Son ocho mil las personas amenazadas en Colombia cuya seguridad está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Una institución que nació hace 4 años por iniciativa de Germán Vargas Lleras cuando se desempeñó como ministro del Interior a comienzos del primer gobierno Santos. Ha tenido también la impronta de Cambio Radical y a su cabeza ha estado un único director: Andrés Villamizar Pachón, quien llegó con credenciales académicas pero también con el respaldo de su primo Carlos Fernando Galán y el senador Germán Varón Cotrino, ambos de las entrañas de Vargas Lleras.
Con solo un par de meses de diferencia llegó a la Secretaría General de la recién creada entidad Julián Marulanda, también de Cambio Radical y apoyado no solo por el entonces ministro Vargas Lleras sino por su hermano Enrique Vargas, de quien fue socio en una oficina de abogados. Tenía el perfil con el que Villamizar armó su equipo directivo: del combo de Cambio Radical o con alguna cercanía a Juan Manuel Santos con quien Villamizar había trabajado en el Ministerio de Defensa.
La Unidad, que debió absorber unos cuantos funcionarios del liquidado DAS, inició su tarea de protección con un mega contrato por $140.000 millones con la firma Vise Ltda. la misma que prestaba servicios de seguridad en el Ministerio del Interior a donde llegó por intermediación del entonces superintendente de vigilancia Hernán Sanín Posada, quien fuera asesor de la firma igual que el exdirector del DAS, Felipe Muñoz.
Vise nació como una empresa del Grupo Santo Domingo pero pasó a manos de los hermanos Jesús Hernando Acosta Martínez y Olga Marina Acosta Martínez, convirtiéndose en un verdadero emporio de seguridad privada que está a cargo de la seguridad de la mayoría de entidades del estado y las grandes empresas privadas.
Este mega contrato de adjudicación directa generó polémica dentro de la Unidad y uno de los más incómodos fue el secretario general Julián Marulanda junto a su segundo Luis Eduardo Molino y a Carlos Bermúdez Cuchimaque, un ex funcionario del DAS, que terminaron apartados de los procesos de contratación. Aunque guardaban las apariencias de cordialidad, desde entonces se creó una fricción entre Villamizar y Marulanda. Cada quien hacia su trabajo, el director más de cara hacia afuera y el secretario general cuidando la ejecución de una parte del presupuesto, pero manteniendo la distancia.
El sindicato también mantuvo las alarmas prendidas frente a las alertas de corrupción y frente al contrato con Vise que fue en aumento por cuenta de las adiciones bajo la modalidad de urgencia manifiesta. Llegaron las denuncias anónimas, de las que no faltó quien señalara como autor a Marulanda. Cuestionaban los sobrecostos de otros contratos como el de adecuaciones del edificio de la calle 26, obra contratada a Alonso Miranda, uno de los hombres de confianza de Villamizar, quien también vinculó a la empresa Net Logystic para la supervisión de los contratos y la implementación del software administrativo que también tuvo problemas. Sin embargo el director terminó bien librado de cara a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría donde nunca prosperaron las investigaciones en su contra.
Vise aspiraba continuar con el contrato. Sin embargo aparecieron las objeciones técnicas: mala calidad en los servicios, así como la de los vehículos y chalecos antibalas que le suministraban a la Unidad de Protección. A pesar de que su competencia, la empresa Prosegur, pasó la prueba el concurso de selección, el proceso fue declarado desierto. Coincidencialmente, uno de los evaluadores fue Germán Escobar, un amigo de confianza de Villamizar, que apareció muerto de un disparo en su apartamento. La Unidad emitió un comunicado oficial en julio de 2012 en donde registraba el episodio como un suicidio accidental producto de un problema de sentimental.
Andrés Villamizar junto a su amigo de toda la vida Rafael Merchán.
La desconfianza de Villamizar hacia Marulanda fue en aumento. Cocinó cuál debía ser la mejor salida para Marulanda y decidió reventar el escándalo en los medios de comunicación. De la mano de su amigo Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia, denunció la existencia de una red de corrupción en la entidad que él había dirigido desde el día cero y donde no se movía una hoja sin su visto bueno. Todo apuntaba a que el cerebro era el segundo a bordo, Julián Marulanda. Sin que haya claridad de los hechos en la opinión publica si quedó un mal sabor.
El primer golpe fue el 25 de agosto con la captura por agentes del CTI de la Fiscalía a Luis Eduardo Molino, el hombre de confianza de Marulanda. Fue detenido infraganti cuando recibía un soborno de 10 millones de pesos de Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien después de haber sido colega de los tres en la Unidad se había retirado y distanciado de Villamizar, para pasar a trabajar a Protección 33, empresa que le suministra servicios a la Unidad y protagonista del soborno descubierto por a Fiscalía.
Marulanda reaccionó a la captura llamando a su jefe, pero desde entonces Villamizar no volvió a responderle al teléfono. Las puertas de su oficina fueron bloqueadas y le impidieron retirar sus pertenencias. Todo indicaba que Andrés Villamizar estaba inculpando a Marulanda por la actuación de su subalterno.
Ese día, la nueva mano derecha de Villamizar, Alonzo Miranda, mandó a desocupar el edificio, tiempo antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para recolectar las pruebas según cuentan empleados y exfuncionarios de la UNP que estuvieron presentes esa tarde.
La captura de Luis Eduardo Molino estuvo acompañada de una grabación que probablemente filtró la Fiscalía ya que forma parte del expediente, en la que aparece Marulanda hablando de "fajos de billetes" y de "entregas de dinero". Las2Orillas tuvo acceso a la grabación completa que según Marulanda fue grabada por el propio Carlos Cuchimaque como parte de una trampa que le tendió para colaborar con la Fiscalía.
La grabación dura una hora y sucede en el apartamento de la novia de Marulanda donde se reunieron varios funcionarios de la Unidad. Según Marulanda, cuando hablan de los "fajos de billetes" se refieren a una broma recordando que a Cuchimaque le decían "el rey del cosquilleo" ya que cuando trabajó como cajero, se hizo experto en contar fajos de dinero, sacando uno o dos billetes. Insiste en que se trata de una grabación descontextualizada y que es la única prueba que según él existe en su contra.
Marulanda salió del país huyendo de una inminente orden de captura porque no siente garantías para su defensa que será liderada por el avezado penalista Iván Cancino. Sobre él recae un pedido de extradición, a pesar de no haber sido condenado.
Villamizar no atraviesa por un momento fácil. Después de una agitada semana en que tuvo que responder a por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien se le había retirado su esquema de seguridad a pesar de las amenazas de había en su contra, y de que ya se hablara de su salida de la dirección para la que ya estaba listo el viceministro Juan Camilo Restrepo, estalló el escándalo que le salvó el puesto a Villamizar. Sin embargo, ahora los llamados de alerta y anuncios de recortes de esquemas de seguridad por la falta de $70 mil millones de presupuesto, se han visto empañados por este escándalo de corrupción.
Con la última persona que habló Marulanda antes de entrar a la clandestinidad y llevarse muchos de los secretos, fue con el ministro Aurelio Iragorri, con quien en algún momento planeó poder trabajar, y quien según él, sólo le deseó suerte en su defensa y que ojalá pudiera demostrar su inocencia.
Marulanda aduce que existe una persecución en su contra que tendría origen en una animadversión personal de Andrés Villamizar por haberse enterado que mantenía relación con Carlos Cuchimaque y por las denuncias que dice haber presentado previamente de otros casos de corrupción y que terminaron engavetadas.
Los cuatro operadores, Siglo XXI, Sevicol, Blin Security-GMW y Protección 33, tienen vencidos sus contratos y están en una especie de standby mientras se despejan los señalamientos que recaen sobre estas asociadas a posibles sobornos. De ser así, solo quedaría para prestar los servicios de seguridad Vise, en cuanto se trata de un sector muy especializado donde no son muchos los oferentes. El abogado Iván Cancino estaría buscando un eventual acercamiento a la Fiscalía para asegurar el regreso de Marulanda en buenas condiciones para su defensa, porque sin duda es mucho lo que tiene que contar.
