+El 31 de marzo de 2015, la Agencia Nacional de Minería, expidió las resoluciones 000532, 000533, 000534 y 000535 mediante las cuales niega un recurso de resposición presentado por la Federación Agrominera del sur de Bolívar contra cuatro resoluciones emitidas el 17 de julio de 2013 mediante las cuales rechazó 4 solicitudes de legalización de minería de hecho presentada por Fedeagromisbol en junio de 2004. La notificación de esas resoluciones se efectuó el día 15 de abril de 2015.
Las solicitudes presentadas por Fedeagromisbol en 2004 se presentaron en el marco del programa de legalización de minería de hecho que el Ministerio de Minas y Fedeagromisbol acordaron para que los pequeños mineros de la región legalizaran su actividad minera, teniendo en cuenta que a esa fecha los pequeños mineros que trabajan en las áreas despojadas llevaban entre 15 y 20 años de labores de pequeña minería.
Estas áreas venían siendo disputadas desde años atrás por miembros de la Familia Illera Palacio quienes reclamaban esas áreas como de su propiedad y para su reclamación estaban siendo representados por la abogada Luisa Fernanda Aramburu (que posteriormente fue apoderada de la transnacional minera Anglogold Ashanti). Ese litigio fue resuelto por el Ministerio de Minas a favor de los pequeños mineros de la región el 1 de junio de 2004.
En vista de que resuelto el litigio las áreas se declararon libres, el Ministerio de Minas ordenó a la Secretaría de Minas de Bolívar que si los pequeños mineros del sur de Bolívar reunían los requisitos, se procediera a elaborar los respectivos contratos de concesión a favor de Fedegromisbol y los remitiera a la autoridad competente para su respectivo registro.
Fedeagromisbol realizó todos los trámites pertinentes para que se le concedieran y firmaran los contratos de concesión, entre ellos lograr que con dineros del estado se elaboraran los Programas de Trabajos y Obras y los Planes de Manejo Ambiental, los que fueron aprobados obteniendo así las respectivas licencias ambientales.
Habiendo cumplido con los requerimientos de la autoridad minera, en tres ocasiones se elaboraron las minutas de los contratos de concesión entre la gobernación de Bolívar (que para la época era la delegada como autoridad minera para la región) y Fedeagromisbol. Ninguno de los contratos fue firmado por los diferentes gobernadores del departamento a los que se presentaron sin que dieran ningún tipo de explicación para la negativa a formalizar la adjudicación de los contratos a Fedeagromisbol.
Once años después de iniciado este trámite por parte de Fedeagromsibol y de cumplir con todos los requisitos exigidos por la autoridad minera, la Agencia Nacional de Minería, decide, con argumentos totalmente absurdos y mediante lo que se pudiera llamar una burda leguleyada, arrebatar 3.322 hectáreas del territorio de los pobladores del sur de Bolívar negándoles a los pequeños mineros que viven y trabajan allí su derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio.
El argumento esgrimido por la ANM para su decisión es que al momento en que Fedeagromisbol presentó su solicitud aún no estaba en firme la decisión del Ministerio de Minas de negar las pretensiones de la familia Illera Palacio. Y el otro, para una de las solicitudes rechazadas es que ésta supuestamente había sido solicitada con anterioridad por la abogada Luisa Fernanda Aramburu apoderada del señor Rafael Alfonso Roa que ha sido alto ejecutivo de Anglogold Ashanti, Billiton PLC y TVX Gold. Los solicitantes desistieron de su pretensión en 2007.
Con esos dos argumentos, que dejaron de ser válidos hace varios años, la Agencia Nacional de Minería “sustenta en derecho” su decisión de despojar de una importante porción de su territorio a los pobladores del sur de Bolívar.
Tenemos la certeza que este despojo hace parte de una estrategia renovada para favorecer a quienes desde hace muchos años están interesados en apropiarse del territorio para explotar sus recursos naturales, situación que desde el proceso organizativo de la región hemos denunciado permanentemente y contra la cual nos hemos movilizado durante más de 20 años.
También hemos abierto todos los espacios de diálogo con el gobierno nacional para construir alternativas diferentes al despojo por parte de los grandes capitales mineros, y en este momento está programada para los días 19 y 20 de mayo una reunión de la Mesa de Interlocución entre las comunidades del sur de Bolívar y el gobierno nacional para seguir discutiendo el tema de la pequeña minería en la región. Sin embargo la decisión de despojo de la ANM muestra una vez más la falta de voluntad del gobierno nacional para respetar los acuerdos con las comunidades.
