la hora de distanciarse públicamente de las declaraciones ya mencionadas”, dice el informe, mientras que su respuesta oficial, las multinacionales carboníferas rechazaron los señalamientos.
Este es el informe completo:
