El pasado 12 de julio, en su edición dominical, el New York Times dedicó un extenso artículo a otra más de las realidades inquietantes de la industria del fracking: mientras las condiciones intrínsecas a este tipo explotación se manifiestan de manera desastrosa en la economía de dichos proyectos, muchas de estas compañías se precipitan hacia la bancarrota, y aumenta el temor de que los pozos que perforaron se queden abandonados emanando contaminantes que intoxiquen comunidades, calienten el planeta y que su costosos cierres terminen a cargo de dineros públicos. Se cita a Rystad Energy que advierte: cerca de 250 compañías solicitarían declararse en bancarrota para finales de 2021, más que en los cinco años anteriores combinados; este colapso tiene consecuencias directas: se estima que, de más de 3.000.000 de pozos abandonados en Estados Unidos, el 66 % está sin taponar, y liberan el equivalente de metano de las emisiones anuales de más de 1.500.000 automóviles. En Dakota del Norte se describe que pasaron de cero a 336 pozos abandonados en los últimos dos meses, pozos llamados "huérfanos" porque nunca serán sellados adecuadamente ante la quiebra de las compañías que los construyeron.
En Colombia, el panorama de los pozos abandonados, que corresponden a explotaciones convencionales, es alarmante. El caso más llamativo de fuga de hidrocarburos fue el de Lizama 158, en marzo de 2018. Según Crudo Transparente, el pozo fue perforado en 2006, puesto en producción en 2007, y presentó fuga de gas por el revestimiento en 2015. Después de varios inconvenientes, Lizama 158 tuvo que abandonarse en diciembre de 2017. De acuerdo al informe de auditoría de la Contraloría, se encontró la “materialización del riesgo de incidentes operacionales por falta de aplicación de un plan de integridad y confiabilidad del pozo (…)” además de “debilidades en la labor de fiscalización por parte de la ANH, durante el período de dos años que permaneció en suspensión”. Según un informe de la misma Contraloría dos años antes, citado por El Tiempo, se advertía que Ecopetrol no cumplió con las normas de abandono, según ellos, porque “no tenía el presupuesto para cumplir con esas actividades”, lo que para la Contraloría “denota falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental”.
El pozo Nutria 14, de Ecopetrol, se localiza en zona rural de San Vicente de Chucurí, en medio de una finca dedicada a la producción agropecuaria. Fue perforado y puesto en producción en 1985, y debido a una serie de inconvenientes, como problemas de integridad mecánica, se dejó inactivo en marzo de 2010. Los procedimientos de abandono de pozos están reglamentados por el Artículo 5 de la Resolución 4 0048 del 16 enero del 2015, donde se establece que deberán seguirse “en el evento en que un pozo permanezca inactivo por más de seis meses sin justificación”. En denuncias hechas desde 2016 por la familia campesina dueña del predio, apoyadas por la organización CRY-GEAM, se advierte de la fuga de gas en el lugar, descrito como “rico en metano, etano, propano, y butano”. Este hecho se pudo además verificar mediante el uso de una cámara térmica por parte de las organizaciones estadounidenses CHRE y Earthworks en 2019. Esta irregularidad, junto a otras en la misma zona del pozo, al parecer, han pasado inadvertidas por funcionarios de Ecopetrol, la ANH y el Ministerio de Minas y Energía. Al día de hoy, el pozo aún no se abandona adecuadamente.
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Las afectaciones ambientales ante la quiebra de la industria del ´fracking´ estadounidense, debería ser otra de las tantas razones para entender la necesidad de la prohibición en Colombia
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La preocupante intensificación de las afectaciones ambientales ante la quiebra de la industria del fracking estadounidense, debería ser otra de las tantas razones para entender la necesidad de la prohibición en Colombia. La misma comisión contratada por el gobierno Duque advierte de la premura de actuar sobre los impactos ambientales no resueltos, que, como observamos, está lejos de ser afrontada por la industria petrolera con la responsabilidad requerida, mucho más hoy, en medio de la urgencia de enfrentar la crisis climática y sus efectos en nuestros territorios. Según la ANH, citada en el documento del incidente de desacato al decreto de los pilotos interpuesto por la Alianza Colombia Libre de Fracking junto a un grupo de congresistas, en los últimos 3 años en los campos Lizama, La Cira-Infantas y la Rompida ubicados en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cantagallo y Yondó, se han reportado cerca de 366 contingencias relacionadas con derrames de crudo y fugas, asociadas con pozos abandonados inadecuadamente. Referencian además que en dichos campos hay 589 pozos con fechas de inactividad desde la década de 1930, y 2.307 pozos abandonados: fuentes generadoras de riesgo para comunidades y ecosistemas en el área de influencia de los pilotos. Salvaguardar el patrimonio ambiental de la nación y proteger la salud de las comunidades es el mandato fundamental de todo gobierno, ¿qué esperará el actual para hacerlo respetar, tal como lo prometió en campaña?
