Siempre que ocurren tragedias en Colombia, resultan ser “anunciadas”, por la omisión de quienes tienen que responder, se pierden vidas, en lo que llaman “accidentes”, que son un reflejo de la falta de control y responsabilidad, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes.
Todos lloramos con los niños y niñas de Fundación, Magdalena, quienes murieron por culpa de tantos que dejaron de hacer su trabajo. ¿Quienes pagaron por ello? El conductor, pero los directos responsables cómo la alcaldía o la secretaría de tránsito del municipio “pasaron de agache”.
Otra tragedia: La avalancha que provocó inundaciones y una incomprensible tragedia en Salgar, Antioquia. Ya su plan de desarrollo demandaba atención en ese aspecto, pero ninguna autoridad tomó cartas en el asunto. ¿Quién paga por esto?
¿Quién le responde a los cientos de huérfanos de esta tragedia, que a propósito ya no ocupa la agenda de los medios de comunicación.
Como si fuera poco lo de Fundación, Salgar, y otras tantas historias de dolor, donde infortunadamente las principales víctimas son los niños. Hace ocho meses, en una salida académica, María Camila Velándia Prieto, una adolescente, falleció ahogada en medio de la oscuridad y la fuerza del río más grande y caudaloso del mundo; el río Amazonas, cuando la lancha en la que se transportaba impactó con otra de origen peruano, en el marco de muchas irregularidades.
María Camila estudiaba en The English School, un colegio de clase alta de la capital colombiana, allí en ese mismo colegio aparentemente estudia un hijo del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y quien tiene el deber constitucional de representar a esta adolescente y a sus padres como posibles víctimas en el proceso penal que se sigue por estos hechos en esa región selvática del país.
El contralmirante Flórez de la Armada Nacional de Colombia, dijo que “los menores tenían chaleco salvavidas; de lo contrario, estaríamos hablando de una tragedia mayor, porque la mayoría de ellos no sabían nadar y el accidente se dio en una zona difícil”.
Me pregunto: ¿Cómo se atreve una empresa o un colegio a llevar un grupo de muchachos al río más caudaloso del mundo, sin saber nadar y sin un plan de contingencia para prevenir justamente una tragedia cómo éstas? ¡Y es que no iban de excursión! No. Iban a prestar servicio social a esa zona.
Tener seguridad que nuestros hijos estarán bien, preocupación que todos los que somos padres y madres tenemos, ¿no la brinda un colegio del nivel del The English School? Tengamos algo claro; allí no se pagan 100 mil pesos de pensión. Es un colegio de gente pudiente.
¿The English School contrata esa salida académica con una empresa llamada Bluefields sin una garantía de protección, de responsabilidad?
¿Bluefields sigue campante ofreciendo éste tipo de viajes en su página web, sin ningún tipo de sanción?
Cuando los jóvenes vivieron la tragedia, hasta su atención fue en una completa precariedad, nada, absolutamente nada se planeó de forma responsable porque al parecer The English ni siquiera se cercioró de las condiciones en que estos menores irían hasta el Amazonas.
¿Bluefields atiende a sus viajeros de ésta forma y el país lo permite? ¿Nos contará The English si los niños fueron o no sacados del país sin cumplir las normas de inmigración y sin permiso expreso de sus padres?
¿Quiénes son los protagonistas?
La familia Velándia Prieto que ha emprendido una batalla casi titánica contra la justicia que no llega; Bluefields, la empresa contratada por el colegio The English School y la empresa Transportes Amazonicos que transportó esa madrugada, hora prohibida, a estos niños y con esta última empresa un hombre que ha salido a relucir como el máximo responsable de estos hechos; Ever Sinaragua Solano, el lanchero.
La Fiscalía pretende imputarle a Sinaragua el delito de homicidio culposo. Sí, culposo porque según el ente acusador no hay dolo ni siquiera cuando había llovido la noche anterior, según relatan quienes iban la lancha que fue envestida, porque junto con ella otras, iban a velocidad excesiva y zarparon a las 3:00 a.m. cuando sabían que era prohibido.
Esta primera decisión, que se conoce luego de ocho meses de silencio de la Fiscalía y por aparente presión mediática, conllevará seguramente a que este hombre sea condenado, pero ¿la empresa que lo contrató no es responsable? ¿El Colegio pretende evadir una directa responsabilidad que adquiere cuando decide llevar a los menores al Amazonas en una salida académica? Porque insisto, fue una salida académica.
¿Qué pasará con The English School, Bluefilds y Transportes Amazonicos? Lo común; en esta tragedia también pagará el de abajo, el lanchero Sinaragua que esa noche, según el relato escabroso de los niños, a las 3:00 a.m. con una mano conducía la embarcación, y con la otra capoteaba la oscuridad del Amazonas con una linterna para permitirse algo de visibilidad. Aquí tampoco hay dolo. ¿Qué linterna habrá usado?
Es hora que en Colombia la justicia empiece a sancionar a quienes en sus manos manejan vidas, no podemos ver más tragedias anunciadas, en el caso de María Camila, el colegio y la empresa de turismo deben tener la misma o mayor responsabilidad penal que el conductor, quién finalmente solo sigue órdenes de quienes le pagan tres pesos por su trabajo, pero cobran la “suma gruesa” de lo que pueden llegar a costar estos viajes, más allá de las vidas.
Claudia Quintero
Defensora DDHH
